La «segunda ola» progresista en América Latina: ¿unidad o fragmentación?

Este documento es copia del original que ha sido publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el siguiente enlace.

El trabajo analiza el mapa actual de la izquierda en los marcos de la gobernanza en América Latina. En este sentido, describe la fragmentación de estas fuerzas políticas y cómo impacta en los programas políticos y geopolíticos. Con referencia al denominado primer ciclo progresista, en los marcos del socialismo del siglo XXI, se compara las similitudes y diferencias con la etapa actual de los procesos políticos identificados como izquierda. En este orden, se argumentan los obstáculos existentes para superar sus divergencias y alcanzar posiciones comunes a nivel regional. Esta realidad incide a su vez en la incapacidad para relanzar foros y esquemas de concertación regionales que permitan actuar a América Latina como un bloque frente a otros actores internacionales.

Introducción

La crisis de la pandemia del coronavirus tuvo un impacto nefasto en la situación política, económica y social en América Latina. Profundizó en los serios problemas estructurales de la región en materia social y económica. Esto ha tenido una incidencia directa en la gobernabilidad del continente, y ha contribuido al proceso de reconfiguración de un nuevo mapa político. Esta realidad ha permitido una correlación de fuerzas políticas en la titularidad del poder político con una clara inclinación hacia la izquierda, ya sea por una autoidentificación como tal, o porque así se definen en los análisis politológicos. Aunque estas terminologías simplifican en extremos las verdaderas complejidades políticas de estos Estados —del mismo modo que los términos de gobiernos democráticos o autoritarios—, asumimos en la explicación que sigue algunas de estas terminologías por su carácter referencial, y para sistematizar tendencias y corrientes en la política interna y exterior en los marcos de una gran diversidad.

Este panorama político actual en América Latina, que invita a la idea de una «segunda ola progresista» en el siglo XXI, se caracteriza por gobiernos que no comparten los mismos perfiles ideológicos y programas políticos, y tienen puntos de desencuentros en sus relaciones bilaterales y en las distintas cosmovisiones de política exterior que asumen cada uno. Esta realidad puede encontrarse con el triunfo electoral en distintos Estados: López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, y Xiomara Castro en Honduras. A ello se suma otro tipo de izquierda, con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El período identificado como la «primera ola progresista» en América Latina, en el marco de un «socialismo del siglo XXI», con Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, junto a otros como Fernando Lugo en Paraguay, Tabaré Vásquez o José Mujica en Uruguay, entre otros, se llegó a ciertos consensos en política exterior con tintes inéditos en la historia reciente. Se definió por algunos rasgos: construcción de posiciones comunes en la agenda internacional de la región; concertación de alianzas y asunción de un liderazgo hacia una fase renovada en el proceso   de   integración   regional,   que   se   definió   «regionalismo   posliberal», «regionalismo posneoliberal» o «poshegemónico», con enfoque más allá de lo estrictamente económico1; posiciones de no exclusión en dos direcciones: para aceptar una convivencia con países como Cuba en foros y mecanismos de concertación internacionales, y a su vez, para sumar desde la perspectiva bolivariana a todos los Estados, aun con gobiernos en asintonía ideológica, o con una política exterior que tenía a Estados Unidos y Canadá entre sus prioridades (cuyo ejemplo elocuente lo fue la Comunidad de Estados latinoamericanos); entre otras particularidades.

Fueron procesos, no obstante, con algunas marcadas diferencias. El contexto interno, las particularidades históricas y políticas de los distintos partidos gobernantes, las proyecciones personales de algunos de sus líderes, el diseño político y normativo estatal, estaban en la base de ello. No fue posible asimilar en toda su extensión el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y de José Mujica en Uruguay, por ejemplo, con la izquierda identificada con Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Y dentro de estos últimos, aunque se enrumbaron a transformaciones del aparato político estatal en los marcos del llamado «nuevo constitucionalismo», con orientaciones bien definidas en materia de derechos indígenas, reelección presidencial, etc., no es correcto asumir una similitud exacta en cómo gestionaron su capital político, en la comprensión del funcionamiento económico (por ejemplo, en el grado de intervención del Estado), entre otros.

