Un informe presentado el pasado 23 de septiembre por la Misión Internacional de Investigación de la ONU asegura que hay un patrón en la violación de derechos humanos y crímenes en Venezuela. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El canciller del país sudamericano, Jorge Arreaza, asegura que el documento está “plagado de falsedades”, razón por la que el Gobierno de Venezuela ha presentado un estudio paralelo esta semana.
El documento de la ONU, al que ha tenido acceso Atalayar, señala que, desde el año 2014, se han cometido “crímenes de lesa humanidad” por parte de las autoridades venezolanas y los efectivos de los cuerpos de seguridad estatales. Los delitos señalados van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias hasta la propia tortura, en una serie de 223 casos que la Misión investigó durante meses a pesar de no haber podido viajar a Venezuela. El resultado de estas pesquisas es un detallado informe que el régimen de Maduro se ha apresurado a calificar de falso.
El chileno Francisco Cox, miembro de la Misión, declaró que el equipo encontró evidencias de que Maduro había informado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando o en ocasiones dando órdenes directas”, afirmó. Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.
Ante el rechazo del informe de la ONU, el embajador venezolano ante la institución, Samuel Moncada, entregó este viernes al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, un informe sobre los derechos humanos en el país que supone la réplica del régimen de Maduro a las acusaciones vertidas por la Misión. "Entregamos al secretario general el documento 'La Verdad de Venezuela contra la Infamia' con pruebas de la manipulación hecha por autores que nunca fueron a Venezuela y sirvieron a propósitos distintos al equipo ONU de derechos humanos que sí trabaja en el país", escribió Moncada en Twitter.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, explicó al presentar el informe que ese reporte alternativo se basa en acciones judiciales tomadas por las distintas instancias venezolanas en los últimos tres años contra violadores de derechos humanos y que fue constituido tomando en cuenta el punto de vista de activistas que defienden esta materia en el país.
Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, culpó de la crisis de Venezuela a la Administración de Donald Trump y a sus aliados en el tablero internacional y pidió una vez más el fin de las sanciones. Respecto al informe, no reconoció que se hubiera cometido ningún error. Reivindicó su gestión de la emergencia sanitaria del coronavirus y evitó hacer autocrítica, aunque concedió que la migración masiva de venezolanos se debe a razones económicas.
Mientras tanto, el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como jefe de Estado Interino de Venezuela por alrededor de 60 países, solicitó acciones directas a los Gobiernos que le apoyan, dado que entiende agotada la vía de la negociación. “Hoy les pido a todos los representantes de Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, afirmó.
Guaidó también se refirió al informe al repasar el trabajo de las fuerzas contrarias al chavismo y de la Asamblea Nacional para denunciar los abusos de las autoridades. Calificó de “insólito” que el Gobierno de Maduro siga ocupando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en este mismo momento.
Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de letalidad policial. El texto de la Misión recoge 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional consideró un hito el respaldo de la ONU a miles de víctimas. “Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, quien exhortó a renovar el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. “No hacerlo sería darles la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia”, dijo.
La misión de Naciones Unidas en el país latinoamericano concluye que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”. El informe también recoge como una práctica sistemática la persecución por filiación política, que llevó a detenciones arbitrarias, con desapariciones forzosas por períodos cortos de tiempo y actos de tortura que, según las investigaciones de la ONU, “se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil”.
El documento emite 65 recomendaciones a Venezuela y a la comunidad internacional. Exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los individuos señalados en el informe y pide al Consejo de Derechos de la ONU continuar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en el país sudamericano.
