Lucila Piedra

El pasado 20 de noviembre se celebró en Yamena, capital del Chad, la segunda Cumbre de Jefes de Estado del G5 Sahel, institución conformada por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Niger; el objetivo de esta reunión fue establecer estrategias conjuntas para hacer frente a la creciente amenaza terrorista que suponen tanto Al Murabitun, como otras células afines a Al Qaeda, así como Boko Haram.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez acudió a la Cumbre para expresar el apoyo de España a un foro considerado clave para el desarrollo y la seguridad en la región. El encuentro estuvo marcado por el atentado terrorista que tuvo lugar en el Hotel Radisson de Bamako, capital de Malí, en el que murieron 21 personas. El grupo yihadista Al Murabitun, liderado por Mujtar Belmujtar reivindicó el acto terrorista.

A pesar de que el G5 Sahel ha sido criticado en numerosas ocasiones por su ineficiencia, en la reunión del pasado viernes en Yamena, se acordaron una serie de medidas importantes como la creación de una fuerza militar conjunta, la creación de una escuela regional de estudios de la defensa, el establecimiento de una compañía aérea regional y la construcción de una línea ferroviaria que facilite los intercambios entre los países de la región.

Los miembros del G5 Sahel constataron el buen momento que atraviesa esta iniciativa política, que fue lanzada en febrero de 2014 en Nouakchott, con el fin de coordinar el desarrollo y la política de seguridad de la región del Sahel, una de las zonas más pobres del mundo, dónde se han producido numerosos conflictos en los últimos años.

Escenario político y geoestratégico de primer orden, tanto por ser la zona de contacto entre el mundo árabe y África subsahariana, como por el desafío que supone el terrorismo que la asola en la actualidad, en el Sahel existe un problema grave de desarrollo, pero también de seguridad que corre el riesgo de expandirse a otros países vecinos.

El Sahel se extiende por la franja sur del desierto del Sáhara, lo que implica que sea uno de los entornos más duros del mundo. Unos 145 millones de personas de nueve países viven en esta región amenazada por la desnutrición y la escasez de agua. La dificultad de controlar las fronteras, la mala distribución de las rentas procedentes de la explotación de recursos, la corrupción, la escasa integración de las poblaciones nómadas (como los Tuareg) y la falta de capacidad de los Estados para controlar sus vastos territorios, han permitido el desarrollo de un conjunto de serias amenazas para la estabilidad regional y la seguridad internacional. La difícil situación de las comunidades afectadas se ve agravada por el impacto del cambio climático, los desastres naturales recurrentes y los brutales conflictos armados y la violencia.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas, en la región del Sahel unos 20 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria, incluyendo 4,4 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria grave; y casi 6 millones de niños están en estado de desnutrición. En septiembre de 2015, se registraron unos 4,5 millones de desplazamientos como consecuencia de la crisis política regional.

El G 5 Sahel ha preparado un ambicioso “Programa de Prioridad de Inversión” (PIP) para el período 2015-2017 cuyos ejes principales de acción son la paz, la seguridad de las personas y los bienes, las infraestructuras, la resiliencia y desarrollo humano y el refuerzo de la gobernanza.

Esta institución cuenta con el apoyo de la UE que se ha manifestado dispuesta a crear un  “partenariado especial” tras la visita a Bruselas el pasado mes de junio de los 5 ministros de asuntos exteriores de Mauritania, Níger, Burkina Faso, Mali y Chad y del Secretario Permanente del G5.

Etiquetas: 
África subsahariana
Sahel
Chad
G5
seguridad