Esta llamada «segunda ola progresista» tiene notables diferencias con aquella primera2. Es una comparación inevitable, sobre todo porque forma parte de un discurso legitimador del presente —o de impugnación— entre las diversas fuerzas políticas en el concierto latinoamericano: para un lado de las fuerzas de izquierda, la apelación a una continuidad con el ciclo anterior intenta rescatar a nivel discursivo la imagen de unidad en las proyecciones geopolítica, el alineamiento en torno a ejes ideológicos, y la revitalización de esferas de integración. La objeción a esta idea presenta tintes más realistas sobre las verdaderas características de este nuevo ciclo, y ello se devela notablemente por las marcadas diferencias ideológicas y geopolíticas entre las diversas fuerzas políticas que ostentan la titularidad del poder político en las sociedades latinoamericanas.

Posiciones divergentes, aturdimiento e incoherencias

La nueva izquierda latinoamericana viene lastrada de su interior por su heterogeneidad y desconciertos programáticos. En este panorama es posible identificar tres ejes concéntricos o tendencias en política exterior: una izquierda radical-revolucionaria, conformada por Cuba, Venezuela y Nicaragua, caracterizada por acusados déficits democráticos, una política exterior de abierta confrontación con el intervencionismo histórico (antiimperialista), y por una negación del sistema interamericano a la vez que se privilegia una esfera latinoamericana y caribeña; una izquierda radical-democrática, con el gobierno de Gabriel Boric en Chile, que intenta marcar distancia de la izquierda tradicional, con una agenda que se focaliza en la democratización de la sociedad y en la preocupación por los derechos humanos, en la atención de las demandas feministas y ecologistas, y en las necesarias políticas de equidad social, que proyecta a la vez en su orientación internacional3; y una izquierda democrática con relativismos en su política exterior, que, en mayor o menor medida, se caracteriza por un alto pragmatismo, rozando en incoherencias y veleidades de cara al exterior, y que es fácilmente detectable por sus posicionamientos en materia de democracia y derechos humanos con respecto a Estados con posibles impactos negativos en estos campos.

En este último eje se puede situar los gobiernos de México, Argentina, Colombia, Perú, Honduras y Brasil. En el caso de López Obrador, evita condenas explícitas a gobiernos como el venezolano y el nicaragüense y es en extremo ambiguo cuando ambiciona superar el sistema interamericano por un modelo que no excluye a Estados Unidos y a Canadá, a la vez que estrecha relaciones con estos últimos países. De hecho, existe cierta coincidencia en la posición contradictoria entre la imagen de revolucionario radical de izquierda —por sus acercamientos a Cuba, Venezuela y Nicaragua—, y su verticalidad en afianzar sus relaciones con el vecino Estados Unidos en distintos temas4, como demuestra su negociación sobre política migratoria (que difícilmente puede ser compatible con la otra imagen que proyecta). También se puede situar en esta tendencia al gobierno de Alberto Fernández que apuesta por un discurso de política exterior, inter alia, de respeto a la democracia y los derechos humanos, pero que combina con la no confrontación abierta con los Estados de la izquierda radical-revolucionaria. De esta forma se ha definido su ductilidad en el tablero internacional con respecto a gobiernos de varios signos ideológicos como una «diplomacia elástica y ambivalente»5.

Por su parte, el gobierno hondureño de Xiomara Castro en Honduras se ha definido como
«un gobierno de izquierda moderada, hasta ahora confinada en el plano discursivo», carente de «un programa ideológico definido y coherente»6. En el caso de Pedro Castillo en Perú, durante su período primó el desconcierto en su programa político e ideológico, algo que se hizo sentir desde la campaña presidencial y se acentuó durante el período de su presidencia7. En su política exterior, algo desorientada en ocasiones, se posicionó en ocasiones en contra de la izquierda radical revolucionaria, pero sin asumir una actitud militante.

