La seguridad energética de China: geopolítica y transición energética

PHOTO/FILE - Xi Jinping, presidente de la República Popular China
PHOTO/FILE - Xi Jinping, presidente de la República Popular China

Este documento es copia del original que ha sido publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el siguiente enlace.

En 2010 la Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó que China se había posicionado como primer consumidor de energía del mundo, superando a otras potencias como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea. La política de reforma económica y apertura al exterior iniciada por Deng Xiaoping en 1978 había incrementado progresivamente la demanda energética china, especialmente a partir de 2001, cuando Pekín consiguió ingresar en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En la actualidad la dinámica sigue la misma tendencia. China ha sido el país que más ha contribuido al crecimiento de consumo energético mundial, empleando alrededor del 24 % de la energía global. No obstante, en esta coyuntura se presenta un gran problema relacionado con la seguridad energética: su dependencia de la importación de petróleo, gas y otros recursos del exterior.

Por este motivo, Pekín se ha visto obligado a elaborar una política energética más ambiciosa que le permita abrir nuevas y seguras vías de abastecimiento, mitigar su dependencia, estimular la producción de energías renovables y obtener derechos de explotación para sus empresas estatales tanto en China como en el resto del mundo.

¿Qué es la seguridad energética?

En las últimas décadas la seguridad energética ha cobrado especial relevancia dentro de las relaciones internacionales, la geopolítica y la seguridad nacional. El agotamiento de los recursos tradicionales, el aumento del consumo energético mundial y las previsiones demográficas, industriales, económicas y medioambientales no hace más que fortalecer esta dinámica. No obstante, pese a su creciente importancia, no se ha elaborado una definición unánime sobre el concepto de seguridad energética1. Esto es consecuencia, principalmente, de las políticas energéticas adoptadas por cada Estado, las cuales se planifican y ejecutan en base a sus necesidades y características2.

Si bien las definiciones son múltiples, el punto de partida habitual viene dado por la visión clásica de la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), que define la seguridad energética como la «disponibilidad ininterrumpida de las fuentes de energía a un precio asequible». Sin embargo, el nuevo panorama internacional ha empujado a los académicos a desarrollar una óptica contemporánea que tenga en consideración otras disciplinas.

Podemos encontrar un punto de inflexión en el marco de la evaluación de cuatro dimensiones o «4As» —availability, affordability, accesibility and acceptability— formulada por The Asia Pacific Energy Research Centre (APERC)3, que también pone el acento en la geopolítica o el medioambiente. Desde esa perspectiva, una de las premisas de la seguridad energética ha sido la de garantizar el suministro de energía a largo plazo, atendiendo a esas cuatro dimensiones: disponibilidad (analiza la cantidad de reservas existentes por cada recurso y su suministro), asequibilidad (atiende a los costes derivados de la energía y las infraestructuras), accesibilidad (tiene en cuenta elementos geopolíticos y los desafíos a los que se enfrentan los países para tener acceso a los recursos) y aceptabilidad (incide en los efectos medioambientales ocasionados por la producción de energía). Otros autores han introducido una nueva dimensión (5As), accommodation, que consiste en añadir a las cuatro mencionadas, la dimensión de la adaptabilidad de la tecnología. 

Siguiendo esta línea, la seguridad energética ha de entenderse como un concepto multidimensional que combine los campos de la seguridad, defensa, la economía y las relaciones internacionales y que haga énfasis no solo en aspectos materiales, sino también en los inmateriales —p. ej. la gestión del conocimiento—4. En este escenario, los Estados buscan garantizar su independencia y resiliencia, así como reducir su vulnerabilidad frente a los países productores. Daniel Yergin también indica que la visión clásica de la seguridad energética es demasiado limitada y apuesta por añadir a la ecuación las relaciones entre los Estados, los cambios del comercio mundial de la energía, las vulnerabilidades de las cadenas de suministro, el terrorismo, la provisión de información y la integración de las economías emergentes en el mercado mundial5.

