La denominada Primavera Árabe de 2011 trajo consigo el fin de algunos regímenes políticos, como fueron los casos de Túnez y Egipto, pero también supuso que muchas naciones de tradición musulmana tuvieran que realizar cambios en sus sistemas políticos, debido a las distintas manifestaciones y movimientos populares acontecidos en varios países del Magreb y el norte de África.
Uno de esos casos fue Marruecos, y el llamado “Movimiento 20 de febrero”, en el que miles de ciudadanos fueron convocados mediante redes sociales y teléfonos móviles a manifestarse en las grandes ciudades del país como Casablanca, Rabat o Tánger, entre otras, reclamando una serie de cambios y reformas del sistema político. Una buena parte de esas manifestaciones estaban basadas en torno a condiciones económicas, sociales y culturales, incluyendo algunas reivindicaciones de la población bereber, acerca del reconocimiento constitucional sobre la oficialidad de su cultura y su lengua.
Ante todas estas demandas, el poder marroquí reaccionó y creó una comisión que redactase un proyecto constitucional que pudiera dar una respuesta a todas estas reivindicaciones. El 1 de julio de 2011, mediante referéndum, la nueva Constitución de Marruecos fue aprobada por una amplia mayoría del pueblo marroquí, llegando a obtener alrededor de un 75% de participación del total del censo electoral.
Un año antes, en enero de 2010, mediante un Discurso Real de Mohamed VI, el monarca impulsaba la llamada Régionalisation Avancée o Regionalización Avanzada, donde se creaba una comisión consultiva que pudiera instaurar un nuevo modelo de regionalización para el país, con el requisito principal de que, en ningún caso, ese nuevo modelo regional cuestionara o atacara a la unidad nacional.
Este nuevo texto constitucional fue considerado como el comienzo de una inédita etapa en la historia constitucional y política de Marruecos, ya que, se desmarcaba de las reformas anteriores en algunos puntos importantes, como, por ejemplo, la creación de un modelo territorial descentralizado, y el reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística del país.
Es importante destacar este aspecto, ya que Marruecos, como nación soberana e independiente, nunca había hecho ningún reconocimiento o alusión constitucional a ninguna cultura o lengua que no fuera la árabe.
Desde 1956, fecha en la que el Reino de Marruecos alcanzaba su independencia y ponía fin al Protectorado francés y español existentes desde 1912, el reino alauí siempre había apostado por un modelo territorial unitario y fuertemente centralizado, donde no había ningún tipo de descentralización regional ni reconocimiento político a ninguna entidad territorial que estuviera por debajo del poder central.
La primera Constitución de Marruecos en 1962 no estableció ningún tipo de división regional en el país, donde la lengua árabe y la religión musulmana eran las principales señas de identidad del país. La organización territorial del país se limitaba solo al reconocimiento de entidades administrativas como la comuna, prefectura o provincia, al igual que las posteriores reformas constitucionales de 1970 y 1972.
Pese a esta estructura centralizada, en 1971 fue aprobada una división territorial del país en siete regiones, donde los criterios que se utilizaron respondían más a razones económicas o estratégicas, y no a cuestiones relacionadas con la diversidad cultural o lingüística del país. En ningún caso, esta división supuso ninguna transferencia competencial a estas regiones, ni la creación de un segundo poder, paralelo al poder central.
Las reformas constitucionales de 1992 y 1996 sí trajeron, en cambio, el reconocimiento a la región como colectividad local, en un claro paso hacia el inicio de una futura descentralización, que no se terminaría de cristalizar en un verdadero modelo descentralizado, donde hubiera una plena transferencia de competencias por parte del poder central a las entidades regionales.
No obstante, el poder central marroquí continuó dando pasos para la instauración de un modelo regional de manera gradual, ya que en 1997 aprobó una división en 16 regiones para todo el país, que tuvo vigencia hasta 2015, donde, mediante una nueva ley nacional, se aprobó la reducción a 12 regiones, que son las que actualmente forman el Reino de Marruecos.
