El comienzo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa no ha tenido una suficiente repercusión mediática, a pesar de que fue uno de los anuncios que hizo la presidenta Úrsula von der Leyen al presentar el programa de su actual mandato. Lo que cabe preguntarse es su relevancia, tanto desde el punto de vista del avance comunitario como en la percepción de los ciudadanos de su papel en dicho proceso.
Los avances en la integración económica se han producido, frecuentemente, antes de que el armazón institucional europeo esté preparado para hacer frente a las necesidades que ésta supone. Así pasó cuando se firma el Tratado de Roma y se crea el Mercado Común Europeo. Hasta principios de la década de los noventa, tras el Acta Única, no fue posible poner las bases para que pudieran ponerse en marcha todos los elementos (movilidad de capitales, libre circulación de productos, sin barreras no arancelarias) para funcionase adecuadamente lo que pasó a denominarse el Mercado Interior. No fue distinto con la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
La crisis financiera que se inició en 2007 puso de manifiesto las vulnerabilidades de la UEM para enfrentarse a un “shock asimétrico” e, incluso, a los efectos asimétricos de una crisis que no sólo tuvo carácter mundial, sino que afectó, precisamente, a las bases del sistema financiero europeo. La respuesta a esta crisis fue lenta y supuso, además, tomar decisiones que contradecían lo acordado hasta entonces sobre el funcionamiento de la UEM. Ni los Estatutos del BCE ni el Tratado de Maastricht habían tenido en cuenta situaciones que pudieran dar lugar a los rescates (empezando por Grecia) o al anuncio de Draghi en 2012 de que “haría todo lo necesario”. No obstante, las medidas de política monetaria “no ortodoxas” tomadas entonces fueron acertadas y, en realidad, acordes con el mandato en un sentido amplio, puesto que preservó la unión monetaria. Los cambios adoptados se basaron más en la búsqueda del culpable y en establecer soluciones intergubernamentales que en avanzar hacia políticas comunes que resolvieran las insuficiencias. De hecho, antes se modificaron las constituciones de los países de la Eurozona que los propios Tratados.
La crisis financiera puso de manifiesto, por un lado, las debilidades en la gobernanza de la UEM y, por otro, que era incompleta, puesto que la unión bancaria y la unión fiscal eran elementos imprescindibles para equilibrar el acuerdo político con las necesidades de funcionamiento económico.
Desde el punto de vista de la gobernanza, es innegable que entre 2011 y 2012 se reforzó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), diseñando medidas de política fiscal (el paquete de seis medidas, seguido por el de dos, así como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza o TECG). Esto sirvió para incluir, además, otros indicadores de desequilibrios macroeconómicos, que incorporaban, junto al déficit y la deuda pública acumulada, otras variables cuya evolución cabe seguir, como el desempleo, el saldo por cuenta corriente o la evolución del crédito. El nuevo mecanismo de coordinación, el Semestre Europeo, ha mejorado sustancialmente la gobernanza, aunque, cabe insistir, desde un enfoque más intergubernamental que comunitario.
En cuanto a la propia estructura de la UEM, ya la Comisión Barroso lanzó un plan para crear una verdadera UEM, apoyada luego por el Consejo y formulando lo que se acabaría denominando “El Informe de los 5 Presidentes” (al incluir, además, a los del Parlamento Europeo, Banco Central y Eurogrupo) estableció una “hoja de ruta”.
Desde entonces, y teniendo en cuenta que fue el sistema bancario europeo la primera víctima de la crisis financiera, se aceleró el primero de los dos elementos, la unión bancaria. A este respecto, de los tres componentes de que consta (un mecanismo único de resolución, un mecanismo único de supervisión y un fondo de garantía de depósitos, también común) sólo ha sido posible completar los dos primeros. El obstáculo se encuentra, como en otros elementos de la UEM, en la mutualización de riesgos, es decir, en el uso de fondos comunes para hacer frente a crisis en uno o varios de los países miembros, sin incluir necesariamente el propio.
Es más complejo el avance en la unión fiscal. En el “Informe de los 5 Presidentes”, tras una etapa de estabilización de las políticas fiscales, se propone, entre 2017 y 2025, continuar profundizando en la convergencia europea, con el objetivo de llegar a crear un “Tesoro europeo”, para lo cual es necesario realizar importantes cambios instituciones y legales. Desde entonces, tanto la Comisión como diversos grupos de trabajo han realizado diversas formulaciones, que difieren en el papel y el plazo necesario para que dicho Tesoro entre en funcionamiento.
Respecto a los elementos de que debería constar una unión fiscal, el primero de ellos sería la existencia de reglas y coordinación, de las que disponemos a través del PEC y del TECG. El segundo de ellos, debería ser un mecanismo de gestión y resolución de crisis. El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) cumple ya el primer papel, pero para la resolución de las crisis debería tener la capacidad de reestructurar la deuda, de ser esto necesario. El tercer elemento, la unión bancaria, está también avanzado, a falta de configurar y dotar el fondo de garantía de depósitos. Son los últimos componentes de la unión fiscal los más complicados de acordar: la creación de un fondo de estabilización o mecanismo de mutualización de riesgos (por ejemplo, para hacer frente al desempleo o para suavizar el ciclo económico) y la emisión conjunta de bonos para contribuir a financiarlo. 
Por todo ello, cuando la nueva Comisión Von der Leyen inaugura su mandato a finales de 2019, estos cambios son no sólo necesarios, sino relativamente urgentes. Al convocar la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en su segundo objetivo (“una Europa social, sostenible, creativa y próspera”) el punto 3 se denomina “La profundización de la UEM para asegurar la consistencia de las prioridades de la UE y dar pasos concretos hacia una genuina Unión Fiscal”. Cuando así se formuló, se trataba de dar continuidad al anterior proceso, pero, desde un punto de vista político, ni la Conferencia es suficiente para lograr un cambio en los Tratados (se necesita una Convención) ni estaban cerca las posiciones sobre cuándo y cómo hacerlo.
Las perspectivas con las que se afronta este tema dentro de la Conferencia son ahora distintas, puesto que, con la crisis generada por la pandemia, la solución adoptada tiene un carácter muy diferente a la de la crisis financiera. El Plan de Recuperación para Europa conocido como “Next Generation EU”, se basa en las instituciones europeas, en lugar de en un acuerdo intergubernamental. Por primera vez se habilita a la Comisión Europea para financiarse en los mercados internacionales, constituyendo el posible embrión de un “Tesoro europeo”. Además, la concentración de los recursos en los países más afectados por la pandemia le dan, de facto, un carácter de fondo de estabilización, con capacidad para mutualizar los riesgos generados.
El reto es que la Conferencia logre, desde el punto de vista económico, consolidar lo pactado al crear el Plan de Recuperación de Recuperación, de manera que se traslade al plano institucional y a los Tratados. Ese es el reto, pero también la esperanza que en ella depositamos.
Mariam Camarero, catedrática de Economía y catedrática Jean Monnet ad personam. Universidad Jaume I de Castellón.