Tercer muerto en la oleada de protestas en Bolivia
La violencia sigue sacudiendo las calles de Bolivia por el enfrentamiento abierto entre detractores y partidarios del recientemente reelegido presidente Evo Morales tras el pasado proceso electoral. El polémico final de las pasadas elecciones presidenciales del 20 de octubre dejó la denuncia opositora de un presunto fraude en los comicios que, después de cuatro días de recuento de votos, fijó el porcentaje mínimo suficiente para que el dirigente cocalero renovase su mandato sin tener que ir a una segunda vuelta con el oponente Carlos Mesa.
Así, las ciudades de La Paz, sede del Gobierno y del Parlamento, y El Alto, la segunda urbe más poblada de Bolivia, registraron nuevamente una jornada de choques callejeros protagonizados por opositores y leales a Evo Morales, que ha renovado lo que se constituirá en su cuarto mandato consecutivo.
El último fallecido en el marco de estos disturbios es Limbert Guzmán, un joven de 20 años que murió en Cochabamba después de sufrir graves heridas en los choques acaecidos. "El paciente Limbert Guzmán, con diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico grave, fractura de base de cráneo y muerte cerebral, presentó un paro cardiorrespiratorio, que inmediatamente fue reanimado por más de 20 minutos y los esfuerzos fueron vanos falleciendo el paciente”, según explicó el informe médico del Hospital Viedma. La última jornada de protestas fue la más violenta desde que dos hombres murieron la semana pasada en choques entre afines y contrarios a Morales en la ciudad oriental de Montero.
El centro de La Paz volvió a ser el escenario de duros enfrentamientos, sobre todo en el área próxima a la sede del Ejecutivo boliviano, donde la jornada del martes también hubo serios desórdenes que dejaron un reguero de heridos.
En las últimas horas, los disturbios estuvieron protagonizados por universitarios contrarios a Morales que entienden que su triunfo no es legítimo y por mineros partidarios del mismo y de su triunfo electoral.
En la vecina ciudad de El Alto también hubo serios choques, de los que se encargaron también las fuerzas policiales mediante el empleo de elementos disuasorios, junto a la autopista que comunica este enclave del altiplano con La Paz.
Un grupo de universitarios que había quedado bloqueado en el aeropuerto internacional de El Alto por manifestantes afines a Evo Morales pudo salir finalmente a últimas horas de la noche, según un comunicado del Ministerio del Interior. Los universitarios, que permanecieron acorralados durante varias horas, habían acudido por la tarde a recibir a Luis Fernando Camacho, presidente del opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz, procedente precisamente de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país.
En La Paz y El Alto las pugnas callejeras duraron hasta la medianoche, con la irrupción de la Policía, que tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
En este escenario, Luis Fernando Camacho llegó a La Paz para entregarle una carta a Evo Morales en la que le exigía su dimisión; un Morales que lamentó la última muerte acaecida y, también, el hecho de que la alcaldesa oficialista Patricia Arce fuese maltratada por el sector opositor. Arce denunció que le cortaron el pelo, le obligaron a caminar descalza y le acabaron pintando de rojo. El máximo dirigente boliviano culpó a diversos sectores políticos por alentar el “odio racial” y se solidarizó con la regidora acosada al entender que fue “vejada cruelmente por expresar y defender sus ideales y los principios de los más pobres”.
El ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, acusó a Camacho de “la escalada de violencia en el país”. El responsable de la cartera ministerial culpó al representante opositor de dar aire a “grupos de choque organizados, que están viniendo a provocar” y le instó a que “haga un llamamiento a pacificar y repliegue a estos grupos”.
Hasta 17 días de duros enfrentamientos han tenido lugar ya en diversos puntos de la geografía boliviana desde que se celebrasen las elecciones. La oposición y varios países dentro de la comunidad internacional (entre los que se encuentran Estados Unidos, Colombia, Brasil o Argentina) han rechazado de plano el resultado final de las elecciones que otorgó la diferencia de un 10,57%, favorable a Evo Morales, con un exiguo margen de 0,57% con el que superaba el 10% mínimo necesario para evitar la segunda vuelta ante el líder opositor, el expresidente Carlos Mesa, quien denunció también el fraude electoral.
Es la menor diferencia que ha cosechado a su favor el líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS) tras haber ganado sucesivamente todas las elecciones desde 2005 (cuando salió Carlos Mesa del poder) hasta con un 64% de los sufragios. La ley electoral boliviana exige el 50% de los votos más uno o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el siguiente para ganar en primera vuelta. “Ganamos con más del 10%, es constitucional”, expresó Morales poco después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmase los resultados que permiten al presidente renovar su cargo por cinco años más, con lo que completaría 18 años al frente de la Presidencia del país andino.
Y es que el procedimiento levantó sospechas ya que el recuento electoral duró hasta cuatro días. En la noche del domingo 20 de octubre el recuento de votos quedó sorprendentemente en suspenso cuando todo apuntaba a que iba a producirse una segunda vuelta entre Morales y Mesa. El proceso duró finalmente cuatro días, período dentro del cual se produjo la ‘sospechosa’ renuncia de Antonio Costas, vicepresidente del TSE, por la “desatinada decisión de suspender la publicación de los resultados” el mismo domingo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha querido implicar en lo sucedido y lleva a cabo una auditoría vinculante sobre el desenlace electoral, pactada con Evo Morales, a la vez que condena la violencia desencadenada en Bolivia. “La violencia no tiene lugar en democracia”, indicó a través de un comunicado oficial el organismo supranacional americano.
