Irán después de la guerra: la represión se profundiza a medida que la economía se derrumba

 El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, saluda durante el 36.º aniversario de la muerte del líder de la Revolución Islámica de Irán de 1979, el ayatolá Ruhollah Jomenei - Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA via REUTERS
 El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, saluda durante el 36.º aniversario de la muerte del líder de la Revolución Islámica de Irán de 1979, el ayatolá Ruhollah Jomenei - Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA via REUTERS
En las semanas posteriores a la guerra de 12 días entre Irán e Israel (del 13 al 25 de junio de 2025), el régimen iraní se ha sumido aún más en la represión y la agitación económica
  1. Ejecuciones: silenciar la disidencia mediante el terror
  2. Un confinamiento al estilo de Corea del Norte
  3. La ruina económica y la revuelta del pan
  4. El costo de la guerra
  5. Un régimen en crisis, una sociedad asediada

El régimen ha recurrido a brutales medidas represivas en el país para mantener el control. Las ejecuciones políticas, las detenciones masivas, la vigilancia y los ataques contra las minorías étnicas y sociales se han intensificado, mientras que la población se enfrenta a una inflación galopante, una escasez catastrófica de pan y huelgas laborales generalizadas. Esta convergencia de represión y desesperación económica pinta un panorama sombrío de la vida en Irán a mediados de 2025.

Ejecuciones: silenciar la disidencia mediante el terror

El 13 de julio de 2025, el régimen iraní condenó a tres presos políticos —Farshad Etemadi-Far, Masoud Jamei y Alireza Mardasi— a doble ejecución y a un año de prisión tras dos años de tortura y reclusión en régimen de aislamiento. Otros dos, Saman y Davood Hormat-Nejad, fueron condenados a penas de prisión de 12 y 15 años, respectivamente. Estos veredictos fueron dictados por la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Ahvaz por cargos que incluyen “enemistad contra Dios” y presunta afiliación con la principal oposición, la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI o MEK). Uno de los condenados, Masoud Jamei, está luchando contra el cáncer de estómago, una enfermedad hepática y graves infecciones.

Este juicio es emblemático de un patrón más amplio de la posguerra. En los días posteriores al cese al fuego, las autoridades iniciaron lo que los observadores internacionales han denominado una “purga”, que recuerda a la masacre de presos políticos de 1988. Las ejecuciones aceleradas, a menudo basadas en cargos de espionaje para Israel, son ahora rutinarias, y los grupos de derechos humanos informan de que se están dictando condenas a muerte tras juicios apresurados sin el debido proceso.

Un confinamiento al estilo de Corea del Norte

Tras el alto el fuego, el régimen iraní cambió su enfoque hacia adentro. Desde el 26 de junio, se ha detenido a entre 700 y 1.000 civiles, acusados de delitos imprecisos como “propaganda” o vínculos con potencias extranjeras. Grupos enteros —activistas, estudiantes, sindicalistas, minorías étnicas— se han visto arrastrados por esta ola. En Rasht, siete personas fueron trasladadas a la prisión de Lakan sin cargos formales. En Rojhilat (Kurdistán iraní), los partidos kurdos informan de más de 150 detenciones. Otras minorías, como los árabes ahwazíes y los azerbaiyanos, también han sido blanco de ataques.

El régimen ha paralizado la comunicación digital a través de apagones de internet y sistemas de GPS desactivados en las principales ciudades. La vigilancia ha aumentado drásticamente, con el registro de teléfonos móviles en los puestos de control y la actividad en las redes sociales utilizada como prueba de “traición”. 

Quizás lo más asombroso es la campaña de deportaciones masivas del régimen. Más de 600.000 migrantes afganos han sido expulsados desde la guerra, y algunas estimaciones sugieren que el recuento final de 2025 puede superar el millón. Los medios estatales iraníes han incitado el sentimiento xenófobo para desviar la ira interna, y los niños representan casi una cuarta parte de los deportados.