La importancia de la geopolítica energética

¿Qué es y cómo se mide la seguridad? Dar respuesta a esta pregunta no es tarea sencilla. El concepto de seguridad tiene un importante trasfondo subjetivo que se calcula en base a las percepciones e intereses de cada Estado. Sea como fuere, lo que es evidente es la elevada influencia que tiene el contexto internacional en la seguridad energética. En este escenario tan cambiante, a juicio de Gonzalo Escribano, para medir la «sensación» de seguridad hay que prestar atención a las relaciones políticas entre productores, consumidores y los países de tránsito, así como al nivel de conectividad desarrollado por un Estado6. La interconexión permite, por un lado, abrir nuevas vías de suministro y, por ende, reducir la dependencia de una fuente energética y, por otro, aumentar la presión frente a un país exportador en caso de interrupción a medida que las infraestructuras energéticas transitan por más países.

La vulnerabilidad, continúa Escribano, se presenta como uno de los mayores retos a los que tiene que hacer frente la política energética de un país importador. Para poder rebajarla, existen diferentes líneas de acción: diversificar el suministro con variedad de vías y fuentes, gestionar eficazmente la energía, fomentar los lazos comerciales, garantizar una reserva energética nacional para situaciones de emergencia, elaborar una diplomacia orientada a mejorar las relaciones con todos los agentes que forman parte del sector o la protección de empresas estatales.

Los Estados consumidores, por lo tanto, están obligados a confeccionar una estrategia energética para satisfacer sus necesidades e intereses nacionales en lo que se puede llamar como geopolítica energética. Este concepto combina acciones políticas, diplomáticas, militares y financieras y, conforme a Ole Gunnar Austvik y Gülmira Rzayeva, debe formularse teniendo en cuenta diferentes factores como las reservas naturales propias y ajenas, su disponibilidad, quién las controla, su costo, las rutas terrestres y marítimas, etcétera7.

Evolución de la política energética en China

Durante los primeros años de República Popular, entre 1950 y 1978, el sector energético chino estuvo fuertemente controlado por el Partido Comunista de China (PCCh) a través de la Comisión Estatal de Planificación. Mao Zedong decidió importar el rígido modelo económico soviético y acaparó a finales de 1951 el 100 % de la producción de petróleo y carbón, así como el 76 % de la energía eléctrica8.

Por aquel entonces el consumo nacional se basaba especialmente en carbón y otros combustibles sólidos como la madera o desechos vegetales. Las grandes reservas existentes en el país permitían satisfacer la creciente demanda energética en la industria, la agricultura y el sector residencial9. El petróleo, por lo tanto, permaneció en segundo plano al menos hasta 1959, cuando se descubrió el yacimiento de Daqing, ubicado entre las fronteras de Mongolia, Rusia y Corea del Norte. Este campo permitió extraer en 1963 más de 86.000 barriles de crudo por día, lo que equivalía aproximadamente al 60 % de la producción total de China.

El hallazgo convirtió al gigante asiático en un país exportador de petróleo en una etapa, entre 1963 y 1970, marcada por la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y el aislamiento internacional. La venta de oro negro, junto con el carbón, facilitó la vital importación de bienes y tecnología del extranjero que años atrás procedía de Moscú.

No obstante, el escenario energético chino cambió drásticamente a partir de 1978. Pekín decidió concentrarse en el pragmatismo económico, liberalizó parcialmente numerosos sectores, entre ellos el energético, convirtió al país en la gran fábrica del mundo y mejoró notablemente el nivel de vida de la población. Conforme al crecimiento progresivo, China aumentó su producción de carbón y petróleo hasta casi 1.500 millones de toneladas y más de 4,6 millones de barriles de crudo por día, respectivamente, en el 2000.

