En España, las operadoras de telefonía están obligadas por Ley a apoyar al Gobierno cuando necesite enviar algún SMS aunque la ambigüedad de su uso permite que una persona reciba, desde un mensaje electoral en su teléfono móvil, hasta una alerta en torno al coronavirus.
De esta manera, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ordenó el envío de 1,9 millones de mensajes a los teléfonos móviles de los ciudadanos de la región con la intención de darles a conocer avances acerca de la situación del coronavirus y su impacto local.
Ninguna persona pidió la información, simplemente empezó a llegarle sin que el receptor tuviese claro por qué razón la recibía, ni quién había proporcionado su número o si en todo caso, le generaría algún costo en su tarifa de pago o de prepago. Como tampoco dieron su consentimiento, los casi dos millones de personas que, en noviembre del año pasado, recibieron atónitos una serie de SMS con un mensaje de Pablo Casado, líder del Partido Popular, invitando a las personas a votarle en las elecciones generales.
Si bien existe una normativa sobre protección de datos personales, basada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) aplicada desde mayo de 2018, la gente no entiende por qué recibe mensajes no solicitados sino ha compartido su número privado, ni mucho menos, ha dado autorización expresa a alguna autoridad o ente comercial o empresa de marketing político para que invada su privacidad.
No obstante, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, ante la emergencia de la pandemia plantea ir un paso más allá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.6 del título 1 del anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones: “El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
¿Qué es lo que plantea el Gobierno español? El anteproyecto incluye utilizar WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger (multinacionales tecnológicas) equiparándolas en el mismo esquema de las empresas de telefonía con el propósito de usar, cuando lo requiera, las redes sociales y los servicios de mensajería por internet catalogados como servicios Over The Top (OTT).
Las multinacionales quedarían adscritas al Registro de Operadores, con ello tendrían las mismas obligaciones que una operadora de telefonía y, por ende, el deber de transmitir alertas públicas cuando el Gobierno lo considere necesario y cuantas veces lo requiera.
¿Bajo qué supuestos sería? La persona podría recibir un mensaje por WhatsApp o bien por Telegram o Facebook alertándola de algún peligro, riesgo o amenaza que afecte la seguridad nacional o la vida de los ciudadanos.
El Gobierno de Sánchez esgrime que “no quedará alterada la intimidad” defendiendo que las modificaciones legales no implican lectura de mensajes, ni interceptación de estos.
¿Iría en contra de la normativa europea? No, de hecho, la utilización de los servicios de mensajería digital lleva tiempo discutiéndose en Bruselas bajo la pauta del Órgano de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC, por sus siglas en inglés) el anteproyecto está basado en una Directiva de la UE (2018/1972) del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 2018; dicha normativa comprende los servicios de comunicaciones electrónicas.
En uno de los apartados del texto, presentado en audiencia el pasado 11 de septiembre, indica que “las operadoras de telefonía” como Orange, Vodafone o Movistar deben “transmitir alertas públicas a los ciudadanos” en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes; es un hecho puntual que ya viene sucediendo, el paso ahora es incluir a todas las plataformas de mensajería.
En España, hay más de 54 millones de líneas móviles, el 94% son smartphones y de este núcleo un 62% usan habitualmente las redes sociales preferentemente: YouTube (89%); WhatsApp (86%); Facebook (79%); Instagram (65%) y Twitter (53%).
Según reportes de Digital 2020, al 73% de los españoles “les preocupa” que sus datos personales sean utilizados para fines que ignoran tanto en el presente como en el futuro.
Al respecto del anteproyecto, un connotado grupo de abogados españoles, entrevistados en exclusiva, coincidieron en señalar que la medida debe permitir también el derecho de las personas para no ser incluidas en los potenciales mensajes oficiales.
Con este propósito, Ismael Oliver, recuerda que el anteproyecto tiene lugar a modificaciones hasta el próximo 13 de octubre y sería de esperar una serie de enmiendas para ser incorporadas.
La cabeza del prestigioso despacho Oliver Abogados considera que el anteproyecto, como está en la actualidad, puede dar lugar para varias posturas sobre todo una un tanto alarmista: “Que pudiéramos pensar es una injerencia porque el Gobierno pudiera estar inmiscuyéndose en la intimidad y en las comunicaciones de los ciudadanos”.
Sin embargo, el destacado experto legal, que aquí en España ha llevado el caso de la detención de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, refiere que el texto “no dice eso” dado que no habla de intervenciones o de interceptaciones sino de usar los medios digitales.
“Ya se superó la época de la campana de la iglesia para avisar del incendio… ante las situaciones que estamos viviendo en el mundo entero, hay medios de comunicación que hoy en día son más efectivos y más rápidos”, refiere. Al mismo tiempo, Oliver trae a colación que el Gobierno puede usar los SMS para enviar mensajes a la población y “nadie se ha alarmado” y es que los organismos públicos están autorizados para hacerlo.
Entonces, ¿qué es lo que inquieta?