En el caso de Gustavo Petro, su victoria electoral estuvo precedida de varias demandas en el panorama político colombiano, como cuestiones relacionadas con el «feminismo, antirracismo, pensiones, modelo de salud, cuidado del agua y el medio ambiente, limitaciones del modelo extractivista, justicia fiscal, propiedad de la tierra y soberanía alimentaria»8. En política exterior la apuesta se ubica por no excluir a ningún Estado americano en el diálogo, por medio del cual intenta vigorizar las relaciones con países como Venezuela y Cuba, mientras que tiene tímidos reproches a medidas tomadas por gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Por otro lado, en un frágil equilibrio, estrecha sus relaciones con Estados Unidos, a la vez que incorpora en su agenda internacional la debatida «transición energética»9.

En el caso de Lula en Brasil, en un contexto de reversión de las políticas de Jair Bolsonaro10, en lo exterior entiende necesario superar el aislamiento, así como «mantener la autonomía frente a las potencias, privilegiar el multilateralismo, desempeñar un alto perfil en los regímenes y organismos internacionales e impulsar la integración regional, poniendo el foco en Argentina como aliado estratégico y socio principal del Mercado Común del Sur (Mercosur)»11. Es muy probable que, en su relación con los países de la izquierda radical-revolucionaria, asuma en los meses que vienen una postura similar a la mantenida por su homólogo argentino, con una fuerte dosis de pragmatismo.

Altos componentes de realismo entonces, conjugado con conciencia de la inviabilidad de programas de radicalización en la política y en lo económico —que en no pocos casos derivó en procesos con orientaciones autoritarias—, y la necesidad de brindar un programa no repetitivo de los déficit e incapacidad de la izquierda interior, están en la base, inter alia, de una izquierda presentada con otro rostro. En buena medida, no fue provechoso para la izquierda el escoramiento progresivo del proyecto chavista, símbolo latinoamericano de aquel primer ciclo, hacia una izquierda radical-revolucionaria, que hizo coincidir en buena medida el discurso y la puesta en práctica de políticas concretas. El papel de Cuba en aquellos procesos, a su vez, el último bastión de la Guerra Fría, era un ejemplo que se evita emular, aun cuando en su momento se aceptó su inserción y se reconoció su papel relevante en estos mecanismos.

Estas divergencias también se advierten entre las fuerzas o movimientos políticos y sociales de izquierda. El Foro de Sao Paulo, que orbita desde hace años en torno a la ideología del eje radical-revolucionario, no es asimilable en su orientación política e ideológica al Grupo de Puebla (Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano), quien recientemente se ha pronunciado críticamente contra las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y contra las decisiones del gobierno de Daniel Ortega de privar la nacionalidad a opositores políticos, entre otras. En el espectro del radicalismo boliviano, bajo el liderazgo del expresidente Evo Morales, se encuentra también Runasur, cercano más a las posiciones del Foro de Sao Paulo que del Grupo de Puebla. Con un decálogo de principio que pretende un «mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región»12, se le ha imputado actuar de forma injerencista en la crisis institucional peruana con la salida del poder del presidente Pedro Castillo.

En este sentido, nuevos temas en la agenda internacional proyectan una nueva izquierda, con acento en temas urgentes como las consecuencias del cambio climático. De ahí varios ejemplos, como la prioridad chilena del gobierno de Boric en ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); la diplomacia internacional de Lula Da Silva con respecto a la Amazonia y su llamado a dar un nuevo impulso al Tratado de Cooperación Amazónica; y las incisivas críticas en diversos foros de otros presidentes, como Gustavo Petro, y su publicitado decálogo para enfrentar la actual situación en esta materia, pronunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, celebrada en Egipto; etc.

Otro aspecto que define esta nueva ola, concerniente al entorno democrático, se refiere a la cuestión problemática, y arraigada en América, de la figura de la reelección presidencial indefinida. Decisiones para buscar la permanencia en el poder, con base en esta institución, incidieron en la inestabilidad política y en la erosión democrática de algunos Estados como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Precisamente, fue en este contexto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, a solicitud de Colombia, que se pronunció por las consecuencias negativas del continuismo presidencial en ejercicio de los derechos humanos y en el entorno democrático del continente13.