Con la entrada del nuevo siglo las autoridades chinas vieron la necesidad de realizar una metamorfosis energética para articular una nueva estrategia nacional que satisficiera el consumo de un país cada vez más superpoblado e industrializado. En 2008 y 2010 respectivamente, se fundó la Administración Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Energía para comandar la coordinación y elaboración de las estrategias energéticas. Estos dos órganos fueron los encargados de formular el duodécimo plan quinquenal energético en 2011, el cual destaca por la trascendencia de la geopolítica energética y la «diplomacia del petróleo»10.

El documento se centró en cuatro principales líneas de actuación. Primero, intensificar la exploración y producción de energía, especialmente la no fósil. Segundo, mejora de la eficiencia para reducir los niveles de consumo de energía final por unidad del PIB, que por aquel entonces eran cuatro veces mayor que el de Estados Unidos. Tercero, aumentar las reservas de petróleo hasta tener la capacidad de abastecer al país durante 90 días. Cuarto, fomentar la diplomacia con los países exportadores, así como buscar nuevos suministradores.

Asimismo, desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2013 todas estas dinámicas se han acelerado. Consciente de la vulnerabilidad que supone la dependencia de recursos del exterior, Pekín ha emprendido una política energética interna y externa más ambiciosa. La Nueva Ruta de la Seda, las maniobras en el mar del Sur de China o la Energy Revolution Strategy (2016-2030) son buenos ejemplos de la nueva mentalidad de los dirigentes chinos, cada vez más preocupados por la amenaza que suponen los problemas energéticos para la economía nacional y su propia legitimidad.

Transición energética: medioambiente y seguridad

En 2012 se produjo un punto de inflexión en la transición ecológica de China. La nueva generación de dirigentes encabezada por Xi Jinping decidió incluir la «construcción de una civilización ecológica» entre las principales prioridades del Partido. Seis años después, el Comité Central aprobó la incorporación a la Constitución la defensa del
«desarrollo verde, la bella China y la civilización ecológica».

Este cambio de paradigma buscaba hacer frente a los problemas medioambientales que ponían en peligro el crecimiento económico y la legitimidad del PCCh.

China se ha posicionado como el país que más emisiones de gases de efecto invernadero emite a la atmosfera, aglutinando cerca del 30 %, lo que equivale a más de
12.000.000 kilotoneladas de CO2. El gigante asiático sigue siendo bastante dependiente del carbón, el combustible fósil más contaminante, y su extracción en las provincias de Mongolia Interior y Shanxi genera «pueblos del cáncer».

El 40 % de los ríos están seriamente contaminados y la polución del aire es tal que en 2016 las autoridades decretaron la alerta roja en 22 urbes del país, donde viven 460 millones de personas. En este preocupante contexto, la presión social exigiendo cambios estructurales se ha intensificado en los últimos años a través de las redes sociales y actos de protesta. Según una encuesta de Pew Research Center publicada en 2015, la contaminación del aire era la segunda mayor preocupación de la sociedad china por detrás de la corrupción.

En este contexto, el PCCh aprobó la Strategic Energy Action Plan (2014-2020) y el 13th Five-Year Plan for Energy (2016-2020) donde se establecieron ambiciosos objetivos. Entre ellos destaca especialmente alcanzar el 15 % del consumo de energías no fósiles e incrementar la capacidad instalada de energía renovable a 680 GW. En el último plan quinquenal, que corresponde al periodo 2021-2025, se incorporan o actualizan varias de las metas orientadas a «construir una civilización ecológica». En el documento China se compromete a aumentar la proporción de consumo de energía procedente de fuentes no fósiles hasta el 33 % y a garantizar que al menos el 50 % del consumo incremental de electricidad se satisfaga con energías renovables.

