En el marco de la Conferencia para el Futuro de Europa en la que se tratarán temas como la reforma en las instituciones, comenzando por la elección del presidente de la Comisión Europea, la emigración, el Estado de derecho y la participación ciudadana, la sanidad tendrá un papel relevante, sobre todo después del golpe que nos ha propinado la pandemia.
Europa, en su posición entre los países de mayor nivel de vida, ha demostrado no estar preparada para una situación como la que se desencadenó en febrero de 2020, que ha puesto de manifiesto de manera fehaciente y especialmente cruel nuestra debilidad.
La mayor parte de los países de la Unión tienen sistemas sanitarios que se habían demostrado eficaces, como demuestran indicadores como la esperanza de vida al nacer. Es en este punto es donde la sanidad española se sitúa al frente de Europa, pues al menos hasta antes de la pandemia nuestra esperanza de vida al nacer era la segunda del mundo, solo detrás de Japón, y el global del sistema sanitario español, según el Bloomberg Global Health Index, se situaba en el año 2019 a la cabeza de todos los países del mundo. La universalidad de más del 98% del sistema sanitario español podría convertirlo en el modelo a seguir.
Sin embargo, en el marco de la Unión Europea deberíamos disponer de una sanidad homogénea en todos los miembros, tanto en lo que se refiere a cartera de servicios como especialmente a su eficiencia, calidad y seguridad, para asegurar la excelencia de los resultados y la satisfacción de los usuarios.
La implementación de la Tarjeta Sanitaria Europea que asegura la asistencia sanitaria urgente de todos los europeos en todos los países de la Unión ha sido un hito de importancia meridiana, pero todavía está limitada por las diferencias que existen en la financiación de cada sistema sanitario, por ejemplo, cuando se producen cambios de residencia. En un marco ideal, todos los ciudadanos de la Unión Europea tendríamos el derecho a recibir cualquier tipo de asistencia sanitaria en cualquiera de los países miembros.
Es labor de los legisladores determinar cómo se compensarían estas diferencias de financiación entre los miembros y las seguras demandas de asistencia de los ciudadanos en países distintos del suyo.
La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la falta total de preparación para una situación semejante. Pero, sobre todo, ha demostrado la ausencia de una respuesta en común por todos los países de la Unión. Se plantean dos preguntas obvias. Primera, ¿cómo podríamos haber respondido mejor? y segunda, ¿qué enseñanzas podemos obtener de la situación vivida?
Intentaré responder a ambas preguntas de manera conjunta.
En una situación de pandemia se plantean dos acciones prioritarias. En primer lugar, controlar la transmisión del agente infeccioso. Y, en segundo lugar, asegurar la mejor asistencia sanitaria a los individuos infectados, evitando los colapsos tanto hospitalarios como a nivel de asistencia primaria, y poder disminuir así el número de fallecimientos o de secuelas graves.
En cuanto al control de la transmisión de la infección, lo primero es conocer lo antes posible cuál es el agente responsable. Y en esto, los resultados en el caso de la pandemia por COVID-19 han sido espectaculares. Cuando sólo se habían identificado casos en China, ya supimos que se trataba de un virus del grupo del SARS, que se transmite por vía aérea y posiblemente por contacto de superficies contaminadas, aunque este medio ahora está en entredicho, y que se trata de una infección con una letalidad muy importante, aunque mucho menor a la de otros virus como por ejemplo el virus del Ébola. A partir de aquí se puede decir que empezaron los errores, en primer lugar, de los posibles expertos, de sus respectivos gobiernos y de las organizaciones sanitarias supranacionales. En el momento en que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel internacional, la reacción tendría que haber sido mucho más rápida. Es justo reconocer que en aquel momento nadie fue consciente de lo que estaba por venir, pero hemos aprendido que no se actuó con la suficiente diligencia y sin una idea de actitud unitaria.
