¿Hacia una politización de las Fuerzas Armadas estadounidenses?

Los derroteros de la nueva Administración Biden en Washington, así como el futuro de las Fuerzas Armadas en escenarios como los vinculados a la triple contención simultánea de China, Rusia e Irán son aún una incógnita, tanto para aliados como para adversarios. Lo que quizá no sea una incógnita es el creciente papel que el discurso político tiene dentro del Pentágono. Una ideologización que, de no ser interrumpida, podría hacer que las Fuerzas Armadas fueran dejando atrás su tradicional neutralidad partidaria para mostrar un perfil cada vez más decididamente progresista, o llegar incluso a convertirse en un actor más del juego electoral estadounidense.
Para entender esta dinámica, debemos recordar que la extrema polarización producida durante los 4 años de la Administración Trump no se quedó en las estructuras partidarias o mediáticas, sino que alcanzó incluso a la comunidad de inteligencia y, finalmente, a sectores de las Fuerzas Armadas.

La inesperada victoria del presidente Trump en 2016 desencadenó una conocida ola de disrupción en varias capas del establishment de Washington, empezando por la larga saga del Russiagate, una investigación del exdirector del FBI Robert Mueller que apuntaba a que la intervención rusa a través de redes sociales¹ u otras técnicas habría sido un factor decisivo para asegurar la victoria presidencial de Trump en 2016. Esta investigación, que se prolongó entre mayo de 2017 y marzo de 2019, fue el espectáculo político más duradero desde el caso Lewinsky, y al igual que aquel, apuntaba a lograr un impeachment presidencial, en esta ocasión por obstrucción a la justicia. El Congreso acabó desestimando la narrativa construida por Mueller, no sin antes destituir al entonces director del FBI, James Comey, y asistir al cruce de acusaciones de miembros de diversas agencias de seguridad. Esta percepción de una comunidad de inteligencia dividida sería uno de los principales motivos de la desconfianza generalizada y la radicalización de la opinión pública en un sentido u otro.

Cabe destacar que en la misma época (a finales de 2018), en el frente militar se consumó la renuncia del general Mattis por las desavenencias con el presidente Trump sobre la pertinencia de mantener la presencia militar sobre suelo sirio². Se consolidaba así la imagen de un presidente enfrentado a sectores del establishment militar y de la comunidad de inteligencia, algo sin precedentes para un presidente republicano, más si cabe teniendo en cuenta la imagen de líder autoritario en ciernes que la oposición nunca dejó de atribuirle³. Muy pronto, las encuestas empezaron a mostrar fuertes caídas en la opinión conservadora sobre los servicios de inteligencia, mientras que entre la izquierda se disparaba el apoyo a la CIA y el FBI.

Si, en 2010, los simpatizantes demócratas apoyaban en un 68 % al FBI en 2018 había subido al 77 %. Sin embargo, entre los republicanos, el tradicional partido de «ley y orden» el apoyo a esta agencia se desplomó del 71 % al 49 %⁴.

En cuanto a la CIA, en diciembre de 2017, los republicanos mostraban una favorabilidad neta de cuatro puntos, mientras que para los demócratas la favorabilidad neta era de 32 puntos. Una inversión completamente invertida de si esta encuesta se hubiera realizado en los años de la Administración Bush y la guerra de Irak⁵.

Aunque no se han realizado sondeos significativos desde el relevo presidencial, es lógico esperar que esta polarización se haya profundizado y queda como incógnita si en los siguientes años logrará aminorarse la polarización partidaria en las simpatías por las agencias de seguridad e inteligencia.

A mediados de junio de 2020, bajo el título de Transition Integrity Project, un grupo de operativos políticos de ambos partidos, académicos y miembros retirados del Gobierno y las Fuerzas Armadas, como el coronel Lawrence Wilkerson, empezó a ensayar una serie de «juegos de guerra» que recreaban los posibles escenarios electorales de noviembre⁶, ante el miedo de que un ajustado margen en los resultados llevaran a protestas callejeras, litigios legales, o el no reconocimiento de la derrota por parte del presidente Trump. Uno de los cuatro escenarios analizados era aquel en el que Trump ganase en el colegio electoral, pero Biden sacase una ventaja de 5 % en el voto popular. Este resultado otorgaría constitucional y automáticamente la victoria a Donald Trump, sin embargo, era considerado el escenario «que contenía las dinámicas más peligrosas», según los participantes del proyecto.

