Una semana después del estallido del caos en Kazajistán, el ruido que ensordeció al vasto país centroasiático y descolocó por completo a la comunidad internacional reduce decibelios a medida que se van conociendo nuevos datos. Las violentas manifestaciones iniciadas en la localidad de Janaozén, próxima al mar Caspio, y que se propagaron con celeridad por todos los rincones del país hasta arrasar las ciudades de Almatý, el epicentro económico y cultural, y Nur-sultán, la capital del Estado, parecen remitir ante el blindaje de las Fuerzas de Seguridad y las palabras del presidente Kasim-Yomart Tokáyev, quien ordenó “disparar a matar” a los manifestantes sin previo aviso.
El propio Tokáyev estrenó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza militar del espacio postsoviético liderada por Rusia, a la que solicitó refuerzos para hacer frente a la rápida propagación de las movilizaciones y los fuertes disturbios. Una petición concedida por Putin, quien aprobó el envío de 3.800 efectivos. Aunque la cooperación entre ambos líderes no se ha detenido ahí. Tokáyev ha informado este sábado a su homólogo ruso del avance de la crisis, de la que asegura se dan visos de “estabilización”, y ambos negocian la celebración de una cumbre.
Los violentos enfrentamientos protagonizados por las autoridades y los manifestantes se han saldado con más de 40 muertos, 800 heridos y 4.400 detenidos. Unas cifras que irán en aumento en las próximas horas y que ilustran la magnitud de los hechos, en lo que son ya las mayores protestas en tres décadas, desde que Kazajistán declarara su independencia en diciembre de 1991 –siendo la última de las repúblicas soviéticas en hacerlo–. Entre los fallecidos se cuentan al menos 18 agentes de seguridad y un menor de 11 años. Y la quema de vehículos, así como el asalto de edificios gubernamentales, han sido una constante.
Un manto de incógnitas cubre aún la crisis kazaja. ¿Cómo las protestas en una empobrecida ciudad ubicada al sureste del país han trascendido hasta expandirse a lo largo y ancho de Kazajistán registrando semejantes cotas de violencia? Las causas que explican el creciente hartazgo de la población no son nuevas, sino que responden a una larga tradición de corrupción, nepotismo y desigualdades por parte de las élites gobernantes en uno de los países más ricos de Asia Central, con grandes reservas de hidrocarburos y minerales, y localizado en un área estratégica privilegiada que sirve de nexo entre Europa y Asia.
En la punta del iceberg destaca la subida exponencial de los precios del gas licuado, cuyo valor se multiplicó por dos en un solo día. Los planes del Gobierno pasaban por eliminar de forma gradual las subvenciones a los precios de este combustible, utilizado por el 80% de los vehículos de la región de Mangistau. Una medida que el presidente Tokáyev ordenó revertir antes de disolver el Ejecutivo al calor de las protestas. Y es que, a pesar de las ingentes reservas energéticas del país centroasiático, la vida fuera de los grandes núcleos poblacionales se caracteriza por unas condiciones precarias.
Tokáyev se ha eximido de toda responsabilidad y ha ordenado reprimir con dureza la acción de los manifestantes, a los que cataloga como “terroristas” y “gánsteres entrenados”, al tiempo que denuncia la injerencia exterior. Sin embargo, sus decisiones en el marco de la crisis evidencian una fractura en el seno del régimen y dejan entrever las diferencias existentes entre la élite política kazaja, cuyos centros de poder recaen sobre las figuras del actual mandatario y del expresidente y “padre de la patria” Nursultán Nazarbáyev, el ex apparatchik soviético de 81 años que da nombre a la capital, antes conocida como Astaná.
Y es que una vez comenzó la crisis, el presidente Tokáyev le destituyó al frente del Consejo de Seguridad, un cargo que ostentaba desde marzo de 2019, cuando cedió el poder de forma voluntaria al actual presidente. Pero nunca se marchó del todo. De hecho, en octubre trascendió un documento firmado por el propio Nazarbáyev que le permitía vetar los principales nombramientos en las áreas de política y seguridad del país. Una capacidad que limitaba la acción de Tokáyev, cuyo mandato de cinco años se hizo validar en las urnas amasando el 71% de los votos, en unos comicios fraudulentos.
Los expertos sostienen que el expresidente Nazarbáyev estaría tratando de controlar a su sucesor, designado por él mismo, ante una serie de decisiones políticas que se desprenden de su línea y disgustan tanto al antiguo líder como a su entorno más próximo. Un manejo en las sombras que Tokáyev trata de revertir cribando las instituciones y expulsando de ellas a los perfiles cercanos al exmandatario, a los que acusa de instigar las violentas protestas que se han desatado en el país. Solo así se explica la detención del exjefe del Comité de Seguridad Nacional (CSN), los servicios de inteligencia kazajos, acusado de alta traición.
Karim Masimov dirigía hasta el pasado 5 de enero el organismo, cuando fue destituido de su cargo junto al Gobierno. El comunicado emitido por el CSN donde se informa de su arresto añade que la detención del que fuera primer ministro ha ido acompañada del arresto de otros altos cargos de la inteligencia kazaja, entre los que se encuentra el vicesecretario del Consejo de Seguridad, Azamat Abdimomunov. Masimov ha sido acusado de ocultar la existencia de campos de entrenamiento en los que se habrían formado los integrantes de las protestas, así como de organizar un golpe de Estado.
Masimov ha sido el jefe de Gobierno que más tiempo ha ocupado el cargo, de 2007 a 2012 y de 2014 a 2016. Todo ese tiempo bajo la presidencia de Nazarbáyev, unos hechos que dan por sentada su lealtad al fundador de la patria. Su futuro, sin embargo, podría verse alejado de los pasillos de Palacio, ya que el artículo 175 del código penal computa el delito de alta traición con 15 años de prisión. Un golpe de efecto en esta hipotética contienda por el poder.
Pese a los rumores que le situaban fuera del país, Aidos Ukibai, el portavoz de Nursultán Nazarbáyev, ha relevado que este no ha abandonado Kazajistán y que se encuentra en la capital. Desde ahí mantiene el contacto con su sucesor pese al ostensible desencuentro entre ambos y su acuciante descrédito ante la opinión pública. Los gritos de “viejo, vete” coreados durante las protestas señalan a un líder otrora carismático que encabeza una cleptocracia. Su hija mayor controla alrededor del 90% de los medios de comunicación kazajos y otra de sus hijas hace lo propio con las empresas de construcción. Dos de las integrantes de una extensa nómina de oligarcas que asfixian al país.
