El poder argelino se enroca y desoye al pueblo que clama contra el sistema

Pedro Canales

La presentación de la candidatura del presidente saliente en Argelia, Abdelaziz Buteflika, en contra del clamor de centenares de miles de ciudadanos que llevan 10 días manifestándose en todo el país “es una declaración de guerra”, estima el influyente periódico El Watan; “una guerra entre un poder que ha perdido totalmente la razón, contra un pueblo que ha rencontrado en pocos días su vigor y su aliento esperanzador”. 

El régimen argelino mantiene por el momento el control de la situación, las manifestaciones que se suceden en todo el país no han desbordado aún el marco pacífico y cívico con el que han sido convocadas. Sin embargo, el gobierno parece haber perdido la capacidad de iniciativa y el espíritu de diálogo y conciliación que los manifestantes exigen. En lugar de establecer una interlocución entre el poder argelino y los representantes populares, el régimen ha preferido enrocarse y atrincherarse en una posición de humillación y desprecio contra los centenares de miles de argelinos que han invadido calles y plazas en todo el país, y persiste en organizar unas elecciones presidenciales que la población aborrece. 

La promesa atribuida al presidente Buteflika, en un escrito que la mayoría de analistas y observadores políticos estiman imposible haber redactado por encontrarse hospitalizado en Ginebra en un estado de salud deteriorada, tiene el mismo valor que las promesas que hizo anteriormente, en 2009 y en 2014, y que no ha cumplido: resolver los problemas económicos y sociales de la población, e instaurar el Estado de derecho con libertades democráticas plenas. 

Esta vez la promesa presidencial, consiste en organizar una Conferencia nacional de consenso de las fuerzas políticas y representativas de la sociedad civil con el fin de preparar una nueva Constitución, y de proceder a unas Elecciones presidenciales anticipadas a las que no concurriría como candidato; una promesa que está lejos de los clamores populares que quieren un cambio radical del sistema, una lucha sin cuartel contra la corrupción y unas libertades democráticas a las que el pueblo argelino no ha tenido acceso pleno desde la Independencia del país en 1962. 

El periódico digital “Algerie Part”, estima en un extenso análisis de la situación actual que el plazo evocado por la carta atribuida a Buteflika no sería menor de tres años, lo que daría tiempo al régimen a enfriar el ardor popular de las manifestaciones y preparar la continuidad del sistema imperante con nuevos personajes. 

A pesar del aparente caos en el que está viviendo el país, los temores expresados por la comunidad internacional, en particular los socios económicos y comerciales de Argelia, son infundados. Cualquiera sea el escenario a corto y medio plazo, desde el más duro que supondría una intervención de las Fuerzas Armadas para contener la crisis y la idea de un periodo de transición política, hasta el más blando que sería la formación de un Gobierno de unidad nacional y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, o el mismo escenario de la continuidad del actual sistema dosificando una represión selectiva destinada a desactivar la actual marea explosiva, los contratos de suministro de gas y petróleo y las inversiones extranjeras en el país, están plenamente garantizadas. El único temor que justifica la alerta general dada por las cancillerías occidentales, en particular los vecinos europeos de Argelia, Italia, Francia y España, es un aumento en proporciones importantes del número de inmigrantes que huyan del país en caso de fracaso de la apertura democrática, pero que en ningún caso sería mayor que el generado en Oriente Próximo con las crisis en Iraq y Siria, y las oleadas de gentes que han pretendido llegar a Europa a través de Grecia y Turquía. 

El verdadero interés de Europa es que el proceso de democratización en Argelia vaya adelante, y es eso lo que esperan los miles de manifestantes en Argelia, pero también en la diáspora en Francia, Bélgica e Italia. Llegado el momento, los argelinos pedirán cuentas no sólo a sus dirigentes, sino a los gobiernos europeos.