Algunas muestras del complejo escenario de las izquierdas replicadas en la política exterior

Es evidente que las características del nuevo ciclo o período progresista en América Latina se define por diversas causas a lo interno de cada una de las sociedades latinoamericanas, pero existe una en política exterior que transversaliza la mayoría de ellos: una demarcación, en mayor o menor grado, de gobiernos definidos como autoritarios, tales como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Es una demarcación que no se traduce en todos los casos en una actitud crítica y de confrontación en el discurso o en políticas concretas. En otros casos, el silencio o la justificación de las políticas marcadas como autoritarias o represivas, se combina con implícitas referencias a una diferenciación del anterior ciclo marcado por el protagonismo de Venezuela y Cuba.

Varios aspectos se pueden destacar en la política exterior de los gobiernos que conforman este nuevo clima progresista o de izquierda. Interesa destacar tres de ellos, algunos interrelacionados entre sí: el no alineamiento en política exterior con algún actor de la región, como en su momento sí estuvo marcada por Venezuela, Brasil o Argentina; la cuestión de la democracia y los derechos humanos, a partir de gobiernos identificados con tendencias más o menos autoritarias y aquellos de signos más democráticos; estancamientos para retomar proyectos de integración o colaboración a escala regional; y matices en las distintas posiciones asumidas por los Estados de América Latina frente al desafío que plantea la agresión rusa a Ucrania, y la actitud ante las disputas geopolíticas que signan las relaciones entre Rusia, China y la Unión Europea.

Con respecto al no alineamiento hacia esferas de la política exterior, uno de los aspectos remarcados de esta nueva izquierda es la ausencia de un liderazgo referencial, como en el primer ciclo tal vez jugaron los mencionados Venezuela, Brasil y Argentina. Las indiscutibles diferencias entre los ejes concéntricos referidos, que han llevado a un debilitamiento del marco de relaciones bilaterales entre estos, propugna una especie de asintonía y disgregación en las referencias en política exterior, marcada por la ausencia de consenso en temas claves como puede ser el futuro del integracionismo en la región.

En materia de democracia y los derechos humanos es evidente que, en el nuevo ciclo progresista, estas cuestiones se ubican con un discurso militante —cuando no en formar parte de su agenda— en varios gobiernos progresistas. No es esta una novedad en algunos casos, pero sí lo es en cuanto al posicionamiento frente a otros gobiernos de izquierda a los que se identifica por sus rasgos autoritarios, como puede ser Venezuela, Nicaragua y Cuba.

La toma de medidas, condenadas por su corte represivas y autoritarias, en Nicaragua desde el 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, y por el gobierno cubano desde las protestas del 11 de julio de 2020, que se suma a la difícil situación democrática en Venezuela desde mucho antes, son momentos determinantes en una especie de polarización interna de la izquierda. Fueron hechos que despertaron diversas reacciones, entre ellas una postura crítica o posiciones indefinidas y vacilantes, cuando no de implícita connivencia.

Un botón de muestra de esta realidad se encuentra en las votaciones a lo interno de la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto a la situación de Nicaragua. Una resolución de su Consejo Permanente titulada La situación en Nicaragua, aprobada el 12 de agosto de 2022, resolvió «(c)ondenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua»14. En esta votación la Colombia de Petro se ausentó, y fue votada a favor por Chile y Perú (copatrocinadores de la resolución), mientras que Bolivia, México, Honduras se abstuvieron.

Recientemente, la decisión en febrero de 2023 del gobierno nicaragüense de expulsar y retirar la nacionalidad a varios opositores (políticos, religiosos, periodistas, intelectuales, entre otros), así como la incautación de sus propiedades, fue el último hecho revelador de las diversas posiciones dentro de la izquierda. El presidente chileno Gabriel Boric hizo la condena más enérgica a estos acontecimientos, pero también otros gobiernos marcaron alguna distancia a estas medidas al ofrecer la nacionalidad a los afectados15. Si bien no se pronunciaron en los mismos términos que la posición chilena, fue una desaprobación implícita que gobiernos como el colombiano de Gustavo Petro, el mejicano de López Obrador, o el argentino de Alberto Fernández asumieran este compromiso16. Por su parte, no se conoce una posición definida por el presidente Lula, quien ha optado por no pronunciarse sobre el tema, en la misma línea de Venezuela y Cuba.

