La Fiscalía rechaza la denuncia del primer ministro marroquí contra el periodista español Ignacio Cembrero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó, el pasado 17 de junio, la denuncia que puso el primer ministro de Marruecos, Abdelilah Benkirane, contra el anterior director de ‘El País’, Javier Moreno, y el periodista Ignacio Cembrero,  autor del blog Orilla Sur,  alojado en la web del citado diario madrileño. Según indicaron fuentes judiciales, la decisión de la Fiscalía será comunicado al Gobierno de Rabat en los próximos días a través del Ministerio de Justicia español. El primer ministro marroquí, que es también líder del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), denunció a Ignacio Cembrero, que durante años cubrió la región del Magreb para el  ‘El País’, por enaltecimiento del terrorismo. Cembrero colocó en su blog, el pasado 13 de septiembre, el primer vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) dedicado íntegramente a Marruecos. En la crónica que acompañaba al vídeo, el periodista explicaba que el  documento era propaganda terrorista de la rama magrebí de Al Qaeda,  y destacaba que Marruecos, gracias a la eficacia de sus fuerzas de seguridad y a la solidez y legitimidad de la monarquía,  había sido el país de África del Norte menos golpeado por AQMI. ‘El País’ decidió retirar el vídeo el 17 de septiembre, pero el documento puede verse en otros portales de Internet estadounidenses y occidentales contra los que Benkirane no puso ninguna denuncia. En España, el propio Ministerio del Interior colocó en su web oficial  un vídeo en el que un yihadista español de Ceuta anuncia que se va a inmolar en Siria y después vuela un edificio. Aunque no hay ninguna duda sobre las intenciones estrictamente periodísticas de Cembrero al colgar el vídeo de AQMI en su blog de El País, Benkirane consideró que tenía que denunciar a este profesional ante la justicia española. 

 

Algunos observadores políticos barajan la hipótesis de que la decisión de Benkirane fue una “venganza” contra el periodista español por sus posiciones críticas con el sistema político marroquí. Así las cosas, el primer ministro marroquí eligió como abogado en España a José Luis Sanz Arribas, un polémico letrado que defendió a dos militares implicados en la trama golpista del 23-F, al jefe mafioso italiano Giovanni Greco, extraditado por España a Italia, y al traficante de armas de origen sirio Monzer al-Kasser, extraditado a Estados Unidos. El letrado Sanz Arribas presentó su querella ante el Fiscal General del Estado, un procedimiento legal pero poco usual en España. Tras abrir diligencias de investigación, la Fiscalía consideró que Cembrero no había  cometido ningún delito y archivó el caso. La decisión de la Fiscalía no se puede recurrir. En Marruecos, el periodista independiente Ali Anuzla, director de la web informativa en árabe Lakome, fue detenido el 17 de septiembre de 2013 y encarcelado por haber enlazado un artículo suyo con el blog de Ignacio Cembrero. El juez instructor le acusó de apología, incitación y ayuda material al terrorismo. Por tales delitos, el periodista, que se encuentra en libertad provisional desde el pasado mes de octubre gracias a las presiones que ejerció sobre Rabat el Departamento de Estado norteamericano, podría  ser condenado a 20 años de cárcel. Tres semanas después de que llegara la denuncia a la Audiencia Nacional, la dirección de ‘El País’ decidió suspender a Cembrero de su actividad periodística habitual y lo trasladó a otro sección del diario. La decisión fue interpretada por el periodista y muchos colegas de profesión como una sanción, y algunos medios denunciaron presiones de Marruecos sobre el Ministerio de Justicia español y el diario ‘El País’. Cembrero abandonó el citado periódico hace poco. La denuncia de Marruecos contra ‘El País’ y Cembrero fue recogida por numerosos medios de comunicación en el Magreb y también en Francia (Le Monde, Libération, L’Express, Le Point, AFP), en el Benelux (Le Soir, Volkskrant, L’Essentiel) y en países africanos como Gabón y  Senegal, y algunas webs especializadas de Estados Unidos (Policy Mic y Committe to Protect Journalists) se hicieron eco de este caso.