Explorando “Vacaciones en Paz”: uso de menores y vulneración de derechos bajo la lupa

No es casualidad que, allá por el mes de febrero y de manera coordinada, afloren numerosos comunicados en distintas agencias de noticias que parten desde las delegaciones locales de amistad con el Sáhara y las delegaciones territoriales del Polisario. “El programa 'Vacaciones en Paz' anima a los madrileños a acoger a un menor saharaui este verano” o “Valencia busca familias para acoger menores saharauis durante dos meses de verano” son algunos titulares que pudieron leerse durante esta invernal primera toma de contacto. 

Así, esta fase de de captación de familias no deja de ser una de las primeras de un proceso cada vez más precoz, tal vez debido al número decreciente de niños participantes que, año tras año, va sufriendo el programa.

Pero la realidad es bien distinta a la llegada de los niños, exhaustos tras un interminable viaje y zarandeados por los adultos que los llevan y los traen como atracciones de feria entre manifestaciones reivindicativas y actos oficiales con los políticos de turno local o autonómico. 

El programa es utilizado como una herramienta de propaganda tanto por las autoridades saharauis como por las entidades españolas. Esto puede desvirtuar el propósito humanitario, convirtiendo a los niños en meros peones en un juego de intereses políticos y diplomáticos.

Resulta deleznable el uso en esos tediosos e interminables actos de niños con carencias y dolencias de todo tipo, con objeto de aprovecharse de los sentimientos filántropos y generosidad de las personas que los acogen o contemplan dichos actos desde el desconocimiento del trasfondo político. Unas escenas que se repiten año tras año desde los inicios del programa, en todos los puntos de la geografía española, con las consiguientes directrices marcadas por el Frente Polisario y los gestores del programa en España cual requisito que no admite discusión. Pura propaganda, pero con utilización de menores de por medio.

A priori, podría parecer que el programa “Vacaciones en Paz” es una iniciativa con un propósito loable: brindar a niños saharauis la oportunidad de pasar el verano en España, alejados de las duras condiciones de los campamentos de refugiados en el desierto del Sáhara. Sin embargo, detrás de esta fachada humanitaria, emergen numerosos problemas y controversias que cuestionan la legalidad y ética del programa. El primero, el que acabamos de relatar: la utilización política de los menores saharauis. Una falta de respeto a sus derechos más elementales por parte de los adultos que los manipulan con tal fin.

Otra de las principales críticas al programa es la falta de una estructura organizativa sólida y transparente. A menudo, la gestión resulta improvisada y descoordinada, lo que genera confusión tanto para las familias de acogida como para los propios niños. La falta de claridad en la comunicación y en los procesos administrativos puede derivar en situaciones de estrés y malentendidos, afectando negativamente la experiencia de todos los involucrados.

Por otra parte, se han denunciado en repetidas ocasiones casos de corrupción relacionados con la gestión de fondos y recursos del programa, los cuales en cierta medida parten de dinero público. La falta de transparencia en el manejo financiero y la ausencia de rendición de cuentas o algún tipo de auditoría independiente en el uso de esos fondos suscita sospechas sobre su adecuado manejo. Estos casos erosionan la confianza en el programa y ponen en entredicho su sostenibilidad a largo plazo. No sorprende pues que cada año decrezca exponencialmente el número de familias participantes, estando bajo mínimos en la actualidad.

En lo relativo a la estancia en España, los niños participantes enfrentan varios desafíos durante su estancia. La adaptación cultural y emocional puede ser difícil, provocando estrés y ansiedad. Al regresar a los campamentos, muchos experimentan un choque cultural inverso, habiendo probado un estilo de vida temporalmente mejorado que contrasta drásticamente con su realidad cotidiana. Este proceso puede generar desarraigo y frustración.

Las familias de acogida también se enfrentan a problemas. La falta de preparación adecuada y el apoyo insuficiente por parte de los organizadores pueden dificultar la integración de los niños en sus hogares temporales. Además, las expectativas y responsabilidades no siempre están claramente definidas, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos.

Las niñas saharauis, en particular, enfrentan desafíos adicionales. Al llegar a la adolescencia y la adultez, muchas sienten la presión externa de ceñirse a los roles tradicionales y limitados que desde dentro de su comunidad se les impone. Todo ello después de haber vivido experiencias que les abrieron la mente a otras posibilidades. Esta dicotomía acaba causando conflictos internos y sociales, afectando su bienestar emocional y su desarrollo personal.