Por su parte las protestas, del 11 de julio de 2020 en Cuba, fueron también un termómetro del complicado panorama de las izquierdas. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, y Venezuela, con distintos tonos, no condenaron las acciones tomadas por el gobierno cubano para frenar la ola de protestas, y en su lugar secundaron a nivel discursivo señalar las causas internas y externas que habían llevado a esa situación de crisis, con enfoque principal en condenar el bloqueo/embargo norteamericano a la isla17. Tal vez uno de los temas en que haya consenso entre la izquierda democrática con respecto a los países del eje radical-revolucionario, es la oposición a las medidas coercitivas económicas empleadas por Estados Unidos y otros países contra Cuba y Venezuela.

Con respecto a Venezuela, a la frontalidad del gobierno chileno de Boric, la posición de gobiernos como el argentino ha oscilado en el discurso entre la cautela y la crítica calculada en materia democrática y de respeto a los derechos humanos. Los gobiernos de Argentina, Colombia y Brasil se han movido entre la ruptura con el liderazgo de Juan Guaidó — reconocido como presidente encargado por los anteriores gobiernos de Mauricio Macri, Iván Duque y Jair Bolsonaro respectivamente—, y la apelación a la necesidad de unas «elecciones libres», «respeto a los derechos humanos» y la «alternancia política», entre otros.

La IX Cumbre de las Américas, celebrada en Estados Unidos entre el 6 y el 10 de junio de 2022, tal vez fue un momento de cierto consenso dentro de la izquierda, aun con todos los matices de cada posición, cuando se excluyó por el gobierno estadounidense la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los jefes de Estados de México, Honduras, Bolivia decidieron no asistir, mientras que los presidentes argentino y chileno fueron críticos con esta decisión en el mismo foro. Sin embargo, no fue un espacio en que se advirtieran las necesarias coincidencias para avanzar por encima de las diferencias.

Se trata, en cualquier caso, de una convivencia difícil, que con un lenguaje vacilante y poco enérgico busca no ser indiferentes a hechos de evidente confrontación democrática o de derechos humanos. Estas puestas en escena ambiguas, en la que no se toma partido de forma militante, se advierte como debilidad por los polos en disputa18. Esto se ha expresado de manera elocuente en la dura crítica desde el madurismo al liderazgo chileno en el proceso constituyente, al que acusó de mediatización del poder constituyente originario por las fuerzas de derecha del anterior gobierno, etc. En igual sentido, es revelador de esta realidad las acusaciones cruzadas entre Daniel Ortega y Gabriel Boric: el primero al tildarlo como «perrito faldero» en septiembre de 2022, y este último en calificarlo sin ambages como dictador, como sucedió recientemente en febrero de 2023.

Son divergencias que se manifiestan también en lo interno de los ejes radical-democrático y de la izquierda democrática con relativismos en su política exterior, en temas como el denominado lawfare o la crisis institucional en Perú. En el primero de los casos, la causa judicial de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández alineó por un lado a los gobiernos de López Obrador, Gustavo Petro de Colombia y Luis Arce de Bolivia, mientras por el otro estaba la ausencia de pronunciamientos de gobiernos como el chileno. También la rúbrica del mandatario argentino Alberto Fernández en un comunicado de solidaridad del Grupo de Puebla sobre el juicio en Chile por corrupción a Marco Enriquez Ominami, y que cuestionaba el sistema judicial al referirse al lawfare, despertó las molestias del presidente Boric19.