Las estrategias de los adversarios de Trump para lograr lo que califican como «fortificación de la democracia» durante los meses previos a las elecciones fueron profusamente explicadas en un artículo que copó la portada de la revista Time el 4 de febrero de 2021 titulado “La historia secreta de la campaña bipartidista en la sombra que salvó las elecciones de 2020”. Este artículo, que no escatima detalles, no menciona los juegos de guerra del Transition Integrity Project, pero si una coalición de los mismos actores, a los que añade grupos empresariales, sindicatos y ONG⁷.

«Su trabajo abarcaba todos los aspectos de las elecciones. Lograron que los estados cambiasen sus sistemas de voto y aseguraron cientos de millones de financiación pública y privada. Repelieron los intentos de supresión del voto, reclutaron ejércitos de operativos electorales y lograron que millones de personas votaran por primera vez. Presionaron, con éxito, a las principales redes sociales para que tuviesen mano dura con la desinformación [...]. Crearon una fuerza de “defensores de la democracia” quienes, a diferencia de los supervisores electorales tradicionales, estaban entrenados en técnicas de desescalada. La página web —ya eliminada— de la coalición Protect the Results incluía un mapa con los 400 puntos donde habrían de celebrarse manifestaciones a las que se convocaría por mensaje de texto. Para detener el golpe de estado que temían, la izquierda estaba preparada para tomar las calles».

Si bien los «defensores de la democracia» y las manifestaciones no fueron necesarias tras conocerse los resultados electorales, puesto que Joe Biden ganó el voto popular 51,3 % vs. 46,9 % y el colegio electoral 306 vs. 232, sus argumentos volverían a tomar una vigencia inesperada el 6 de enero, solo que esta vez serían esgrimidos por la Guardia Nacional.

Las imágenes del 6 de enero recorrieron todo el mundo: un nutrido grupo de manifestantes, simpatizantes bien de MAGA, bien de la conspiración «Q» de Internet fue convocado frente al Capitolio, y tras unos breves forcejeos con los guardias presentes, accedieron al espacio interior del mismo. El evento se saldó con cuatro manifestantes y un agente de policía muerto. Trump, ya con sus cuentas suspendidas en redes sociales⁸, hizo una breve intervención en televisión pidiendo que los manifestantes regresaran a sus casas, y así lo hicieron. No hubo nuevos asaltos al Capitolio ni ningún movimiento que impugnara el resultado de las elecciones.

Sin embargo, el evento del 6 de enero dio un nombre y un rostro a la amenaza que hasta ahora se negaba a presentarse: terrorismo doméstico. Esta calificación pronto dejó de ser una etiqueta periodística para empezar a ganar cada vez mayor peso legal, administrativo y, finalmente, militar. Así, la perspectiva de una nueva «guerra contra el terrorismo», esta vez librada en terreno estadounidense y contra ciudadanos estadounidenses, empezó a ganar tracción, no solo en los medios de comunicación, sino también entre militares como el general Stanley McChrystal, oficial al mando de JSOC en Irak durante varios años, así como comandante de la guerra de Afganistán. McChrystal trazó, por primera vez, un paralelismo explícito entre la evolución de la radicalización de la juventud árabe atraída por Al Qaeda y la radicalización de muchos de sus propios conciudadanos⁹.

A principios de marzo, un informe desclasificado por el departamento de Seguridad Nacional ilustra la posibilidad de que la comunidad de inteligencia haya dado un paso más hacia la plena participación en el juego político interno. Con el título Domestic Violent Extremism Poses Heightened Threat in 2021, el informe del director nacional de Inteligencia, tras consultas con el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), el FBI, la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), pinta un retrato del terrorista interno distinto al que se tenía en las postrimerías del 11 de septiembre¹⁰. La definición de «extremista nacional violento», según el Homeland Security, es «cualquiera que se crea pueda llegar a cometer actos de violencia, coerción, o intimidación con el objetivo de cambiar el sistema político». Dicho informe ve probable el aumento de ataques de extremistas nacionales a partir de 2021, debido a un «mayor apoyo en el interior y exterior del país, así como una creciente percepción de extralimitación gubernamental ligada a cambios legislativos, así como una innovación en tácticas y objetivos».