Aquí es donde emerge con fuerza la mayor y más abominable polémica que persigue a este programa desde hace décadas, especialmente durante los últimos diez años. Esta no es otra que los cerca de 100 casos de jóvenes (en su mayoría mujeres) que llegaron en su día a España a través de “Vacaciones en Paz” siendo niñas, que tuvieron que prolongar su estancia durante años debido a distintas enfermedades, y que cuando libremente decidieron permanecer indefinidamente en España siendo ya mayores de edad, como represalia son retenidas o secuestradas por sus familias biológicas en los campamentos. 

Desde los casos de Mahayuba, Darya, Koria, Nadjiba o Maloma (quizá el más mediático y que puso en el mapa esta problemática a nivel nacional), hemos pasado a otros más recientes como el de Felah. La punta de lanza en la lucha contra estos execrables actos la ostenta el colectivo ‘La Libertad es su Derecho’, principalmente a través de sus portavoces Elisa Pavón y Bienvenida Campillo. De hecho, el pasado abril este colectivo anunció que solo en 2024 ya se llevaban contabilizados 4 casos de mujeres secuestradas.

El Frente Polisario declara que esta situación no les concierne y que es un problema entre familias, convirtiéndose así en cómplice de estas violaciones de derechos junto con Argelia, estado en cuyo territorio suceden estos hechos.

Cuando se permite en Tinduf que una familia retenga a un adulto contra su voluntad, la falta de acción efectiva del Polisario en estos casos pone en tela de juicio no solo su autoridad, sino también su proclamado compromiso con la igualdad de derechos de la mujer. La realidad es que el Frente Polisario no solo necesita gente para su causa, sino sobre todo mujeres fértiles que la perpetúen aun a costa de ser secuestradas. Por eso no veremos a ninguno de sus voceros o portavoces oficiales denunciar este mecanismo sistemático de violación de derechos humanos, todo por la causa. Pasan los años y los casos se siguen sucediendo, pero sigue sin hacerse nada.

Después de todo esto, como si no fuese ya suficiente, en los últimos tiempos se ha añadido otra problemática, ya que el programa ‘Vacaciones en Paz’ también ha estado marcado por algunos casos de pedofilia que han salido a la luz en España. El más reciente en Argentona (Cataluña), destapado por la Policía Nacional en Cataluña y que afecta a más de 70 menores. El principal implicado acogió a niños saharauis de entre 10 y 12 años en su domicilio durante varios veranos. Un caso se suma a otros con condenas en firme que oscilan entre los 2 y 5 años como el de Alicante (2018), Elche (2020) o Cáceres (2021).

Estos casos demuestran la vulnerabilidad de los niños saharauis participantes en el programa y la insuficiente protección y supervisión que deberían garantizarse para evitar tales atrocidades. Si bien al principio fueron casos aislados, la repetición de estos incidentes sugiere fallos sistémicos en el proceso de selección y monitoreo de las familias de acogida, así como una falta de mecanismos efectivos para detectar y prevenir abusos.

Debe ser imperativo que los organizadores del programa implementen medidas más rigurosas de selección y supervisión de las familias, proporcionen formación adecuada sobre protección infantil, y establezcan canales claros y accesibles para que los menores puedan denunciar cualquier tipo de abuso. Además, debe haber un compromiso claro y transparente de todas las partes involucradas para garantizar la seguridad y el bienestar de estos niños vulnerables, asumiendo responsabilidades y no “poniéndose de perfil” si la situación por desgracia lo exigiese. Más allá de pedir un mero certificado de delitos sexuales al principio del proceso, único requisito exigido a los solicitantes, pero insuficiente a la vista de los hechos.

Aunque “Vacaciones en Paz” busque ofrecer un respiro a los niños saharauis fuera del infernal verano del desierto, las múltiples deficiencias en su organización, gestión y transparencia cuestionan su efectividad y ética. Sin un necesario escrutinio riguroso y una reforma estructural para garantizar que el programa cumpla verdaderamente su objetivo humanitario sin perjudicar a los niños ni a las familias de acogida, sin duda estamos ante un programa en decadencia, caduco y cooptado por intereses políticos o económicos. Por tanto, en su formato actual debería plantearse seriamente la cancelación y desaparición del mismo con carácter inmediato.

A la vista está que este programa está salpicado de intereses personales de los cuales muchos salen beneficiados a costa de un puñado de menores inocentes. Y si nadie lo remedia antes, cada verano tendremos un nuevo capítulo.