Con respecto a Perú, la salida del poder de Pedro Castillo aunó de un lado a gobiernos como los de México, Argentina, Bolivia y Colombia, que con un comunicado conjunto consideraron que Castillo «desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento» y solicitaron respeto a sus derechos y garantía de su protección judicial20. La posición del presidente mexicano es la que más incisiva se ha mostrado en esta crisis, al extremo de que fue acusado por la presidenta del país sudamericano, Dina Boluarte, de «injerencia» en los asuntos internos, y la decisión del retiro del embajador peruano en México. Esto ha tenido una réplica importante, también, en una política de minado por parte del presidente mexicano de una iniciativa como la Alianza del Pacífico, cuyo evento más reciente fue su negativa a traspasar la presidencia al gobierno de Boluarte al que tacha de nacer de un golpe de Estado.

Por su parte, Chile se distanció en un primer momento de esta posición, y apeló a pronunciamientos generales sobre la solución de esta crisis por medio de «mecanismos democráticos y respeto al Estado de derecho», y haciendo «un llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales»21. Sin embargo, en términos más enérgicos se pronunció en la última cumbre de la CELAC en enero de 2023 sobre la violación y la represión del gobierno de Dina Boluarte, que provocó una reacción de la parte peruana22.

Otro punto a destacar es el innegable estancamiento en retomar proyectos de integración o colaboración a escala regional. Desde el fin del primer ciclo progresista, los gobiernos se replegaron sin gran dinamismo a pequeños polos o bloques, ya sea PROSUR, el Grupo de Lima, o el enclave del ALBA. Fueron movimientos de desconcentración hacia esferas marcadas por un discurso de confrontación hacia el otro y mediados por fuertes componentes ideológicos, que acrecentaron el escenario de fragmentación existente en América latina.

Además de francos procesos de debilitamiento de instancias como UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sufrió un notable desgaste como esfera de concertación política en los años posteriores al primer ciclo progresista. La decisión del presidente Jain Bolsonaro de excluir a Brasil de este marco en enero de 2020 fue un duro mazazo a su vitalidad. Sin embargo, en este nuevo ciclo, nuevas realidades marcan ritmos políticos muy diferentes al ciclo pasado. En este marco, no se ha podido avanzar en colocar a la CELAC como el interlocutor de América Latina y el Caribe, por sus indudables contradicciones que marcan el continente.

Dos momentos en los que se preveía un gradual relanzamiento se han producido en enero de 2022 y enero de 2023, pero han concluido sin perspectivas alentadoras por rebasar un simple marco de concertación política venida a menos. En el primero de ellos, la Cumbre de la CELAC celebrada en México en septiembre de 2021, bajo su presidencia pro tempore, no permitió dibujar la posibilidad de un salto cualitativo. Algunas propuestas, como la pretensión de crear una organización que sustituya a la OEA, no lograda en el primer ciclo progresista, y defendida por el gobierno de López Obrador, no fue compartida siquiera por varios gobiernos de izquierda (por ejemplo, Argentina). Fue una idea reiterada en la cumbre subsiguiente y que trata de emular el ejemplo de la Unión Europa, sin excluir a Estados Unidos y Canadá. Por su parte, la presencia del presidente cubano Díaz Canel y del venezolano Nicolás Maduro, fueron el centro de discusiones y posiciones encontradas por el resto de las delegaciones.

La segunda de estas cumbres, marcada por la reincorporación de Brasil con el presidente Lula en enero de 2023, no se acompañó de un mejor escenario. En la actual circunstancia, es una incógnita cómo Brasil podrá hacer compatible su mirada sudamericana en política exterior, con el foco puesto en UNASUR y MERCOSUR, y una perspectiva más latinoamericana, con la CELAC en el centro23. Aproximaciones y sensibilidades diversas a temas urgentes de la región y los enclaves estratégicos de política exterior hacia otras regiones o bloques, marcaron los puntos a consensuar en el futuro. La ausencia de jefes de Estados del eje radical-revolucionario, la cuestión de la crisis institucional en Perú, con la destitución y arresto de Pedro Castillo, la difícil conciliación en la relación con China y Estados Unidos, fueron algunas de las cuestiones que definieron la dinámica de la cumbre24.