Si bien el énfasis en las energías renovables tiene como principal objetivo reducir el daño medioambiental que ha provocado durante décadas la «fábrica del mundo», también se presenta como un medio para garantizar la seguridad energética: las fuentes no fósiles, como la solar, eólica o hidráulica, permiten aumentar la producción doméstica de energía sin depender de terceros países. En este sentido, como explican Samantha Ölz, Ralph Sims y Nicolai Kirchner, las energías renovables pueden reducir los «riesgos geopolíticos al contribuir a la diversificación del mix energético», disminuir la «variabilidad de los costos de generación» y mitigar la «dependencia de las importaciones»11.

En este contexto, China ha incrementado notablemente el gasto en energías renovables hasta convertirse en el mayor inversor del sector. En los primeros seis meses de 2022, el país asiático movilizó en proyectos solares y eólicos alrededor de 100.000 millones de dólares, un 128 % más que en el mismo periodo del año anterior y ocho veces más que Estados Unidos, según datos publicados por BloombergNEF. Gracias a esta dinámica, China ha logrado aumentar el consumo de energías renovables en más de doce puntos en las últimas dos décadas, del 5,1 % en 1991 al 17,5 % en 2022. Si bien la dependencia de las importaciones de gas y petróleo sigue siendo elevada, algunas estimaciones optimistas calculan que a este ritmo el porcentaje podría aumentar hasta el 60 % para 2050.

Este incremento viene acompañado de otra gran ventaja: China ha conseguido desarrollar una sólida cadena de suministro en el sector de las tecnologías verdes, controlando prácticamente la estandarización, el desarrollo, la fabricación y el despliegue. De promedio, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el país asiático acapara el 65 % de la capacidad global de producción de siete tecnologías necesarias para la transición ecológica, incluyendo los molinos eólicos para los parques terrestres (onshore) y marinos (offshore), los electrolizadores para producir hidrógeno y los paneles solares. Asimismo, China también lidera el procesamiento de metales vinculados a este sector, como el 35 % del níquel, el 58 % del litio o el 87 % de las tierras raras.

Geopolítica energética de China

En 1993, cuando China se convirtió en un importador neto de petróleo, Pekín se vio obligado a intensificar su labor diplomática con los países exportadores para asegurar el aprovisionamiento ininterrumpido de crudo —y gas natural licuado a partir de 2006—. A través de los acuerdos comerciales, Pekín consiguió mejorar las relaciones bilaterales y firmar acuerdos energéticos —que incluían la adquisición de activos en el sector— con Estados ricos en recursos como Kazajistán, Uzbekistán, Canadá, Sudán, Irán, Venezuela o Perú.

Esta estrategia ha evolucionado en la actualidad a una política exterior más asertiva en todos los niveles, económica, política y militar, que tiene en consideración los nuevos desafíos a los que se enfrenta China para garantizar su seguridad energética. De este modo, el PCCh intenta reforzar las rutas marítimas y terrestres de abastecimiento, incrementar la explotación de recursos en su territorio y establecer nuevas alianzas energéticas en el extranjero.

Inversión, infraestructuras y energía

Uno de los pilares de la geopolítica energética corresponde a la Nueva Ruta de la Seda
—BRI por sus siglas en ingles—, una iniciativa presentada por el propio Xi Jinping que ambiciona fortalecer la conectividad física entre China y el resto del mundo mediante el desarrollo de redes de infraestructuras. Tal y como se menciona en el documento Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, considerada como la hoja de ruta oficial, uno de los objetivos de la BRI es «promover la cooperación en infraestructura energética […] garantizar la seguridad de los oleoductos y gasoductos y otras rutas de transporte y construir redes transfronterizas de suministro de energía». Desde su puesta en marcha en 2013, alrededor del 37 % de los más de 950.000 millones de dólares movilizados entre inversiones y financiación se ha destinado a proyectos relacionados con la energía, según datos recogidos por Green Finance & Development Center.