La ruina económica y la revuelta del pan

Paralelamente a esta represión política, la economía de Irán está en caída libre. La guerra aceleró una crisis que se venía gestando durante décadas. Infraestructuras clave, yacimientos petrolíferos y activos militares fueron destruidos o gravemente dañados por los ataques israelíes. Las exportaciones de petróleo cayeron un 94 % durante el conflicto, lo que le costó a Teherán aproximadamente 1.400 millones de dólares en ingresos perdidos. El PIB de Irán ha disminuido de 401.000 millones de dólares en 2024 a un estimado de 341.000 millones de dólares este año, mientras que la inflación supera ahora el 43 %.

Pocos símbolos ilustran el colapso más vívidamente que el pan. Entre febrero y junio, el precio de los panes industriales subió un 84 %. Una simple baguette ha más que duplicado su precio. Desde la guerra, los panes tradicionales se han vuelto casi inaccesibles para muchos iraníes, con el racionamiento impuesto en provincias como Gilan y Kermanshah y largas colas serpenteando alrededor de las panaderías. Desesperadas, algunas familias han cruzado a Irak para comprar pan.

Las causas son múltiples: el caótico sistema de pan digital “Nanino” del régimen retrasó los pagos a los panaderos; los cortes de energía generalizados destruyeron las existencias de masa; y los daños a la infraestructura relacionados con la guerra interrumpieron las entregas de harina. Los panaderos de todo Irán, en Isfahán, Mashhad, Kerman, Shahin Shahr y otros lugares, iniciaron huelgas en mayo y junio, en protesta por las promesas incumplidas del régimen y las duras condiciones de trabajo. En Saqqez, las fuerzas de seguridad arrestaron al líder del sindicato local de panaderos y a otras diez personas durante una huelga en toda la ciudad. En respuesta, los panaderos devolvieron en masa los equipos de propiedad estatal, lo que indica un colapso total en partes de la cadena de suministro de alimentos.

El costo de la guerra

Más allá de la visible represión y las dificultades económicas, la guerra dejó a Irán militarmente expuesto y financieramente vacío. El régimen lanzó 591 misiles balísticos durante el conflicto, gastando unos 4.700 millones de dólares, fondos que se necesitaban desesperadamente para alimentos y medicinas. Sin embargo, este despliegue militar no logró disuadir a la disidencia. En lugar de movilizar el apoyo público, profundizó el abismo entre el régimen y la sociedad.

En Teherán, el mercado bursátil perdió 600.000 millones de tomans en un día después del alto el fuego. La inflación ha dejado sin sentido los salarios. El rial, ya débil, se ha desplomado más allá del umbral psicológico de 1 millón por dólar. La pobreza se ha disparado: casi un tercio de los iraníes —más de 32 millones de personas— viven por debajo del umbral de la pobreza. Los alimentos básicos, como el pan y la carne, están ahora fuera del alcance de muchas familias.

Mientras tanto, los cortes de energía han paralizado la vida cotidiana. Los servicios bancarios se vieron interrumpidos, y algunas panaderías no pudieron aceptar pagos con tarjeta, lo que provocó compras de pánico. Las huelgas laborales, especialmente en los sectores público y de transporte, están aumentando. La desilusión se está extendiendo rápidamente, especialmente entre la otrora boyante clase media iraní.

Un régimen en crisis, una sociedad asediada

La trayectoria del régimen iraní en la posguerra refleja un cálculo claro: es incapaz de gobernar a través de la legitimidad o la prosperidad, por lo que recurre al miedo. La maquinaria represiva del Estado se ha puesto a toda marcha, con la esperanza de extinguir cualquier chispa de disidencia. Sin embargo, la brutal respuesta del régimen a las huelgas, la disidencia política y los agravios de las minorías no revela confianza, sino fragilidad.

El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) ha pedido que se tomen medidas internacionales inmediatas para salvar las vidas de las personas condenadas a muerte y garantizar la liberación de todos los presos políticos. El Consejo de Seguridad de la ONU, la UE y los organismos internacionales de derechos humanos deben responder a este llamamiento con urgencia. El silencio del mundo equivaldría a la complicidad en la tragedia que se está desarrollando.