Esto se conecta a su vez con la posición de América Latina ante la guerra de Ucrania. Los países del eje radical-revolucionario, aunque en ocasiones pretenden asumir una posición neutral, no se han acoplado a la posición mayoritaria en Occidente en contra de Rusia: han relativizado la responsabilidad rusa en el conflicto, no han evitado profundizar sus relaciones con este país, y no han faltado gestos políticos y diplomáticos en total disonancia con el pretendido aislamiento ruso. En el resto de la izquierda, el rechazo al tipo de agresión iniciada en febrero de 2022, se acompaña de posiciones de distanciamiento para asumir un rol activo en el conflicto: no secundan el envío de armas a Ucrania, no se suman a las sanciones contra Rusia ni rompen sus relaciones comerciales. En este espectro, Brasil ha hecho amagos para actuar como mediador en el conflicto con el liderazgo de Lula, aunque es difícil que llegue a buen puerto.

Conclusiones

Lejos de un panorama de unidad entre las fuerzas políticas de izquierda en el continente americano, prima la fragmentación, como ya hemos visto. Esto tiene una incidencia particular en varios órdenes de las relaciones internacionales en esta parte del continente. Son diversos los obstáculos y las divergencias en el plano político e ideológico, que inciden a su vez en las posiciones geopolíticas a escala regional. En particular, este estado descrito torna difícil encontrar la necesaria coincidencia para avanzar en proyectos comunes.

En el sentido anterior, será complicado volver a las sinergias que tanta vitalidad dieron al integracionismo latinoamericano con los ejemplos de UNASUR y CELAC, por solo citar dos de ellos. Esta realidad de la izquierda no ha hecho otra cosa que los Estados vuelvan con más intensidad hacia sí mismos, traten de encontrar vías propias a la solución de los problemas, e intenten escapar de esferas concertadas en materia de geopolítica. Pero priorizar lo bilateral, ya sea en dirección a Europa, China o Estados Unidos, y relegar lo regional, es un alto costo a pagar en el futuro. Aun cuando los efectos de una desglobalización parecen describir una lógica subsiguiente de erosión de los mecanismos de cooperación e integración regional, la historia es tozuda en alertar de los inconvenientes para América Latina y el Caribe de su incapacidad para integrarse.

Harold Bertot Triana* UNIE Universidad @BertotHarold

Referencias:

