¿Qué es la Directiva Whistleblowing?
La protección de los derechos de los ciudadanos ha sido uno de los principales objetivos de la Unión Europea en materia de legislación. En una etapa donde en algunas regiones del mundo se ponen en duda determinadas libertades, la zona comunitaria camina en otra dirección, de acuerdo a las premisas de su creación, y en ese sentido nace la Directiva Whistleblowing. Es una iniciativa que tiene como objetivo proteger la identidad de quienes denuncien posibles infracciones que se produzcan como consecuencia de las políticas de la UE o de otros organismos públicos.
Esta medida pretende crear una canal de denuncias que garantice el anonimato del denunciante, que se expone a un riesgo personal cuando pone en conocimiento de la justicia las supuestas irregularidades en las políticas públicas. La idea central es proteger la identidad y los datos personales de las personas para que estas pierdan el miedo a denunciar posibles casos de corrupción y otras situaciones injustas. Las represalias sobre el denunciante responden a una posibilidad que la UE pretende eliminar por completo mediante esta medida. El sistema, además, busca facilitar el proceso de la denuncia y automatizar pasos, a fin de configurar un canal sencillo y directo de los ciudadanos con la Justicia.
No hay que olvidar que muchos de los casos de corrupción que han salpicado a la política española durante las últimas décadas han salido a la luz gracias a la información de personas implicadas o testigos; y esta nueva norma quiere protegerlos, con el fin último de conseguir el funcionamiento correcto de la sociedad.
La Directiva Whistleblowing en España
El Whistleblowing entró en vigor en diciembre de 2021, si bien no todos los países han desarrollado los mecanismos correspondientes para llevarla a cabo. Uno de ellos es España, que se encuentra inmerso en su aplicación. El Anteproyecto de Ley incluye la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante, que tendrá capacidad sancionadora, función que tiene como objetivo a aquellos que tomen represalias contra los informantes o vulneren su confidencialidad o anonimato. El valor de las sanciones se establece entre 10.000 y un millón de euros. Otra de las consecuencias que esta normativa europea ha tenido en España es la instalación, obligada por la Ley, de un canal de denuncias anónimo en todas aquellas entidades públicas que tengan al menos 50 trabajadores o que facturen un volumen anual de 50 millones de euros; así como en todas las entidades financieras.
Tipos de canales de denuncia
Los canales de denuncia que propone la Directiva Whistleblowing pueden ser internos o externos. Los primeros hacen referencia a aquellos que tienen que ser instalados por la propia organización. Incluyen cuestionarios y permiten la gestión de denuncias en las que se pueden aportar información adicional. El formato externo excluye a las empresas de la responsabilidad, pues esta recae sobre los Estados de la Unión Europea. Cada país tiene la obligación de poner a disposición de los ciudadanos las herramientas y las vías de contacto necesarias para la formulación de denuncias. Este proceso incluye, además, la creación de los organismos correspondientes para garantizar el buen funcionamiento.