En este contexto, la Nueva Ruta de la Seda se presenta como una herramienta geopolítica valiosa para abordar los múltiples desafíos que enfrenta la seguridad energética de China en tanto en cuanto permite mejorar al menos tres de las cuatro dimensiones de The Asia Pacific Energy Research Centre: la disponibilidad, la asequibilidad y la accesibilidad. Esta misma conclusión es defendida por Seyedashkan Madani, argumentando que gracias a la profundización de la cooperación energética con los países adheridos a la BRI —147 en total—, China tiene la oportunidad de «establecer activamente un mercado de integración energética, mejorar las interrelaciones y la cooperación de infraestructura energética y salvaguardar el transporte de oleoductos y gasoductos»12.

Respecto a las dos primeras dimensiones, la disponibilidad y la asequibilidad, que en líneas generales hacen referencia a la capacidad de tener acceso ininterrumpido a fuentes de energía a un precio razonable, la Nueva Ruta de la Seda incrementa la influencia de China en la gobernanza energética global al reforzar los vínculos comerciales, económicos y políticos con los países exportadores. Los intercambios que se producen en el marco de la BRI, unido al enorme poder que China ha cosechado en las últimas décadas, hacen que Pekín esté mejor posicionado para obtener o negociar nuevos contratos energéticos. Una de las formas más comunes es ofrecer préstamos a cambio de petróleo. Por ejemplo, el banco estatal Export-Import Bank recibía 30.000 barriles de crudo diarios de Sudán del Sur a cambio de financiar proyectos en infraestructuras en el país africano.

Por otro lado, el desarrollo de redes logísticas, además de favorecer la circulación del petróleo, gas u otros insumos, reduce los tiempos y por ende los costes de transporte de las importaciones chinas, incluyendo las energéticas. Según algunas estimaciones, como la realizada por François de Soyres, Alen Mulabdic, Siobhan Murray, Nadia Rocha y Michele Ruta, el tiempo de envío y los gastos asociados podrían disminuir hasta un 11,9 % y un 10,9 % respectivamente en los países que forman parte de la BRI13. Un ejemplo significativo de ello puede ser el oleoducto que conecta la ciudad birmana de Kyaukpyu y Kunming, capital de la provincia china de Yunnan. El proyecto, que forma parte del Corredor Económico China–Myanmar, permite recortar en 3.000 kilómetros la distancia que los petroleros deben recorrer, lo que se traduce en hasta seis días menos de navegación.

En esta ecuación también entran en juego las empresas estatales chinas, que aprovechan la expansión de la BRI para internacionalizar su actividad e incrementar su cuota de mercado global. En la actualidad, pese a los problemas estructurales que atraviesan, se han transformado en «actores clave en las políticas de seguridad energética por su conocimiento especializado» y en «grandes defensoras de la inversión en el extranjero»14. A través de estas compañías, China consigue, entre otros beneficios, la propiedad o derechos exclusivos de explotación de hidrocarburos, consolidar las relaciones bilaterales con los países productores, diversificar su suministro o formar parte del lucrativo negocio energético, especialmente el petrolero. Del mismo modo, Pekín se asegura en su territorio el control de un sector estratégico esencial para fomentar su crecimiento económico.

En relación con la accesibilidad, dimensión vinculada a la disponibilidad, pero teniendo en cuenta factores geopolíticos, la Nueva Ruta de la Seda favorece la diversificación y la securitización de las vías de suministro. Cabe recordar que actualmente el 80 % de las importaciones energéticas de China se realizan por una ruta marítima que transita por el estrecho de Malaca —susceptible a bloqueos— y las disputadas aguas del mar Meridional. Esta particularidad es percibida por Pekín como una debilidad que amenaza con obstaculizar la seguridad energética del país si en un futuro estalla un conflicto militar con Estados Unidos. La construcción de nuevas infraestructuras, por tanto, permite crear rutas alternativas que, si bien no tienen la capacidad de sustituir por completo a la marítima, contribuyen a reducir los riesgos. El mencionado proyecto de Kyaukpyu, el Corredor Económico China–Pakistán o los ductos construidos en Asia Central son ejemplos significativos.

