Durante la tan esperada COP26, todas las miradas se centraron en Estados Unidos y China. Los rivales geopolíticos anunciaban un acuerdo de cooperación en materia climática. Aunque ha sido recibido con cautela, este quedará sin duda como uno de los momentos a destacar de esta conferencia. Lo son también los pactos sobre el metano o la deforestación, o el hecho de que por primera vez (aunque parezca increíble), se haya incluido una referencia a la relación causal entre los combustibles fósiles y el cambio climático.
Sin embargo, un concepto que ha brillado por su ausencia durante esta semana de COP26 ha sido el de justicia. Mientras los países más ricos son responsables de más de dos tercios de las emisiones globales, los grandes afectados son los países más pobres, que tienen una menor capacidad de resiliencia ante fenómenos climáticos extremos. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en las próximas décadas estos fenómenos serán más recurrentes, y sus efectos más graves.
Un informe de Oxfam resalta que, desde el inicio de la revolución industrial, África y Sudamérica juntos solo produjeron el 6% del total de las emisiones. En concreto, el África Subsahariana es responsable de menos del 1%, y sin embargo es una de las zonas del planeta que más sufre, y seguirá sufriendo, las consecuencias del cambio climático. Esa disparidad está detrás del concepto de justicia climática. Es el hecho de que una mayoría pague un precio tan alto por las acciones de unos pocos. Los países que exigen justicia reclaman no solo que los países más contaminantes tomen cartas en el asunto para mitigar los efectos del cambio climático, sino que paguen por el daño causado hasta ahora.
Para evitar que la temperatura global aumente más de 1,5 grados centígrados, es fundamental que gobiernos y empresas tomen medidas drásticas para reducir las emisiones y regenerar el medioambiente. Pero para no dejar atrás a nadie, deben comprometerse a invertir recursos en aquellos países que no sean capaces de hacer frente a las inexorables consecuencias que el calentamiento global tendrá sobre el medioambiente y las personas. Ya son demasiadas las evidencias que conectan las sequías, la hambruna o las inundaciones provocadas por el aumento de la temperatura global con el incremento de los conflictos y las migraciones forzosas.
Según ACNUR, cada año más de 200 millones de personas deben abandonar sus hogares y trasladarse a otros lugares debido a los peligros causados por la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos como las intensas lluvias, las sequías prolongadas, la desertificación, la degradación del medio ambiente, los ciclones o el aumento del nivel del mar. Los movimientos migratorios tendrán un impacto global.
Es precisamente lo que resaltan los activistas: que los países más ricos y más contaminantes acabarán sufriendo también los efectos de la crisis climática. Por ello, los gobiernos no pueden centrarse solo en buscar soluciones en el interior de sus fronteras, sino que deben ser conscientes de la importancia de luchar contra el calentamiento global de una manera conjunta, solidaria y sobre todo justa.
