Se multiplican los fantasmas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Alex Erquicia
Pie de foto: El comandante del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez. REUTERS
La posible reaparición de los mal llamados falsos positivos en Colombia copa la actualidad político-militar del país. Años después de que las ejecuciones extrajudiciales fueran una práctica común por parte del Ejército, una publicación del diario New York Times ha reavivado la tragedia en clave actual. El actual jefe del Ejército podría estar tratando de restablecer directrices que llevaron a las ejecuciones al margen de la ley, según los críticos.
"El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla", publicó el medio estadounidense el 18 de mayo. Las nuevas evidencias vinculan al comandante del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez, con la posible reaparición de los falsos positivos y la intensificación de los ataques. Estos falsos positivos se dieron porque había una política de evaluación que priorizaba los muertos.
El artículo ha reabierto pesadillas de un pasado que muchos quieren dejar atrás. Los fantasmas de las ejecuciones extrajudiciales, cuando el Ejército presentaba civiles asesinados al margen del conflicto como guerrilleros muertos en combate para llegar a cuotas establecidas por los altos rangos y obtener recompensas, se multiplican. "En largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos", aseguraba el NYT.
Las consecuencias de la vinculación del jefe del Ejército con civiles asesinados no han tardado en llegar. La Procuraduría General del país abrió el 27 de mayo una investigación contra el general Nicacio Martínez, "por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones", señaló el organismo.
El comandante del Ejército de Colombia dijo que es "respetuoso con la competencia de la Procuraduría" y recordó que el "Ejército y su comandante se rigen por los estándares de respeto y protección del orden constitucional". Al día siguiente de la nueva revelación, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, confirmó que se cambiará la directriz denunciada por el NYT porque considera que hubo "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la institución.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de falsos positivos que involucran a unos 1.500 militares. De estos, en junio pasado más de 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y que es la columna vertebral legal del acuerdo firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016.
"En este informe se habla de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. En ese contexto se asegura que el pico de violencia ocurrió entre 2006 y 2008, durante la comandancia del general Mario Montoya en el Ejército", según el periódico El Espectador. Según el informe, hasta la fecha se han procesado 5.626 personas por estos hechos, de las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles.
Desde su llegada en diciembre de 2018 como jefe del Ejército, los escándalos se han multiplicado y el general Martínez se ha visto en el punto de mira. Como avanzó Atalayar, en febrero, la organización Human Rights Watch criticó duramente el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, señalando que era el comandante al mando de la Décima Brigada Blindada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 ejecuciones ilegales.
El informe de HRW aseguraba que al comandante del Ejército se le señala por haber hecho presuntamente en 2005 siete pagos dudosos a un informante como parte de la política de recompensas del Ejército. Días después de que el artículo destapara los posibles hechos y reviviera, con fuerza, una de las tragedias que el país vivió durante años, el escándalo no cesa. La agencia AP divulgó otro artículo en el que vinculan al jefe del Ejército con civiles asesinados y aseguraba que "nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables" (pagos a personas vinculadas a ejecuciones extrajudiciales).
El comandante está siendo duramente cuestionado y los más críticos piden su dimisión. Mientras la JEP avanza en sus investigaciones para averiguar la verdad, el país tiene que averiguar qué paso con las ejecuciones extrajudiciales. El posible hecho de que los civiles inocentes hayan muerto durante operaciones militares este año sería perjudicial para los avances que viene dando el país. La vuelta de homicidios de civiles por militares es uno de los mayores riesgos que tiene el país inmerso de lleno en la implementación de los Acuerdos de Paz.
