El jefe de los espías marroquíes revela que sus servicios han impedido 119 atentados

 

Los datos sobre el terrorismo en Marruecos que dio esta semana el jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED, servicio de inteligencia exterior marroquí), Yassine El Mansouri, son preocupantes. Los terroristas son una pequeña minoría, pero están organizados y armados, tienen vinculaciones con el exterior y su fanática determinación es un peligro para la seguridad pública. Los servicios secretos y las fuerzas de seguridad del Estado son el mejor garante de la paz frente al terrorismo. Los resultados de la estrategia antiterrorista los reveló El Mansouri con todo lujo de detalles ante una comisión  de la ONU. El jefe de la DGED explicó que los aparatos  del Estado consiguieron “abortar 119 atentados con explosivos contra establecimientos de seguridad, centros turísticos, representaciones diplomáticas y lugares de culto judeo-cristianos”. El Estado impidió también “109 intentos de asesinato contra fuerzas de seguridad, marroquíes de confesión judía, personalidades políticas nacionales y extranjeras, así como turistas” y “echó por tierra siete proyectos  de toma de rehenes y 41 intentos de robos”. Son  datos oficiales de la DGED que demuestran la eficacia de las fuerzas de seguridad locales. Países como España, Francia, Bélgica y Estados Unidos colaboran estrechamente con las fuerzas policiales y los diversos  servicios de inteligencia marroquíes. En el caso hispano-marroquí,  esta colaboración ha permitido la desarticulación de células terroristas y la detención de sus miembros tanto en España como en Marruecos. El diario marroquí ‘Al Ahdath Al Maghribiya’ se felicitó por la eficacia de los aparatos del Estado en Marruecos

 

Muchos marroquíes detenidos por terrorismo son yihadistas vinculados a grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico (EI) que estuvieron combatiendo en Siria o en Irak y regresaron a su país de origen para captar nuevos combatientes o cometer atentados. “Los servicios secretos y de seguridad marroquíes facilitaron a sus homólogos occidentales informaciones muy importantes sobre la espectacular toma de rehenes perpetrada, en enero de 2013, en la planta de gas de In Amenas, en el sur de Argelia, por el grupo de Belmokhtar ‘Los que firman con su sangre’”, aseguró El Mansouri. Esto revela hasta que punto Marruecos es un país clave en la lucha internacional contra el terrorismo yihadista y uno de los mejores aliados de Occidente en el mundo árabe y musulmán. Asimismo, El Mansouri mencionó que el número de yihadistas marroquíes llegó a alcanzar los 1.193 individuos. 216  son antiguos detenidos salafistas y 251 murieron en atentados suicidas  o en combates, 219 en Siria y 32 en Irak. Unos 500 están esperando su oportunidad para ir a combatir a países en conflicto como Irak y Siria en las filas del EI de Abou Bakr Al Baghdadi. Por su parte, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, explicó que el papel de jefe de los creyentes  que desempeña en Marruecos  el  rey Mohamed VI, es un freno al terrorismo, según informó el diario ‘Akhbar Al Yaoum’. “Lo que distingue la experiencia marroquí, es que es fruto de un sistema fundado sobre un pacto entre el rey y su pueblo”, recalcó el citado diario. 

 

Por otra parte,  el movimiento islamista marroquí Justicia y Espiritualidad (Al Adl wal Ihsane), que no está legalizado pero sí tolerado, boicoteará la presencia de una delegación israelí en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Marrakech. Justicia y Espiritualidad es un movimiento islamista de inspiración sufí que se opone a la violencia y no reconoce a la monarquía en Marruecos. También es muy crítico con el islamista y gubernamental  Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). El fundador y líder de este movimiento, el jeque Abdesalam Yassine, murió en diciembre de 2012. Justicia y Espiritualidad tiene un fuerte apoyo popular y en 2011 llegó a una especie de acuerdo táctico con la izquierda radical y otros grupos  opositores para lanzar el Movimiento 20 de Febrero, que movilizó en la calle a decenas de miles de marroquíes partidarios de reformas políticas, económicas y sociales. El foro de Marrakech de noviembre  espera la presencia de unas 5.000 personas. Justicia y Espiritualidad considera que la presencia de ONGs israelíes es la ciudad ocre es intolerable, y otros grupos que se oponen a la normalización diplomática entre Rabat y Tel Aviv se pronuncian de la misma forma.  El acto lo organizará el oficialista Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las autoridades marroquíes están convencidas  de que el eco que tendrá el movimiento islamista en el foro de Marrakech será muy limitado. 

 

En otro orden de cosas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU   emitió una resolución en la que determina la ilegalidad de la extradición desde España a Marruecos de Ali Aarrass, un ciudadano belga de origen  melillense condenado a 15 años de prisión por pertenecer a una célula terrorista y por tráfico de armas. Según informó en rueda de prensa el abogado de Aarrass, Nayim Mohamed, esta resolución asegura que “España no evaluó adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos” que había sobre Ali Aarrass en caso de ser extraditado. El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que la extradición de Aarrass constituyó una violación del artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York en 1954 por numerosos países, entre ellos España, que se ha adherido a lo largo de los últimos 50 años a los protocolos de dicho acuerdo. También obliga a España a tomar todas las medidas de cooperación posibles con las autoridades marroquíes para “asegurar una investigación efectiva del trato que ha recibido” Ali Aarrass desde que fue extraditado a Marruecos “para evitar que se cometan violaciones semejantes en un futuro”. Fuera de Marruecos, en Egipto, la Justicia de ese país condenó a 63 islamistas partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi a penas de 10 a 15 años de prisión. Los condenados fueron acusados de promover acciones violentas hace más de  un año durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en El Cairo contra el golpe de Estado militar del exmariscal y hoy presidente  egipcio, Abdelfatah al-Sisi.