Los demócratas buscan ganar influencia en la escalada con Irán

El asesinato de Qassem Soleimani continúa acarreando consecuencias. Las réplicas del terremoto que ha supuesto la eliminación del poderoso general iraní han llegado hasta el Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes ha aprobado limitar los poderes presidenciales para emprender acciones militares contra Teherán. El texto, sin embargo, ha de ser refrendado por mayoría absoluta en el Senado, donde los republicanos cuentan con ventaja.

En pocas palabras, los demócratas pretenden que el poder legislativo sea quien tenga la última palabra en caso de una eventual disputa armada con Irán. Se trata de desposeer a Donald Trump de la capacidad de lanzar un ataque como el que acabó con Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis sin pasar el filtro de la Cámara de Representantes y el Senado, que tendrían la responsabilidad última de autorizar o no la operación. Así, con la iniciativa aprobada en primera instancia, solo se podrían acometer acciones contra la República Islámica bajo una declaración de guerra, que debería aprobar el Congreso, o en caso de que el legislativo emitiese una “autorización estatutaria específica”.

Precisamente, el hecho de que el presidente no avisase al parlamento del bombardeo fue una de las cosas que menos gustaron entre las filas demócratas. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ha lamentado repetidamente en los últimos días la “falta de estrategia de Trump” con respecto a Irán. El texto ha contado con 224 votos a favor, en su mayoría demócratas, y 194 en contra, casi todos republicanos. Es cierto, sin embargo, que algunos representantes no han respetado la disciplina de voto de sus respectivos partidos.

El documento aprobado se basa en la Resolución de Poderes Militares, que data de 1973. Este texto legal detalla la relación que tienen tanto la figura del presidente como el Congreso con las capacidades militares del país. En el ámbito militar, la máxima autoridad para llevar a cabo operaciones reside en la figura del presidente, ya que detenta, asimismo, el cargo de Comandante en Jefe. Sin embargo, solamente el Congreso tiene potestad para declarar o no la guerra a otro Estado. El propio Trump invocó la Resolución en el documento clasificado que remitió al Congreso. Según la norma, una vez remitido el escrito, la acción militar debe detenerse durante, al menos, 60 días.

La iniciativa ha sido aprobada un día después de la presentación en el Senado del material de inteligencia clasificado que llevó, presuntamente, a lanzar la operación sobre los blancos iraníes. La sesión, a la que acudieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Mark T. Esper, fue bastante tensa y acabó con los integrantes de la minoría demócrata bastante decepcionados.

“Hay muchas preguntas importantes a las que no han respondido. No hemos visto un plan satisfactorio para el futuro. A medida que nuestras preguntas se volvían más difíciles, ellos salían de la sala”, se quejó Chuck Schumer, portavoz de los senadores demócratas, en una referencia a los representantes del Gobierno presentes.

No obstante, el procedimiento también despertó las iras de algunos senadores afines al presidente. “Es la peor presentación sobre una cuestión militar que he tenido”, comentó al respecto el senador republicano por Utah Mike Lee, que tildó toda la sesión de “inaceptable”. El principal punto de fricción residía en los pretextos que había dado el Gobierno, consistentes en que Soleimani planeaba ataques inminentes directos sobre Estados Unidos y sus ciudadanos.

“No se nos ha dado información específica sobre un ataque concreto. Solo generalidades; las cosas que se leen en el periódico. No he aprendido nada durante la presentación que no hubiese visto ya en la prensa”, se despachó el también republicano Rand Paul. Senador por Kentucky, Paul ha criticado duramente el hecho de que los representantes de la Administración se escudasen en la invasión de Irak en 2002 para justificar la operación actual: “Es absurdo. Nadie con dos dedos de frente y una pizca de honestidad puede argumentar que, cuando el Congreso votó a favor de ir detrás de Sadam Hussein en 2002, autorizaron usar la fuerza militar contra un general iraní 18 años después”.

Tanto Lee como Paul, que han abogado en el pasado por reforzar el poder del Congreso en cuestiones bélicas, han anunciado, según informa The New York Times, de que apoyarán en el Senado la iniciativa aprobada este jueves en la Cámara de Representantes. La cámara alta estadounidense consta de 100 escaños. Actualmente, los republicanos cuentan con 53 y los demócratas suman 45, pero los dos senadores restantes suelen votar junto a este segundo partido. Así, con la ruptura de la disciplina por parte de los dos representantes críticos, a los demócratas no les quedaría más que granjearse el apoyo de otros dos senadores republicanos para aprobar definitivamente la ley.

No sería la primera vez, además, en que una votación para limitar los poderes militares de Trump sale adelante. En 2019, ambas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para poner coto al apoyo estadounidense a la Coalición Internacional liderada por Arabia Saudí que está involucrada en la guerra de Yemen. Sin embargo, incluso si la ley es aprobada por ambas cámaras, el presidente tendría capacidad para vetarla. En tal caso, el Senado debería iniciar un procedimiento para anular el veto presidencial.

Sin embargo, es un paso complicado. Los casos de Lee y Paul representan dos sonoras excepciones en lo que ha sido el tono general de la política estadounidense a lo largo de los últimos meses. La esfera del poder público ha estado marcada por una profunda división marcada entre los dos grandes partidos. El proceso de impeachment, pendiente, precisamente, de ser remitido al Senado, ha exacerbado la polarización en que está instalado el clima político desde la entrada en escena de Donald Trump. 

La moción planteada por los demócratas supone, además, el desenterramiento del debate sobre el complejo sistema de control y equilibrio (‘checks and balances’) establecido entre las instituciones que aglutinan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en Estados Unidos. El presidente tiene capacidad ejecutiva, es decir, tiene la potestad de promover políticas. Sin embargo, los proyectos que proponga están sometidos al escrutinio de las dos cámaras parlamentarias. Igualmente, el Tribunal Supremo puede declarar inconstitucionales tanto los decretos presidenciales como las actas aprobadas por el legislativo.