- La noticia del anteproyecto y de la futura ley, no es tanto su contenido que no debería alarmarnos, sino el uso que se le pueda dar; y probablemente requerirá un reglamento que desarrolle el uso, que no es la interceptación… recordemos que las palabras son muy importantes, aquí no se habla de interceptar se habla de usar, de canalizar, ese medio de transporte que no deja de serlo.
Oliver enfatiza que es parte de los riesgos de esta era digital en la que no dejar rastro o preservar totalmente la intimidad es realmente complicado y con las nuevas tecnologías se tienen aspectos positivos y negativos.
"He tenido contacto con grandes presidentes de grandes compañías y ninguno tiene un smartphone… es muy curioso; de hecho, hasta un presidente de una importante compañía telefónica no lo tenía porque no quería que supieran dónde estaba”, comenta el abogado.
En cuanto al anteproyecto, Oliver apunta que cuando se trata de regular está bien “porque esto mismo lo podrían hacer sin más” así es que al regularse hay límites y el imperio de la ley lo establece y lo dice muy claro “aunque hay un riesgo”.
Por su parte, Jacobo Teijelo, opina que es muy peligroso “entrar en este tipo de terreno por parte del gobierno” y habría que ser “claros” para evitar darle facultades en una labor de propaganda.
Al renombrado jurista que dirige Teijelo Abogados le parece “sospechoso” y ante todo, recomienda que aplicado en un estado de alarma o de excepción, debería contar con la aprobación de una autoridad judicial y que en efecto sirva para enviar los mensajes de alerta pero que sean “neutrales” y sin ninguna propaganda.
“En todo caso debería haber límites y que la gente pueda decidir ponerlos en spam, o en no deseados o simplemente no querer recibirlos porque además están en su derecho”, recalca.
¿Podría darse un exceso con el anteproyecto?
-Claro, una cosa es que se puedan transmitir determinados mensajes por una emergencia pero esos mensajes no deben tener ningún sesgo por parte de la autoridad. Hay que evitar que no se den consignas oficiales, cualquier tipo de comunicación oficial del gobierno es sospechosa porque siempre quiere llevar agua a su molino. Y lo digo de éste y cualquier gobierno… hay que asegurarse -por todos los medios- que esa posición de ventaja de poder comunicarse con todo el mundo no se convierta, como en los tiempos de Franco, en el parte de Radio Nacional de España obligatorio para todas las radios.
Teijelo resalta que “ahora mismo” la guerra está en las comunicaciones, no solo en cuanto a medios sino desde luego en cuanto a contenidos por eso es prioritario evitar cualquier sesgo y evitar la manipulación.
Ahora bien, puntualiza, que en España ya hace tiempo están autorizadas ciertas escuchas e intervenciones, como SITEL utilizado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia; se trata de una herramienta informática para escuchas telefónicas.
En cuanto al anteproyecto que permitirá enviar mensajes al gobierno a través de WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones digitales, Tejeiro comenta que dichas compañías no tienen sede en España “entonces las intervenciones tienen que ser más artesanales”.
En todo caso, agrega convencido, una cosa es “el control pasivo de las comunicaciones” y otra “la intervención” en cuanto a contenidos y que puedan enviar mensajes.
“Pero no es un problema del gobierno actual, el gobierno del PP fue el que puso en marcha el sistema de SITEL todos los gobiernos tienen especial cariño al control de las comunicaciones y de la propaganda… todos son iguales”, acota Teijelo.
El control de las masas implica influir en su opinión, así como en su estado de ánimo: “En España, hasta hace dos días había dos cadenas de televisión luego cinco y cuatro periódicos controlados y cuando entra Internet la gente empieza a compartir, a leer y a buscar por su cuenta; qué casualidad, que ahora esté allí el interés para controlar esa opinión pública… ése es el problema que hay detrás”.
A su vez, Ricardo Bocanegra, incide en que “la clave fundamental está en el uso” que se haga de dichas ventajas, porque puede tener un uso adecuado o inadecuado.
“Todo lo que sea por el interés público, general y tenga una utilidad pública a través de las nuevas tecnologías, para mí bienvenido sea siempre y cuando tenga el uso adecuado; se trata de una ventaja importante”, subraya el abogado.
El licenciado español que dirige la Gestoría Bocanegra -una de las más reputadas de la Costa del Sol- puntualiza que en ningún caso sería aceptable que esa normativa diera lugar para excederse o bien hurgar en la intimidad de los usuarios.
“Entiendo que el anteproyecto está pensado con el objeto de informar a la gente cuando haya cosas importantes pero para nada se me pasa por la cabeza para ingerir; y, en todo caso, lo más recomendable sería evitar que haya abusos por parte de la autoridad competente mediante un serie de normas que pongan coto que impidan que pueda haber abuso”, reflexiona el destacado jurista.
Con el potencial de las aplicaciones y el poder de las redes sociales es de esperarse que surjan muchos cambios al respecto, ¿hasta qué punto habrá que ceder la intimidad en aras de la seguridad nacional o bien de preservar la estabilidad ante una amenaza de cualquier índole? La nueva veta dorada…