La española Mahyuba Handidaf, víctima de la coacción familiar y tribal en el Sáhara

 

A pesar de las denuncias internacionales, de las presiones de diversa índole que se están realizando sobre todos aquellos que tienen una responsabilidad directa o indirecta en el calvario que sufre la española Mahyuba Mohamed Handidaf, y de las “negociaciones” cuadripartitas que se están llevando a cabo discretamente entre los Gobiernos español, argelino, el Frente Polisario y la familia saharaui de Mahyuba, la situación se encuentra en un callejón sin salida. Mahyuba sigue retenida contra su voluntad en Tinduf. Así lo han podido comprobar de primera mano observadores de Human Rights Watch (HRW), responsables de ACNUR, el cónsul de España en Argel y varios cooperantes españoles, entre otros. Las declaraciones del padre de Mahyuba y otros artículos de prensa que aseguran que la joven española ha declarado estar ahí voluntariamente son falsos, afirman a Atalayar fuentes jurídicas internacionales. “Está sometida a muchas presiones; cada día pasan a visitarla los patriarcas de los grupos tribales de su campamento, miembros respetados de su familia, y todos ellos presionándola para que firme una Declaración de que está en Tinduf por decisión propia y de que quiere quedarse”, nos cuentan también desde la Plataforma por la Libertad de Mahyuba. “Ella no ha cedido de momento, pero su estado físico y anímico empeora a diario. Le han quitado sus gafas, y como tiene 10 dioptrías  la visión borrosa de forma continuada durante tantos días le ha provocado cefaleas, afectando así a su estado emocional”,  afirman por su parte en la organización para la mediación de conflictos. 

 

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, al declarar hace días que “se están realizando gestiones al más alto nivel” dejaba entender la inminencia de una solución. Sin embargo, según expertos de la Gestión Internacional de Conflictos de la Universidad de Oxford que siguen el tema, “la situación se está complicando cada vez más por los distintos actores que se van involucrando”.  La primera complicación reside en el tratamiento exacto del problema, su identificación legal y jurídica, base imprescindible para cualquier gestión que se vaya a realizar. Desde el punto de vista estrictamente legal, no es un secuestro sino una violación del derecho de libre movimiento de Mahyuba, sostienen los abogados movilizados por la Asociación suiza Alkarama. Y ello porque la joven española viajó por su propia voluntad a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf donde viven sus padres, sus hermanos y el resto de sus familiares. Además, tampoco se puede calificar su retención como “secuestro” ya que no hay ninguna petición a cambio, ni de rescate ni de ninguna otra naturaleza como condición previa para una “liberación”. La segunda dificultad reside en la identificación de la “autoridad responsable” reconocida legalmente y con capacidad de imponer las decisiones pertinentes para superar la vulneración de derechos que sufre Mahyuba Handidaf. Los ciudadanos saharauis de los campamentos de Tinduf se encuentran  teóricamente “bajo la autoridad de la República Árabe Saharaui Democrática” (RASD), pero al no ser ésta reconocida por las Naciones Unidas, dicha autoridad pasaría bajo el paraguas argelino, ya que es en el territorio de Argelia en el que están situados los campamentos de refugiados. En la práctica existe una “laguna legal”, agravada porque ninguno de los dos quiere responsabilizarse del caso; tanto las autoridades argelinas como las de la RASD insisten en que se trata de “un problema de índole familiar”. Para mayor complicación acerca de la autoridad que debe asumir su protección como ciudadana, está el hecho de que Mahyuba Handidaf al tener nacionalidad española, es España y la Unión Europea quienes deben ejercer la autoridad. 

 

Concretamente Mahyuba está retenida por su familia en Tinduf, le han quitado su pasaporte y la impiden viajar y decidir sobre su vida. Esta coerción de la que es objeto se deriva del doble estatuto inherente a su persona. En tanto que española mayor de edad desde el año 2012 posee todos los derechos al respecto: libertad de movimientos, derecho a decidir sobre su vida, su residencia, y pleno ejercicio de las libertades individuales. Sin embargo, en tanto que saharaui de origen, de religión musulmana y de cultura, forma parte de un colectivo humano con otras referencias, otras costumbres y otra manera de vivir. Como española Mahyuba puede decidir lo que quiera de su vida; como saharaui musulmana, sólo será “mayor de edad” cuando se case, lo que sólo puede hacerse con el consentimiento del padre o tutor legal. Como española puede decidir casarse o permanecer soltera; como saharaui, puede ser forzada a contraer matrimonio por su familia.  En cuanto a la “familia de acogida”, María Desamparados Viñás Oltra y Bautista Llopis Vila, mientras Mahyuba era menor de edad tenían voz en los asuntos de su vida; sin embargo después de 2012, deja de tener esa prerrogativa. A pesar de ello, Bautista Llopis viajó a los campamentos previo consentimiento del padre de Mahyuba y a pesar de la opinión en contra de las autoridades españolas y los mediadores internacionales, al no existir garantías de seguridad en su desplazamiento; pero su gestión no sirvió para nada, no avanzaron las negociaciones y se volvió a España sin ningún resultado. 

 

Las autoridades argelinas siguen insistiendo en que se trata de un asunto familiar. No quieren intervenir en el asunto, al menos de manera impositiva. “Colaboran, pero de forma tibia”, explica la abogada Jadiya Nemar, de la asociación Alkarama, que ha trasladado la denuncia a la Fiscalía del Estado argelino. La Policía Argelina no entrará en los campamentos  en una acción agresiva si no hay una orden explícita de las autoridades españolas, pero sí colabora para garantizar que la familia Handidaf no vuelva a llevarse a Mahyuba fuera de los Campamentos, como ya hicieron en agosto pasado. La posición del Frente Polisario llama sin embargo la atención, pues el movimiento independentista está siendo afectado por una pérdida de prestigio y autoridad. Tanto en sus declaraciones oficiales como a través de muchos de sus altos cargos en España, en el Reino Unido y ante la Unión Europea, los responsables del Polisario martillean que se trata de “un caso familiar, que choca con la estructura patriarcal de los saharauis”. Insisten en que quieren ayudar y que están intentando solucionar el caso a su manera, pero se resisten a considerar que se trate de un crimen, un delito o una violación de los derechos fundamentales de Mahyuba, que es española y mayor de edad.  La única explicación posible a esta ambigüedad calculada del Frente Polisario es que teme hacer frente a la estructura tribal imperante en la población saharaui, para evitar una contestación generalizada de su papel político en la sociedad de Tinduf. El equipo dirigente de Mohamed Abdelaziz sabe que no puede imponer a la población de refugiados “las leyes de la RASD”, su normativa legal y las Leyes de su Constitución pretendida democrática, cuando éstas chocan con las costumbres tribales, so pena de ruptura irreparable. Por eso insiste en que “es una cuestión familiar”. Algo diferente curiosamente a lo que sucede en la Argelia que les acoge, donde la mujer aun estando sujeta a la tutoría hasta el matrimonio, dispone de la libertad de elegir su forma de vida; y aún más en Marruecos, bajo cuya Administración viven más de la mitad de la población saharaui censada, y donde la figura del tutor ha sido suprimida en la nueva Constitución.