El efecto más inmediato de la movilización del 6 de enero fue el establecimiento de un perímetro de seguridad protegido con un contingente de la Guardia Nacional, que crecería hasta alcanzar los 25 000 efectivos durante la investidura de Joe Biden. La necesidad de desplegar a toda velocidad estos efectivos, algunos traídos in extremis desde Puerto Rico, así como el miedo a que entre los mismos se encontraran elementos afectos a los manifestantes del 6E o la Administración Trump, hicieron necesaria la rápida intervención del FBI para monitorear y vetar las simpatías políticas de dichos miembros de la Guardia Nacional¹¹. Esta presencia permanente de efectivos militares, sin precedentes desde la guerra civil, ha recibido sucesivas prórrogas hasta la fecha, bajo el pretexto de supuestas amenazas recabadas por los servicios de inteligencia.

Conviene recordar que la movilización de la Guardia Nacional se ha considerado históricamente un último recurso para hacer frente a amenazas reales y específicas que las fuerzas policiales ordinarias no se ven capaces de contener por sí mismas. En verano de 2020, la sugerencia de desplegar la Guardia Nacional para contener las explosivas manifestaciones de Black Lives Matter fueron calificadas por la prensa progresista como «antesala del fascismo». Hoy, su presencia diaria en torno al asiento del poder legislativo es aplaudida como defensa indispensable de la democracia.

En las semanas y meses siguientes al establecimiento del perímetro de seguridad comenzó una «agresiva» iniciativa de mayor alcance para concienciar al conjunto de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como para la identificación y purga de elementos extremistas en las mismas.

Al anunciar la serie de debates rotativos que tendrían lugar durante 60 días, el portavoz del Pentágono, John F. Kirby, aseguró que no era un ejercicio destinado tanto a la recolección de datos específicos, como a reforzar el juramento constitucional, así como a hacer las veces de mesa redonda en la que los soldados pudieran exponer sus experiencias y opiniones en relación con el extremismo.

Así, por ejemplo, un suboficial afroamericano mencionó que, en su anterior unidad, las protestas por la muerte de George Floyd solo habían sido recibidas con silencio por parte de los oficiales, lo que le llevó a él y otros soldados miembros de minorías a considerar que «ellos no les importaban» y a enviar una petición para impulsar este tipo de coloquios entre los soldados y el cuerpo de oficiales¹².

Adicionalmente, en julio, una actualización de la regulación 600-200 extendió al mundo virtual la prohibición a los soldados de compartir o consumir materiales políticos considerados extremistas. Además, el Threat Awareness and Reporting Program (TARP), dirigido por los efectivos de contrainteligencia, dará un curso de formación a todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas para facilitarles las herramientas que les permitan identificar, valorar y denunciar las actividades extremistas en su entorno. Esta formación constará de un módulo inicial, en los primeros días de asignación a una unidad, y recibirá sucesivas sesiones de refuerzo al menos una vez por año. Para facilitar la denuncia de comportamientos sospechosos, el ejército también ha creado los programas iSALUTE y iWATCH Army¹³. IWATCH, en concreto, contiene recursos que facilitan al entorno familiar la identificación y denuncia de potencial actividad terrorista.

Como nota histórica, cabe recordar que la cruzada anticomunista del senador McCarthy pudo avanzar sin cortapisas, sector tras sector, hasta un conato de investigación política a los miembros de las Fuerzas Armadas. En el momento en que lo intentó, las audiencias ante el subcomité del senado conocidas como las audiencias Army-McArthy de 1954, marcaron a su vez el punto álgido y el fin definitivo de la carrera del senador. Hoy día, este freno a la politización de las fuerzas armadas aún no se ha hecho sentir.