Asimismo, establecer una red de puertos comerciales gracias a la vertiente marítima de la Nueva Ruta de la Seda ofrece el apoyo logístico necesario para que la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) pueda llevar a cabo operaciones dirigidas a mantener seguras las rutas marítimas que conectan China con los países ricos en recursos de Oriente Medio o África. Según una investigación realizada por Isaac Kardon y Wendy Leutert, dos tercios de las terminales portuarias adquiridas parcial o íntegramente por empresas chinas desde 2015 se encuentran cerca de esta ruta, permitiendo a las Fuerzas Armadas «ejecutar su misión de proteger los intereses nacionales en el exterior […] y crear resiliencia contra la posible coerción de Estados Unidos»15. En 2017, por ejemplo, una flotilla de tres buques de guerra de la PLAN realizó una gira internacional, llevando a cabo misiones de escolta en el golfo de Adén y en las aguas cercanas a la costa somalí y visitando los puertos de más de 20 países adheridos a la BRI.

Operaciones en el mar del Sur de China

Otra de las estrategias geopolíticas que China ha desarrollado en relación con la seguridad energética se centra en el mar Meridional. Desde que Xi Jinping asumió el poder hace una década, Pekín ha adoptado una posición mucho más coercitiva en la región, proyectando su poder y fortaleciendo sus reclamaciones de soberanía mediante la modernización de la PLAN, la Guardia Costera y la milicia marítima, así como construyendo islas artificiales con propósitos cívico-militares16.

De esta forma, China ambiciona controlar el 90 % del mar Meridional —la conocida como línea de los nueve puntos— como parte de su estrategia energética. Explotar las grandes reservas de hidrocarburos que se ubican en este territorio permitiría a China aumentar su producción interna y depender menos del exterior. Conforme a los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la región alberga 190 billones de pies cúbicos de gas natural y 11.000 millones de barriles de petróleo. Los cálculos de las autoridades chinas son mucho más optimistas: el Ministerio de Recursos y Tierra —disuelto en 2018— estima que el crudo alcanza los 30.000 millones de toneladas y el gas natural más de 16 billones de metros cúbicos.

Asimismo, garantizar la seguridad de sus vías de suministro constituye un interés vital de Pekín, especialmente en un hipotético conflicto con Estados Unidos. Ejercer de autoridad mediante el expansionismo naval en el mar Meridional, sumado a la mencionada red de puertos comerciales en el Indopacífico, ayudaría a proteger sus importaciones energéticas.

China ha combinado las operaciones castrenses con otras de calado político y legal. En 1992 el partido comunista aprobó la Ley sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua donde establecía que ejercía su «soberanía sobre su mar territorial [la línea de los nueve trazos] […] así como su fondo marino y subsuelo», en clara alusión al derecho de extracción de hidrocarburos. Del mismo modo, la Strategic Energy Action Plan (2014-2020) llamaba a fomentar la explotación de gas natural y petróleo en el mar del Sur de China.

Conclusiones

La dependencia que tiene China respecto a las importaciones de energía y materias primas aumenta considerablemente su vulnerabilidad frente a terceros Estados, que pueden aprovechar esta debilidad en un hipotético conflicto. Además, las adquisiciones que realiza de gas y petróleo deben cruzar rutas marítimas y terrestres que no pueden controlar del todo, por lo que quedan a merced de los países de tránsito. Por este motivo, China ha llevado a cabo una política exterior mucho más activa —incluso en ocasiones agresiva— en el sistema internacional para garantizar su seguridad energética.

La Nueva Ruta de la Seda, uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XXI, permite mejorar las relaciones diplomáticas con los países exportadores y reducir los tiempos y costes asociados al transporte de importaciones energéticas. Asimismo, la BRI también favorece la diversificación —mediante el desarrollo de redes de infraestructuras— y la securitización —principalmente facilitando la expansión naval de la Armada— de las vías de suministro. Por otro lado, las maniobras en el mar Meridional se llevan a cabo, entre otros objetivos, para hacerse con el control de los enormes yacimientos de hidrocarburos existentes y defender una importante ruta de abastecimiento. Estas dos estrategias de la bautizada como geopolítica energética vienen acompañadas de la internacionalización de las empresas estatales chinas.

