La crisis del coronavirus pone en peligro la libertad de prensa en Europa

La pandemia global por el COVID-19 está acarreando consecuencias en muchos frentes. La situación de excepcionalidad que atraviesan muchos países del mundo ocasiona que las administraciones públicas estén adoptando paquetes de medidas muy restrictivos en aspectos como el movimiento de los ciudadanos o la actividad de las empresas.

Sin embargo, algunos gobiernos están aprovechando la situación actual para introducir medidas que lesionan seriamente el derecho de los periodistas a informar acerca del desarrollo de la crisis. Del mismo modo, el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz también se ve dañado. La Asociación de Periodistas Europeos (APE), en conjunto con otras entidades de representación de los trabajadores de la prensa a nivel continental, ha enviado una carta a los principales líderes comunitarios y del Consejo de Europa para alertar de esta circunstancia.

El escrito, en concreto, se dirige a Ursula von der Leyen, Charles Michel y David María Sassoli, presidentes, respectivamente, de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Asimismo, está previsto que la misiva sea enviada a la secretaria general del Consejo de Europa, la croata Marija Pejcinovic Buric. Además de la APE, la firman, entre otros, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Centro Europeo para la libertad de Prensa y Medios (ECPMF, por sus siglas en inglés).

En el texto, las asociaciones de prensa citan, concretamente, al Ejecutivo de Hungría del partido ultraderechista Fidész. El Gobierno presidido por Viktor Orbán está tramitando actualmente una ley que permitirá imponer penas de hasta cinco años de prisión a aquellos que publiquen noticias falsas acerca de la crisis del coronavirus y su gestión. No obstante, esta premisa va mucho más allá de un esfuerzo para luchar contra la desinformación.

Más bien, a lo largo de los últimos años, el Gobierno de Hungría ha tildado de ‘fake news’ buena parte de las publicaciones de prensa independientes que se muestran críticas en su línea editorial contra la deriva totalitaria del primer ministro. Es de suponer, por tanto, que la maniobra de Budapest no sea sino una artimaña legal para continuar minando la capacidad de trabajar libremente de los periodistas en el país.

“Si se aprueba, está nueva ley otorgaría al Gobierno húngaro un instrumento conveniente para amenazar a los periodistas y abocarlos hacia la autocensura. Tememos que sea un paso hacia la completa represión de la libertad de prensa en Hungría que podría prolongarse más allá de la pandemia”, reza el comunicado.

Igualmente, la carta cita a otros dos países de la Unión Europea, República Checa y Eslovenia, como dos ejemplos de administraciones que han limitado de manera drástica el acceso de los profesionales de los medios a las ruedas de prensa de altos cargos. Además, se muestra una cierta preocupación por el desarrollo de las aplicaciones para monitorizar la expansión del virus: “Si bien entendemos los potenciales beneficios, el empleo de vigilancia debe tener una supervisión adecuada. […] Una vigilancia sin control pone en peligro los derechos a la privacidad y a la protección de datos, mientras que la capacidad de los periodistas de proteger a sus fuentes se ve menoscabada”. 

“En un periodo en el que los derechos fundamentales de los ciudadanos están siendo suspendidos alrededor de Europa, la necesidad de un escrutinio mediático para asegurar que no se cometan abusos de estos nuevos poderes es más fuerte que nunca”, apostilla el texto. 

Las asociaciones de periodistas piden a las instituciones europeas que se declare el periodismo y los flujos de información libres como esenciales para el esfuerzo europeo de contener la pandemia de COVID-19. Además, se les demanda que expresen claramente su rechazo a las medidas restrictivas llevadas a cabo por el Gobierno de Hungría con el pretexto de la pandemia, así como que hagan un llamamiento a los diferentes ejecutivos para que se asegure el pleno acceso de los profesionales de la prensa a los cargos relevantes en sus comparecencias públicas.

Hungría no es, ni mucho menos, el primer país en aprobar leyes que castigan duramente a los periodistas en el transcurso de esta crisis. Turquía -que forma parte del Consejo de Europa- detuvo hace dos semanas a 19 personas por, presuntamente, difundir en distintas redes sociales “publicaciones infundadas y provocativas” sobre el COVID-19. En realidad, lo que manifestaban esos usuarios es que el virus se había extendido sin que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan hubiese tomado las medidas necesarias para evitarlo.