El 24 de marzo, el senador republicano Tom Cotton introdujo una propuesta que prohibiría la enseñanza de Teoría racial crítica en el seno de las Fuerzas Armadas tal y como se venía enseñando en academias militares, como West Point, o en la propia Fuerza Aérea¹⁴. Sin embargo, dado el alcance y radicalidad de la reorientación de programas como TARP, estas protestas no pueden considerarse más que maniobras de retaguardia ante el enérgico trabajo de concienciación llevado a cabo en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Es importante entender que la Teoría racial crítica y otras doctrinas similares no son una moda pasajera, sino que están dando pasos firmes hacia su institucionalización.

Así, una vez más, es posible que Biden triunfe donde Trump fracasó. Si en las escuelas de educación primaria la Administración Trump nunca logró dar el impulso nacionalista que deseaban a la asignatura de Valores cívicos, la recién propuesta destinaría fondos federales a las escuelas cuyas clases de historia y valores cívicos centren su currículo en las perspectivas decoloniales y militantemente antirracistas de autores como Ibrahim X Kendi o el 1619 Project¹⁵. De salir adelante, esta regulación podría ser la base para la Civics Secures Democracy Act, que destinaría 1000 millones de dólares anuales durante un periodo de seis años a la enseñanza de materiales como los incluidos en la Teoría racial crítica¹⁶.

En cuanto al objetivo de la igualdad de género dentro del ejército, al cambio de administración han seguido hechos con pocos precedentes, como el de oficiales en activo interviniendo en el debate mediático. Así, cuando el presentador de televisión conservador Tucker Carlson criticó las medidas para hacer que los uniformes de vuelo de las Fuerzas Aéreas se adaptaran a las mujeres embarazadas, fueron numerosas las cuentas oficiales de redes sociales, tanto del ejército como de oficiales en activo, que salieron a dar la réplica al periodista de Fox¹⁷.

La novedad, por supuesto, es que las fuentes oficiales de las Fuerzas Armadas entren al llamado ruedo mediático. Lo que no es nuevo es el debate sobre la pertinencia de considerar la integración de género y racial como un objetivo en sí mismo, junto con otros más tradicionales como preservar la unidad cohesión y moral de las fuerzas armadas, o mantener el apoyo de la población estadounidense. Esta es una política cuyos pros y contras definitivos están aún por aclararse y son una permanente fuente de estudio, monitoreo y debate interno en los distintos cuerpos de ejército¹⁸.

Mientras tanto, otros órganos del aparato de inteligencia y seguridad como la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) emprendían una renovación de su imagen pública con una nueva producción de material audiovisual y presencia en redes sociales.

Así, en el mes de mayo, la campaña Humans of the CIA mostraba el perfil más humano de algunos de los miembros de la agencia, sin olvidarse de mencionar aquellas palabras clave que alinearían a la organización con las nuevas sensibilidades progresistas hegemónicas entre los cohortes más jóvenes de la población.

«Soy una mujer de color» comienza una oficial anónima en un testimonio viral «Soy una milenial cisgénero que ha sido diagnosticada con un trastorno ansiedad generalizada. Soy interseccional, pero mi existencia no se reduce a este simple lista de cualidades».

Otro de los protagonistas de Humans of the CIA nos explica que, siendo gay «siempre me enfrenté al reto de poder discutir, o no, mi vida personal en el trabajo. Imaginad mi sorpresa cuando tomé mi juramento en la CIA y reparé en un arcoíris que adornaba el jardín del entonces director Brennan».

Dados los enormes retos geopolíticos a los que se enfrenta EE. UU. a corto y medio plazo, no sería, en principio, aconsejable que el Pentágono siguiese incidiendo en medidas que supediten la unión y moral de los soldados a un sesgo político o partidario; un sesgo que no haría sino complicar las cosas en caso de una confrontación militar con un enemigo externo.

No se puede descartar que el alto mando haya decidido evolucionar hacia un modelo de intervención más dependiente del JSOC, en el que un grupo relativamente pequeño y selecto de unidades de élite intervengan, junto a la fuerza aérea, en aquellas situaciones críticas que aliados locales, como las Fuerzas Democráticas Sirias o el Ejército afgano, no sean capaces de contener por sí mismos¹⁹. Esto rebajaría el nivel de exigencia del grueso de las Fuerzas Armadas y les permitiría asemejarse más a la administración pública civil, un mecanismo de creación de empleo en zonas vulnerables, donde los cursos de orientación y sensibilización son rutina desde hace años.