Dentro de estos primeros pasos dados por el poder central marroquí para el establecimiento de un modelo regional, debemos señalar el Proyecto de Autonomía de 2007 propuesto para el Sáhara Occidental. En esta propuesta, el Gobierno marroquí ofrece un plan de autonomía a este territorio, donde podríamos destacar la transferencia de una serie de competencias propias, con el fin de poder integrar constitucionalmente a este territorio bajo la soberanía marroquí.
Entre los rasgos más destacados de este Proyecto de Autonomía podemos destacar la transferencia de competencias como algunas relativas a materias económicas, fiscales, jurisdiccionales o financieras, donde se podría abrir la posibilidad de la creación de un cuerpo policial propio para el territorio.
Junto a la posibilidad de que este territorio pudiera asumir competencias propias, el poder central se reservaría materias exclusivas como aquellas que tuvieran relación con la soberanía, la representación exterior, la defensa, o las competencias constitucionales atribuidas al monarca, como máxima autoridad religiosa.
Estaríamos, por tanto, ante un posible modelo descentralizado asimétrico, donde una federación o Estado regional, reconocería una serie de singularidades o particularidades a una determinada región o territorio, con el fin de poder darle equilibrio a su modelo, y pudiera conjugar la diversidad sin tener que quebrar la unidad del país. Una propuesta de modelo que bien es conocida en el mundo occidental, ya que poseería ciertos paralelismos con los modelos descentralizados asimétricos de Canadá, Bélgica, España o Italia, entre otros ejemplos.
La Constitución de 2011 supone un paso más para alcanzar la descentralización territorial, ya que, se reafirma la voluntad de que Marruecos establezca un modelo regional para el país, puesto que, por primera vez en su historia constitucional, se dedica una parte de la Constitución exclusivamente a la región, en su Título IX, titulado “De las regiones y de las demás colectividades territoriales”. Además de ello, el Artículo 1.4 de la Constitución de 2011 proclama que “la organización del Reino es descentralizada y fundada sobre la regionalización avanzada”, aspirando claramente a una separación de poderes entre poder central y el poder de cada región.
El otro aspecto relevante, por el que podemos detectar que Marruecos quiere crear un nuevo modelo regional donde se reconozca la pluralidad y la diversidad, lo podemos ver en su Preámbulo, cuando se proclama que la unidad del Reino de Marruecos estaría “forjada por la convergencia de sus componentes árabo-islámico, amazigh y sahariano-hassaní”, además de nutrirse y enriquecerse por “sus afluentes africano, andaluz, hebraico y mediterráneo”. Con esta definición, el legislador no habla de una identidad y cultura única que sea la árabo-islámica, sino que cita a otras culturas presentes dentro del territorio marroquí, donde podemos valorar dos elementos muy importantes como son el amazigh y el sahariano-hassaní.
Junto a este elemento, el artículo 5 de la Constitución de Marruecos de 2011, a su vez, nos dice que la lengua bereber o amazigh también es una lengua oficial de Marruecos, rompiéndose por tanto la tradición del reconocimiento único del árabe como la lengua oficial de Marruecos.
Es por ello, por lo que podríamos afirmar que desde 2011, con la aprobación de la nueva Constitución, Marruecos habría emprendido un camino donde aspiraría a poder regionalizar su territorio, creando un nivel de poder regional, donde incluiría al territorio del Sáhara, como parte soberana del Reino de Marruecos, con unas atribuciones propias como región, en un posible modelo asimétrico.
En estos últimos años, donde algunos países como Estados Unidos, Francia, Alemania, o el Gobierno de Pedro Sánchez en España, habrían otorgado legitimidad a la propuesta de autonomía de 2007, nos encontramos ante la reapertura de una cuestión sobre el futuro político de este territorio, que sigue sin ser resuelta desde hace más de cuatro décadas.