Francia busca retomar el control de la política migratoria a través de cuotas

El gobierno de Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha anunciado una serie de nuevas medidas migratorias en un intento de apaciguar los ánimos de los franceses sobre uno de los primordiales asuntos nacionales y el principal campo de batalla de la opositora ultraderechista, Marine Le Pen. 

Un comité interministerial sobre la inmigración ha sido el encargado de elaborar el plan, una veintena de propuestas, que incluye que a partir de 2020 Francia fijará cada año, revisables, "cifras cuantitativas o cuotas para la inmigración profesional". Según aseguraron, esas cuotas no serán por nacionalidades sino que los permisos de trabajo a los ciudadanos no europeos se darán en función de las necesidades no cubiertas de mano de obra (en función de los oficios para los que las empresas no encuentran candidatos en Francia).

Según los servicios del desempleo, pese a que Francia tiene una tasa de paro relativamente elevada (8,5 %), hay unos 150.000 puestos de trabajo no cubiertos por falta de profesionales cualificados. Hoy en día, la inmigración profesional o económica, beneficiarios de permisos de trabajo, representa una parte mínima de las entradas regulares de inmigrantes en Francia: el 13 % de los 255.550 permisos de residencia otorgados en 2018. El nuevo sistema de cuotas para la inmigración económica es parecido al existente en Estados Unidos, Canadá o Australia.

Además, con el argumento de  "luchar contra el fraude y los abusos" en el sistema de protección social para los inmigrantes, según el primer ministro, Édouard Philippe, Francia restringirá y endurecerá los controles en algunas de las prestaciones sanitarias para los migrantes en situación irregular y los demandantes de asilo. El objetivo de las nuevas medidas es "retomar el control de nuestra política migratoria", en palabras de Philippe, que en un comparecencia de prensa al término de la reunión interministerial hizo hincapié en que la veintena de medidas anunciadas asienta "un justo equilibrio entre derechos y deberes".

El Ejecutivo ha recibido críticas por parte de ONG's y activistas que aseguran que las anunciadas políticas migratorias son un retroceso, no respetan los derechos humanos, podrían poner en riesgo la salud de personas extranjeras muy vulnerables y se asemejan más a las políticas de Le Pen. Bajo presión para responder a la afluencia de migrantes irregulares y ante el desafío político que supone el partido de Le Pen, Agrupación Nacional (RN), el Gobierno busca reaccionar quitándole argumentos de su discurso antiinmigratorio, la base de su política, a través de un mayor control de la situación migratoria del país.

Una de las medidas que más reacciones en contra ha suscitado entre la izquierda e incluso entre algunos parlamentarios del partido del presidente Macron, que han amenazado con votar en contra, es limitar las prestaciones sanitarias de los que presenten una demanda de asilo durante los primeros tres meses. En ese período solo recibirán atención de carácter urgente para desincentivar a quienes hacen la solicitud por razones médicas, recoge Efe. 

Se endurecerán las verificaciones de los beneficiarios de la llamada Ayuda Médica Estatal (AME) para los migrantes sin papeles, que deberán obtener una autorización médica específica para recibir ciertos tratamientos, como operaciones de cataratas y de rodilla o sesiones de fisioterapeuta. Para las personas que entran en Francia con un visado turístico y se quedan en el país como irregulares, no podrán beneficiarse del AME hasta tres meses después de que haya expirado su visado.

Francia recibió un récord de 122.743 solicitudes de asilo el año pasado, un 22% más que el año anterior. El giro a la derecha del Gobierno de Macron en la política migratoria, alegando escuchar a las preocupaciones de los votantes franceses y en un intento de atraer a los votantes de derecha, se produce con las elecciones presidenciales de 2022 en mente en las que, con mucha probabilidad, su principal rival político será la ultraderechista Le Pen. Ella sabe a la perfección como manejar el discurso contra la migración, sin distinción de que sea regular o irregular, y confía en seguir exprimiéndolo con fines electorales. 

El titular de Interior, Christophe Castaner, indicó el miércoles que de aquí a finales de año se desmantelarán los campamentos de inmigrantes en la periferia noreste de París, donde según las ONG viven al menos 3.000 personas en condiciones insalubres. 

Y no tardó en comenzar a ejecutar el plan. Según recoge EFE, la policía francesa desalojó el jueves a 1.606 migrantes y demandantes de asilo que vivían en dos campamentos insalubres de tiendas de campaña en la periferia noreste de París, una operación a la que deberían suceder otras similares en las próximas semanas. La cifra la dio el prefecto de Policía, Didier Lallement, que en declaraciones a la prensa reconoció que fue una evacuación de una amplitud inédita hasta ahora en París.

Alrededor de 600 agentes de las fuerzas del orden, además de personal de los servicios sociales, participaron esta mañana en el desmantelamiento de estos dos campamentos, que se encontraban en las proximidades de la Puerta de la Chapelle, entre París y la ciudad de Saint Denis. Todas esas personas fueron conducidas en autobuses a gimnasios de toda la región parisina para ser alojados y para que se puedan tratar sus casos personalmente.

Según el ministro del Interior, Christophe Castaner, entre esas personas hay demandantes de asilo, personas a las que se ha concedido el estatuto de refugiado pero también otras a las que se les ha rechazado su solicitud y otros sin papeles. Para este último grupo de personas sin documentación, Castaner dijo en una entrevista a la emisora "France Info" que se pondrán en marcha los procedimientos para su expulsión.

Quedan otros campamentos todavía en pie en esa zona del noreste de París, sobre todo en la Puerta de Aubervilliers, y muy particularmente el que se conoce como "la colina del crack", donde viven en buena medida toxicómanos. El titular de Interior y el prefecto señalaron que se procederá también a su evacuación en las próximas semanas, cuando los servicios médicos dispongan de plazas adecuadas para acogerlos. Lallement insistió en que habrá rondas policiales diarias en los lugares donde estaban instalados los dos campamentos ahora desmantelados para que no se vuelvan a crear otros.