Como dijo el secretario de Estado, Antony Blinken: «La diversidad y la inclusión nos hacen más fuertes, más creativos, y más innovadores. En el escenario mundial, nuestra diversidad nos da una ventaja competitiva de vital importancia para nuestra misión». Poco después, a mediados de abril, la embajadora ante la ONU, Linda Thomas- Greenfield, afirmó que, para aspirar a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos debe reconocer sus propias falencias, entre ellas «Que la supremacía blanca se encuentra inscrita en nuestros propios documentos y principios fundamentales»²⁰.

Es de esperar que este cambio de discurso en torno al racismo, la diversidad y la inclusión, no se quede en el mea culpa, sino que pase a formar parte del arsenal retórico de la proyección exterior estadounidense. Como precedente, en agosto de 2020, un artículo del Washington Institute for Near East Policy cargaba contra el régimen iraní, no solo con las acostumbradas críticas de ausencia de democracia y falta de respeto por los derechos humanos, sino desplegando además una nueva arma retórica extraída de la política interna estadounidense, la acusación de racismo sistémico, en especial contra los iraníes de etnia azawhi que podrían ser considerados negros o afrodescendientes²¹.

Más cerca de España, la propuesta del partido demócrata de incluir una nueva hornada de grupos de extrema derecha europeos en la lista de grupos terroristas susceptibles de ser objetivo del aparato de seguridad estadounidense debe llamar la atención en cuanto a que puede pasar a formar parte del repertorio legal con el que Estados Unidos se relaciona con Europa²². Incluso sin tener en cuenta dicha propuesta legal, la reciente evolución política y cultural estadounidense ha levantado olas en países aliados. Así, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron alertaba recientemente sobre el peligro que representan «las filosofías iliberales y divisivas que emanan de las universidades estadounidenses» haciendo un llamado a las universidades francesas a examinar y rechazar aquellas tendencias académicas que, en palabras del ministro de educación francés, miran al mundo a través de un prisma exclusivamente racial que tiene como único objetivo fracturar y dividir²³.

Esta llamada de atención por parte de la Presidencia no debió parecer suficiente al grupo de 30 generales franceses retirados que el 21 de abril firmaron un manifiesto llamando a «retornar al honor en los gobernantes» y tomar las medidas para evitar los peligros que llevarían a Francia a la guerra civil, el primero de los que cita el manifiesto es «la desintegración traída por cierto antirracismo que se despliega con el propósito único de sembrar la desconfianza e incluso el odio entre las comunidades»²⁴.

En la semana siguiente, esta carta fue duramente criticada por el gobierno, que amenazó con medidas disciplinarias. Sin embargo, una reciente encuesta encontró que el 58 % de los franceses apoyaban lo expresado por los firmantes del manifiesto (1/3 considera que deberían ser sancionados) mientras que un 73 % compartía el punto de vista de que Francia se encamina, de hecho, hacia la desintegración²⁵.

Evitar la politización de las fuerzas armadas debería ser un objetivo esencial en toda democracia. Desde el punto de vista de los aliados de EE. UU. y la OTAN, conviene estar atentos a estos movimientos internos de las instituciones castrenses. En primer lugar, por lo que pueda afectar a la efectividad y naturaleza de nuestro aliado a medio y largo plazo. En segundo lugar, por la medida en la que estos giros ideológicos internos pueden materializarse también en las políticas exteriores del Pentágono. Sin embargo, a largo plazo, la autonomía estratégica europea es el único camino y la única garantía para, de ser necesario, negociar situaciones rápidamente cambiantes como la descrita. Situaciones donde lo discursivo, lo electoral y lo interno, pueden pasar rápidamente de la realidad doméstica al escenario internacional. Un trasvase cuyo ritmo, previsiblemente, no hará sino acelerarse.

Enrique Garrett/ Historiador, experto en Periodismo Internacional y asesor político.

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24. FABRE-BERNADAC, Jean Pierre. “Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants : 20 généraux appellent Macron à défendre le patriotisme”, Valeurs Actuelles, 21 de abril 2021.
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