1 DÍAZ BARRADO, Cástor M. América en busca de la integración: Rasgos y principios desde la óptica del Derecho Internacional. Tirant lo Blanc, Valencia. 2018; DÍAZ GALÁN, Elena Carolina y BERTOT TRIANA, Harold. «La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): un enfoque desde la perspectiva de la integración», Cuadernos de Política Exterior Argentina, n.º 126. Julio-diciembre 2017, pp. 47-66.
2 Existe algún consenso en la doctrina en que no es posible hablar de una «única izquierda» en América Latina. Vid., por ejemplo: ROJAS, Rafael. «Fricciones en la izquierda latinoamericana», El País. 27 de agosto 2022; CANELAS, Manuel. «América Latina: no todo lo que brilla es un “ciclo”», Nueva Sociedad, n.º 299. Mayo-junio 2022.
3 Cfr. TITELMAN, Noam. «Recambio generacional y antielitismo. Las tensiones del cambio en Chile», Nueva Sociedad, n.º 303. Enero-febrero, 2023; LUNA, Juan Pablo. «Una promesa llamada Gabriel Boric», Nueva Sociedad, n.º 299. Mayo-junio, 2022.
4 Vid., por ejemplo: RÍOS, Viri. «El malentendido ‘affaire’ de López Obrador con Cuba», El País. 15 de febrero de 2023.
5 DINATALE, Martín. «Diplomacia elástica: las últimas jugadas ambivalentes de Alberto Fernández en política exterior», El Cronista. 6 de junio de 2022.
6 VÁSQUEZ, Daniel. «Balance de un año de “socialismo democrático” en Honduras. Entrevista a Mario R. Argueta»,
Nueva Sociedad. Enero 2023.
7 Cfr. STEFANONI, Pablo. «De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú. Entrevista a Marisa Glave», Nueva Sociedad. Diciembre 2022; SOSA MENDOZA, María. «La precaria estabilidad de Pedro Castillo», Nueva Sociedad. Julio 2022.
8 OLANO DUQUE, Iván. «Tres momentos en el triunfo de la izquierda colombiana», Nueva Sociedad, n.o 300. Julio- agosto, 2022.
9 Vid., alguna de estas cuestiones en LÓPEZ-PORTILLO MALTOS, Raquel. «Los cuatro ejes de la política exterior de Gustavo Petro», Foreign Affairs Latinoamérica. Junio de 2022.
10 SOLANO GALLEGO, Esther. «”Lula 3” o cómo dejar atrás el legado de Jair Bolsonaro», Nueva Sociedad, n.º 303. Enero- febrero, 2023.
11 FRENKEL, Alejandro. «¿Qué pasó en la cumbre de la Celac? Entre el regreso de Brasil, las crisis y los desafíos geopolíticos», Nueva Sociedad. Enero, 2023. Vid. también: HIRST, Mónica y TOKATLIAN, Juan Gabriel. «La vuelta de Lula y la política exterior brasileña», Nueva Sociedad. Diciembre 2022.
12 Ver el sitio web de Runasur en https://runasur.org/
13 Corte IDH. La figura de la reelección presidencial indefinida en Sistemas Presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana). Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021. Serie A N.º 28.
14 CP/RES. 1203 (2389/22), La situación en Nicaragua (Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria, celebrada el 12 de agosto de 2022). Previamente una resolución «condenó enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes por las autoridades nicaragüenses en Managua (Nicaragua) el domingo, 24 de abril de 2022», CP/RES. 1196 (2377/22) «La toma de las oficinas de la OEA en Nicaragua», del 13 de mayo de 2022. Otra resolución «concluyó que Nicaragua no estaba cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática de la OEA y ofreció al Gobierno de Nicaragua la asistencia de una misión de buenos oficios de alto nivel de la OEA para reanudar el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana», CP/RES. 1188 (2355/21) «Resultados de las deliberaciones del Consejo Permanente del 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General», del 8 de diciembre de 2021.

15 Vid., por ejemplo: LABORDE, Antonia y MALDONADO, Carlos S. «Chile, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega», El País. 17 de febrero de 2023.
16 Vid., sobre esto: MALDONADO, Carlos S. «Ortega despoja de la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli», El País. 16 de febrero de 2023.
17 Vid., por ejemplo: CENTENERA, Mar y TORRADO, Santiago. «La crisis en Cuba divide a América Latina», El País.
12 de julio de 2021.
18 Vale recordar eventos como la retención de un avión iraní-venezolano en Argentina en agosto de 2022, que despertó críticas del sector chavista, combinada con objeciones a la política de Alberto Fernández por parte del entonces líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, por su posicionamiento al lado del presidente Maduro. Esto mismo sucedió con la Colombia de Petro, cuando el inicio de la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos encontró la negativa de Petro de extraditar a opositores venezolanos, pese a las exigencias del dirigente chavista Diosdado Cabello.

19 «30 líderes iberoamericanos de 14 países, y 15 destacados juristas y abogados de 6 países, solidarizan con Marco Enríquez-Ominami», Grupo de Puebla. Febrero 15, 2023; NIEBIESKIKWIAT, Natasha. «Alberto Fernández hizo una fuerte crítica a la justicia chilena y Gabriel Boric salió a cruzarlo», Clarín. 16 de febrero de 2023.
20 Comunicado conjunto sobre la situación en Perú. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina. Comunicado de Prensa, 12 diciembre 2022.
21 Comunicado de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile. Miércoles, 7 de diciembre de 2022.
22 Vid., MONTES, Rocío. «Tensión entre Perú y Chile por las críticas de Gabriel Boric a “los atropellos” contra los manifestantes», El País. 26 de enero de 2023.
23 Vid., por ejemplo: FRENKEL, Alejandro. «¿Qué pasó en la cumbre de la Celac? Entre el regreso de Brasil, las crisis y los desafíos geopolíticos», op. cit.

24 Ibíd.