La Audiencia Nacional seguirá investigando las violaciones de los derechos humanos en el conflicto saharaui

 

El conflicto del Sáhara occidental, que opone a Marruecos y el Frente Polisario apoyado por Argelia, ha causado mucho sufrimiento en ambas partes. Miles de personas han muerto, han acabado en la cárcel o en presidios en el desierto, han sufrido torturas y malos tratos, o han desaparecido. La existencia de fosas comunes en el Sáhara occidental y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Sáhara argelino) son un ejemplo de la brutalidad del conflicto. Nadie está libre de pecados, ni Marruecos, ni el Polisario, ni Argelia. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz lleva tiempo investigando dos causas por crímenes en el Sáhara occidental que mantiene abiertas en su juzgado pese a la reforma de la justicia universal por considerar que los hechos se cometieron en lo que entonces era territorio español. En un caso rechaza archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes y en otro mantiene abierta la investigación por genocidio planteada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) contra 28 dirigentes del Frente Polisario y varios generales argelinos.  En el primero de estos autos, el juez central de instrucción número 5 acuerda continuar con el procedimiento puesto que, tal y como informó el Ministerio Fiscal, los hechos se cometieron “en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión, tal y como se deriva de la legalidad y jurisprudencia nacional e internacional”. Según el juez Ruz, los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sáhara Occidental era provincia española, “en concreto entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976 debiendo también asumirse la competencia de los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las Autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores”.  

 

Sobre la querella por genocidio presentada por la ASADEH,  el magistrado entiende igualmente en este caso que los hechos se habrían cometido “en territorio que a todos los efectos debe tener la consideración de español en el momento de la comisión de aquéllos”, por lo que insiste en la “improcedencia del sobreseimiento de las actuaciones” a que se refiere la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ambas resoluciones son coincidentes con la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional,  porque este organismo piensa que  “tanto a nivel formal como jurídico, al Sáhara español se le consideraba como una provincia española”. Así las cosas, esta semana, varios testigos del Polisario declararon ante la Audiencia Nacional sobre el caso de la fosa común descubierta por un grupo de investigadores vascos en septiembre de 2013 en territorio saharaui. La fosa data del año 1976, en plena guerra entre el  Polisario y Marruecos, y en ella fueron enterrados ocho saharauis presuntamente asesinados por militares marroquíes. Es lo que sostienen grupos pro derechos humanos afines al Polisario en España. Uno de los testigos, Abba Ali Said Daf, tras salir de la Audiencia Nacional, aseguró a los medios que había presenciado la ejecución  de los saharauis y denunció “el exterminio de mi pueblo” por Marruecos. Los medios marroquíes protestaron por estas declaraciones y afirmaron que son “una operación de comunicación a favor del Polisario”. Además de la denuncia de ASADEH contra la cúpula del Polisario, un exdetenido en los campos de Tinduf, Dahi Aguai, acusó a los dirigentes del movimiento independentista de haber practicado torturas entre 1976 y 1986.