La Unión Europea debía haber unificado criterios y procedido conjuntamente. La disponibilidad y obligatoriedad de los equipos de protección individuales, fundamentales para los sanitarios en los momentos iniciales de la pandemia dependieron de cada Estado por separado. Las medidas de confinamiento, limitación de movimientos, cierre de fronteras y controles sanitarios, únicas eficaces para retrasar la diseminación, lo habrían sido mucho más en una Unión Europea mínimamente coordinada.
La aparición de las vacunas, un hecho excepcional desde el punto de vista científico por la rapidez en su desarrollo, no fue acompañada por medidas de fabricación y distribución acordes con la supuesta potencia industrial y económica de la Unión. Una vez más los intereses particulares, ya no digo de los países sino de cada uno de sus respectivos gobernantes, prevalecieron sobre el interés comunitario. Era más que evidente que no iba a ser posible disponer del número necesario de vacunas para inmunizar a un porcentaje suficiente de la población con la necesaria rapidez. Y, sin embargo, se siguió engañando a la población de manera consciente. Y por si esto no fuera suficiente, se han hecho públicas dudas sobre la seguridad de las vacunas basadas únicamente en hechos excepcionales, sin contrastar, y en base a estos se han tomado decisiones que solo han servido para retrasar la administración de las vacunas disponibles. Estos son los motivos por los que se está tardando tanto en salir de la situación de máxima gravedad.
Tampoco hubo consenso desde el principio en cómo tratar a los pacientes infectados. Una vez más, prevalecieron los intereses particulares de gobiernos y Estados, ante el interés general de salvar el mayor número posible de vidas. Se tardó demasiado en disponer de tratamientos con una eficacia mínimamente contrastada, y en ocasiones se han utilizado tratamientos ineficaces e incluso nocivos sin hacer caso de organismos internacionales responsables como la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento.
Las enseñanzas extraídas de esta pandemia son tan sencillas que deberían sonrojar a los responsables de no haber actuado de otra forma. Una Unión Europea realmente unida debería actuar siempre de forma conjunta, rápida, con actuaciones basadas en la evidencia científica y acudiendo a las personas suficientemente informadas para la toma de decisiones, pero sobre todo en situaciones como la actual en que de estas decisiones va a depender la vida de muchos de nuestros ciudadanos.
Otro punto de enorme importancia es el de la información. Las diferencias existentes entre los miembros de la Unión se han trasladado también a la información que se hacía llegar a los ciudadanos. La información no ha sido rápida, pero lo más preocupante es que en muchas ocasiones no ha sido veraz. Cito como meros ejemplos la necesidad de las medidas de protección, el número real de infectados y de fallecimientos, la disponibilidad y seguridad de las vacunas. Si la magnitud del drama no era suficiente para preocupar a la población, la información en muchas ocasiones parcial y en alguna claramente errónea, sólo sirvió para aumentar los niveles de desazón y de angustia. Una información veraz y unificada en toda la Unión hubiera sido de gran ayuda.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la ausencia de unidad sanitaria en la Unión Europea. Extraigamos conclusiones que sean útiles para la globalidad de la atención sanitaria con el fin de evitar diferencias de resultados y por tanto de eficiencia de los respectivos sistemas sanitarios.
No quisiera parecer utópico ni mucho menos visionario, pero pienso que la real Unión Europea no va a depender sólo de la unión económica, de la desaparición de fronteras ni de los supuestos acuerdos en las relaciones exteriores. La unidad en la atención sanitaria es una meta que debería ser preferencial. Diseñar sistemas sanitarios con financiación similar, sin olvidar la remuneración justa y lo más uniforme posible de los trabajadores sanitarios, conseguiría una Sanidad más eficiente y justa para todos los ciudadanos. Desarrollar una agencia Europea del Medicamento realmente eficaz y la colaboración en la investigación biomédica, en su desarrollo y en la innovación, dotando de los medios necesarios para ponernos a la altura de países como Estados Unidos o China, determinará el lugar que Europa ocupe en las próximas décadas.
Antonio González, médico y jefe del Servicio de Medicina Interna, Hospital Vall d’Hebron (Barcelona).