La industria farmacéutica en Estados Unidos en el punto de mira por la crisis de los opiáceos
La crisis de los opiáceos que no cesa en Estados Unidos empieza a pasar factura a los que muchos consideran responsable de la misma, la industria farmacéutica. Esta semana un juez obligaba a la farmacéutica multinacional Johnson & Johnson, la más grande en el mundo, a pagar más de 572 millones de dólares a las víctimas por su papel en la epidemia en el estado de Oklahoma. Según el Gobierno estatal, el consumo de opiáceos vendidos en farmacias, además de las ilegales, ha causado allí más de 6.000 muertes en las últimas dos décadas.
Días después, medios estadounidenses informaron de que otro gigante farmacéutico, Purdue Pharma, negociaba un nuevo acuerdo extrajudicial, de unos 12.000 millones de dólares, para compensar a víctimas de la epidemia relacionada con estas sustancias e intentar cerrar así miles de litigios en su contra por agravar la epidemia de los opiáceos en el país. De esta forma, la empresa, al igual que otras muchas farmacéuticas involucradas en la crisis de los opiáceos, pretende evitar una batalla legal imprevisible sobre una epidemia que supone uno de los retos de salud más grande a los que se enfrenta el país.
La adicción a los opiáceos fue declarada una emergencia de salud pública en EEUU hace dos años. El abuso de fármacos opiáceos contra el dolor, junto a alternativas ilegales como la heroína, mató en 2016 a 42.000 personas en EEUU lo que supone un 28% más que en 2015 y cinco veces más que en 1999, según datos oficiales. EEUU "está pagando" ahora con una grave crisis de opiáceos el uso durante años de medicamentos paliativos para hacer frente al dolor en los hospitales, que ha convertido al fentanilo en la principal droga vinculada a muertes por sobredosis en el país, opinaba en una entrevista con Efe el psiquiatra español y director del Grupo de Médicos Afiliados de Nueva York (Pagny, por sus siglas en inglés), Luis Rojas-Marcos.
El fallo contra Johnson & Johnson, y el acuerdo de Puerdue Pharma, aumenta la probabilidad de que otros fabricantes de drogas intenten resolver algunos de los miles de casos similares en su contra de manera extrajudicial. En Estados Unidos, muchos creen que los eventos de esta semana escenifican la culpabilidad de la industria farmacéutica en la creación de la crisis y responsabilizan a las compañías de causar miles de muertes y adicciones.
El juez de distrito del condado de Cleveland (Oklahoma), Thad Balkman, acusó a Johnson & Johnson de causar un perjuicio público al inundar el estado con opiáceos, presionar a médicos a recetar opiáceos y minimizar los riesgos de adición a esos fármacos (incluso mientras aumentaba el número de muertos). Aún así, muchos creen que la multa impuesta a Johnson & Johnson no fue tan alta como se temía. El fallo fue mucho menor que los 17 mil millones de dólares que el demandante, el republicano Mike Hunter, fiscal general de Oklahoma, había argumentado que era el costo total de la crisis cuando presentó, en 2017, una demanda contra tres grandes farmacéuticas -J&J, Purdue Pharma y Teva- acusándolas de causar dicho perjuicio público.
En el caso de las otras dos empresas demandadas por el fiscal general Hunter, los litigios se resolvieron de manera extrajudicial. A finales de marzo Purdue Pharma acordó el pago de 270 millones de dólares al estado de Oklahoma por su presunta responsabilidad en la crisis de salud que ha asolado Estados Unidos. Por su parte, en mayo Teva acordó pagar 85 millones de dólares al estado de Oklahoma días antes de que la compañía se enfrentase a un juicio por su presunta responsabilidad en agravar la crisis de los opiáceos. En 2017, cuando Oklahoma presentó esta demanda, hubo una oleada de acciones judiciales similares presentadas por los estados del país más afectados por la epidemia de opiáceos, como Texas o Misuri, entre otros.
