Eva Cifuentes
Pie de foto: Habiendo abandonado sus hogares debido a circunstancias sociales precarias, algunos de estos niños intentan viajar a Europa saltando en la espalda de un Camión o un autobús en el puerto de Tánger. AFP/FADEL SENNA
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia en un informe la falta de compromiso y acogida de la Junta ante la llegada de menores migrantes no acompañados. Según los últimos datos, llegaron a España a través de las costas andaluzas 7.053 menores de edad de los cuales algo más de 6.000 lo hicieron sin la compañía de un adulto.
La cifra de 2018 ha aumentado casi el doble que el año anterior, pues según reflejó el Observatorio de la Infancia de Andalucía, en el año 2017 llegaron 3.306 menores migrantes sin compañía alguna. Mayoritariamente procedían de Marruecos (2.332), Guinea (254) y Costa de Marfil (219). Y la situación, tal y como muestran las cifras, está lejos de mejorar. España, como frontera sur de Europa, recibe una alta cantidad de inmigración, entre ellos muchos niños y niñas no acompañados. Esta situación les deja en una situación de especial vulnerabilidad, de hecho, según los datos de la Red Europea de Migraciones se calcula que 30.000 niños y niñas han desaparecido del sistema.
Esta desprotección y despreocupación por parte del Estado español en general, y de la Junta de Andalucía en particular, es la que denuncia APDHA en su informe de la Infancia Migrante 2019. Además, en dicho documento, se recogen cuestiones peculiares, como que las llegadas a Ceuta y Melilla (ya en el continente africano aunque pertenecientes a España) La Fiscalía no las cuenta en el cómputo de las llegadas de migrantes, solo se tienen en cuenta las que llegan a la Península por vía marítima mediante pateras. Otra cuestión a tener en cuenta es que el Ministerio del Gobierno no recoge datos segregados por género ni por edad. Destacan también la falta de transparencia de la Junta ante la solicitud de información sobre datos o personal de los centros de menores.
Deficiencias en el sistema de protección de los menores migrantes en Andalucía
Los datos del informe reflejan diferencias entre los menores que han viajado solos y los que pasan al sistema de protección andaluz. Las diferencias son elevadas, lo que pone de manifiesto la ineficacia del sistema y que Andalucía se ha convertido en un lugar de tránsito para estos menores.
Para APDHA existen varios factores que favorecen la desprotección que denuncian. Por un lado, achacan la mayoría de las ‘fugas’ al sistema de bajas voluntarias. En 2017 se dieron, según la Administración, más de 2.000 bajas de este tipo, sobretodo, en las provincias de Cádiz, Granada y Almería. Cabe remarcar que son menores sin compañía alguna que deciden abandonar los centros. Esto es uno de los puntos que más se critica desde APDHA y para lo que pide a la Junta la derogación del cese de la tutela y se centren en proteger realmente los derechos infantiles.
Otro motivo que, a su juicio, aumenta las fugas y la desprotección de estos menores migrantes, es la determinación errónea de la mayoría de edad. Pese a que la ley establece que hasta que se demuestre la mayoría de edad, el o la migrante en cuestión permanecerá en el sistema de acogida, en numerosas ocasiones la prueba de mayoría de edad ha resultado fallida y “sacan” del sistema a quienes no deberían quedarse fuera. Relacionado con este punto, mencionan el estado en el que están muchos centros de acogida, tanto de menores como de mayores, que dejan mucho que desear. Dicha situación provoca que muchos, especialmente los que proceden del Sáhara, aleguen ser mayores de edad para no internarse en estos centros. Por el contrario, dados los acuerdos existentes sobre devoluciones inmediatas entre el Gobierno y Marruecos, los migrantes de esta zona, así como de Argelia, por ejemplo, suelen alegar que son menores de edad para esquivar este tipo de devoluciones.
Por todas estas cuestiones y más, reflejadas en el informe de APDHA, la organización critica que “no se vela por el interés del menor” ni se respeta tampoco la convención de Derechos del Niño, pues “las actuaciones del Estado van más encaminadas a la exclusión que a la acogida”. Para poner fin a esta dramática situación, piden revisar con urgencia este “modelo fallido” para cumplir con los acuerdos internacionales y respetar de verdad los derechos de la infancia.