Por otro lado, la transición ecológica enfocada en las energías renovables que han impulsado las autoridades para revertir la degradación medioambiental que ha sufrido el país en las últimas décadas también sirve como un medio para reducir vulnerabilidades.

El sol, el viento o el agua, recursos inagotables y accesibles, permiten aumentar la producción doméstica sin depender de los países exportadores y sin sufrir la volatilidad característica del mercado energético global. Este factor se realza teniendo en cuenta que el país asiático ha desarrollado una sólida cadena de suministro en el sector de las tecnologías verdes, incluyendo la fabricación de molinos eólicos para los parques terrestres (onshore) y marinos (offshore), los electrolizadores para producir hidrógeno y los paneles solares.

En suma, todas las estrategias mencionadas en la presente investigación permiten a Pekín reforzar las cuatro dimensiones de la seguridad energética formuladas por The Asia Pacific Energy Research Centre: la disponibilidad, la asequibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad. No obstante, cabe mencionar que China todavía tiene un largo camino por recorrer para mitigar su debilidad estratégica y que garantizar por completo la seguridad energética es prácticamente imposible.

Ander Sierra Ortiz*
Coordinador de Descifrando la Guerra
@andersierra_

Referencias:

1 ANG, B. et al. «Energy security: definitions, dimensions and indexes», Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42. 2015, pp. 1077-1093.
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3 THE ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. A quest for energy security in the 21st century. 2007.
4 DE ESPONA, R. El moderno concepto integrado de seguridad energética. Documento de opinión IEEE 32/2013, pp. 1-16.
5 YERGIN, D. «A review of China’s energy policy», Foreign Affairs. 2006. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/ensuring-energy-security
6 ESCRIBANO, G. «Seguridad energética: concepto, escenarios e implicaciones para España y la UE», Real Instituto Elcano. Documento de trabajo n.º 33/2016. 2008.
7 GUNNAR, O. y RZAYEVA, G. «Turkey in the geopolitics of energy», Energy Policy, Vol. 107. 2017, pp. 539-547. 8 YANG, F. et al. A review of China’s energy policy. Lawrence Berkeley National Laboratory Report. 1995, pp. 1-74. 9 GARCÍA, C. y PALAZUELOS, E. La transición energética en China. Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 2007, pp. 1-47.
10 GARCÍA, C. y PAREJA, P. «El escenario energético de China y sus implicaciones geopolíticas», en K. Sodupe y
L. Moure (coords.), China en el escenario internacional: una aproximación multidisciplinar. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013, pp. 239-275.
11 ÖLZ, S., SIMS, R. y KIRCHNER, N. «Contribution of Renewables to Energy Security», International Energy Agency, IEA information paper. 2007, pp. 1-74.
12 MEDANI, S. «The BRI and its Implications for China’s Energy Security: The Four As Model Perspective»,
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 11. 2021, pp. 549-559.
13 SOYRES, F. et al. «How Much Will the Belt and Road Initiative Reduce Trade Costs?», International Finance Discussion Paper, n.º 1274. 2020, pp. 1-21.
14 GARCÍA, C. y PAREJA, P. «El escenario energético de China y sus implicaciones geopolíticas», en K. Sodupe y
L. Moure (coords.), China en el escenario internacional: una aproximación multidisciplinar. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao. 2013, pp. 239-275.
15 KARDON, I. y LEUTERT, W. «Pier Competitor. China’s Power Position in Global Ports», International Security, Vol. 46, pp. 9-47.
16 BRANDS, H. y COOPER, Z. «Getting serious about strategy in the South China Sea», Naval War College Review,
Vol. 71, n.º 1 Winter. 2018, pp. 13-33.