El juez Balkman dijo en su sentencia dijo que "la crisis de los opiáceos ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato" y que las "campañas de marketing falsas, engañosas y peligrosas de la compañía han provocado un aumento exponencial de las tasas de adicción y muerte por sobredosis" y crearon un perjuicio público en el estado según la decisión escrita. Los recursos económicos abonados por las compañías se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción de la población en Oklahoma y al pago de los gastos legales de la contienda, según medios locales.
La empresa farmacéutica, que niega las acusaciones, ya ha anunciado que planea apelar la decisión. Su abogado cuestionó la aplicación de la ley de "perjuicio público" hecha por los fiscales de Oklahoma y argumentó que las autoridades estatales habían "malinterpretado" la ley. Con todo, el consenso científico, no avalado por la industria, cree que los medicamentos eran tan adictivos que generaban dependencia, aunque la industria farmacéutica pagó "estudios contaminados", dice Rojas-Marcos, que aseguraban lo contrario.
Este era un fallo judicial muy esperado por las grandes farmacéuticas, dado que hay cientos de reclamaciones similares contra empresas farmacéuticas en más de cuarenta estados del país, además de una demanda federal que suscribieron más de 2.000 ciudades y condados. La aplicación de la ley de "perjuicio público" hecha por el juez de Oklahoma contra empresas farmacéuticas por su rol en la crisis de los opiáceos, visto como una estrategia legal de alto riesgo, hizo que muchos demandantes a lo largo del país celebraran la decisión. "Más de 45 estados y 2,000 gobiernos locales esperan ganar miles de millones de dólares en veredictos con los mismos argumentos", según Bloomberg.
En ese sentido, se cree que muchas empresas farmacéuticas seguirán los pasos que está dando Purdue Pharma esta semana y buscará negociar acuerdos extrajudiciales para cerrar miles de litigios, como la de los 12.000 millones de dólares recién conocido. Purdue Pharma se reestructurará a través de una bancarrota con la que dejará de ser una empresa privada y se convertirá en un fondo de beneficio público, que seguirá vendiendo el inventario de la compañía y además ofrecerá sin costo tratamientos antiadicción como buprenorfina o naxolone.
En octubre se celebrará ante un juez federal en Cleveland (Ohio) un juicio en el que se han unido más de dos mil demandas en todo el país, de un total de 2.500 presentadas, de municipios, condados, estados contra veintidós compañías que fabrican o distribuyen los opiáceos. Joe Rice, abogado principal del demandante para municipios en el litigio federal, dijo que si el fallo de Oklahoma se extrapolara a otros estados, podría significar una reducción anual de costos para las empresas farmacéuticas de alrededor de 38 mil millones de dólares". "Indica que si estoy en el negocio farmacéutico, tengo que pensar mucho sobre los pagos anuales de la parte que me toca de eso", dijo según Reuters.
Según algunas informaciones, la semana pasada, otras dos farmacéuticas, Endo International y Allergan, también acordaron pagar 15 millones de dólares para evitar ir a dicho juicio en octubre, en el caso que se dará en dos condados de Ohio, que aún está sujeto a la aprobación de la corte, por lo que la confirmación podría llegar en las próximas semanas.
El acuerdo con Purdue Pharma incluiría la salida de la compañía de sus propietarios, la defenestrada familia Sackler, que la adquirió en 1952. Purdue Pharma introdujo en el mercado estadounidense el opiáceo altamente adictivo OxyContin en 1996, punto de inicio de una crisis que en las dos últimas décadas ha matado a cientos de miles de personas.
Algunos abogados de los demandantes han comparado los casos de opiáceos con los litigios de los estados contra la industria tabacalera que llevaron a un acuerdo de 246 mil millones de dólares en 1998, dice Reuters.
Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), las sobredosis relacionadas con los opiáceos en el país se saldaron con más de 47.000 muertes en 2017, de las cuales un 36 % incluye drogas que habían sido suministradas con receta médica.
