Los delitos económicos son un fin en sí mismo o un paso más para otros objetivos. Partiendo de dicha base, este artículo pretende recoger el cambio de tendencia que ha habido en la comisión de delitos a raíz de la pandemia, confinamiento y necesidad de distanciamiento social. Varias publicaciones formales e informales observan que, en gran parte, los delitos se han trasladado del espacio físico al ciberespacio debido a que es en esta última área donde se cumple el triángulo del delito con más notoriedad: agresor motivado, víctima propicia y ausencia de vigilante (Felson & Cohen, 1979). Actualmente, el ciberespacio es donde se realizan muchas actividades laborales y/o escolares, pero también cotidianas; por ende, las oportunidades para los ciberdelincuentes aumentan.
Los delitos no son nuevos. No obstante, el coronavirus ha ampliado y/o creado un mayor margen de actuación para los ciberdelincuentes en diferentes áreas, entre ellas, la delincuencia económica.
La consecución de dinero puede ser el objetivo final del ciberdelincuente, si bien, también puede ser un paso intermedio para conseguir otra meta. De cualquier manera, el sector económico de la persona, grupo, empresa o estado víctima se ve afectado en mayor o menor grado.
Según el INE (2019), en España, los hurtos y robos en domicilios u otros establecimientos son los delitos más cometidos en comparación con el resto. Ahora bien, será bastante revelador realizar una nueva comparación con las estadísticas que se publiquen del 2020 porque ya muchos profesionales de diferentes ámbitos e investigaciones preliminares prevén una disminución de estos delitos y un aumento de los ciberdelitos a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19 (Europol, 2020).
De manera previa a detallar y exponer algunos datos concretos, se ha de distinguir cuatro tipos de adaptación en cuanto a delincuencia se refiere. Según Miró (2012) se puede distinguir entre la adaptación tipológica, la de objetivo, la técnica y la de lugar. La primera de ellas es la respuesta de los criminales ante el bloqueo de un tipo de delito concreto, se adaptan y pasan a cometer delitos completamente distintos. La adaptación de objetivo indica el cambio de víctima que realizan en función de su nivel de vulnerabilidad. La siguiente adaptación se refiere al uso de nuevas técnicas, estrategias o instrumentos para lograr sortear las barreras que van apareciendo. Por último, la adaptación de lugar se trata de un desplazamiento de la actividad delictiva de un área a otra.
Teniendo en cuenta los cuatro tipos de adaptación mencionados, se irán señalando los datos referentes al tema en cuestión. Como ya se ha dicho, la pandemia, el confinamiento y el distanciamiento social ha provocado que las personas realicen sus actividades cotidianas y laborales desde casa, en concreto, desde su ordenador, portátil o móvil personal. Es decir, la confluencia que antes se encontraba en el espacio físico se ha desplazado al ciberespacio, con todos los riesgos y oportunidades que ello conlleva. En este sentido, es coherente pensar en la disminución de los delitos de calle y en el aumento de los ciberdelitos (adaptación tipológica y técnica).
Los fraudes y las estafas económicas realizadas en red ya tienen un recorrido previo, si bien, el registro de fraudes en compra y subasta ha subido más de lo que se preveía: un 52% de 2019 a 2020 (Miró, 2021); además, lo curioso es que se mantiene de esta manera, a diferencia de otras formas de ciberdelincuencia, que subieron un 43% (Miró, 2020). La razón puede ser que las compras online ya se venían implantando en la sociedad, el confinamiento solo ha acelerado el proceso y la necesidad de distanciamiento social está ayudando a que se quede de manera definitiva.
Por otro lado, tampoco son nuevos los delitos de ransomware y de phishing, los ataques por denegación de servicio y la creación de dominios maliciosos. No obstante, en investigaciones internacionales se señala el incremento de la cibercriminalidad en tres sectores, entre ellos, el de la delincuencia económica final o instrumental y, dentro de este, los delitos mencionados al inicio del párrafo (Miró, 2021). Dichos delitos han sufrido una adaptación de objetivo y de lugar, razón por la que se van a tratar como nuevos delitos económicos en el ciberespacio.
Ahora bien, para finalizar, es necesario remarcar la adaptación técnica de los ciberdelincuentes: utilizan una ingeniería social relacionada con el coronavirus para conseguir que la persona, organización o estado víctima llegue a participar en el perjuicio de su propio capital o sustento económico.
Más que nuevas formas de delinquir, hay nuevas áreas en las que los ciberdelincuentes se han introducido y nuevos objetivos a los que apuntan para lucrarse económicamente utilizando las mismas técnicas antes mencionadas: ingeniería social, malwares, engaño.
El sistema sanitario junto con los centros de investigación de tratamientos y vacunas se convirtieron en valiosos objetivos debido a la urgencia de eludir una catástrofe sanitaria. Se registró un 70% más de ciberataques en este sector en comparación con otros, siendo el hotelero el que destacó por una disminución de dichos ciberataques (Edward, 2020).
Otra nueva diana de los ciberdelincuentes son los empleados individuales en tanto que se hizo necesario el teletrabajo por la necesidad de distanciamiento social. La intención de estos delincuentes es acceder a la organización a través de los empleados para conseguir beneficios económicos como fin último o como medio en el propósito de perjudicar a la empresa o institución. El punto de acceso ha cambiado debido a la mayor vulnerabilidad que presentan la red y los dispositivos tecnológicos individuales en comparación con los empresariales.
En cuanto al cambio en el área de actuación de los ciberdelincuentes, hay que señalar que este se ha dado a raíz de la incertidumbre social derivada del coronavirus. El deseo de las personas de mantenerse informadas y seguras les convierte en víctimas propicias de phishing, ransomware y/o estafas. La nueva línea de ingeniería social hace uso de anuncios y spam sobre la venta de material de protección individual o medicamentos contra el virus. En algunos casos se trata de la compra de estos productos sin recibirlos o hacerlo de manera defectuosa y, por tanto, el precio se convierte es desorbitado (estafas); y, en otros, el objetivo final es conseguir que la persona pinche sobre el anuncio para descargar e instalar un software malicioso y obtener, así, datos personales como, por ejemplo, el número de la tarjeta bancaria (phishing). Asimismo, entre los casos de ransomware, delito que consiste en secuestrar datos en red para pedir un rescate económico por ellos, se destaca el llamado Netwalker (UDIMA, 2020).
Por último, es necesario mencionar el significativo papel de las criptomonedas en la delincuencia económica en el ciberespacio. Cuando cualquier delito económico es cometido utilizando las criptomonedas, la investigación de este se dificulta a niveles superiores puesto que, al ser relativamente novedoso este tipo de dinero, las fuerzas del orden aún no han desarrollado instrumentos adecuados de rastreo. Sin embargo, eso no quita que ya ha habido casos en los que se han resuelto fraudes en los que intervienen las criptomonedas (ejemplo en El País, 2021). Por otro lado, cabe destacar que en los criptomercados también se ha visto un cambio de tendencia, se están vendiendo mascarillas quirúrgicas y sangre infectada por la COVID-19 más que virus informáticos y datos de tarjetas de crédito (Buil-Gil et al., 2020).
El factor común de todas las adaptaciones producidas en el ámbito de la delincuencia es la repentina aparición de un virus que sumió a todos los países en un confinamiento, el cual desencadenó un traslado al mundo digital sin tomar las precauciones debidas.
En este sentido, las formas de prevención, antes pensadas y desarrolladas para los delitos en el espacio físico, han de reestructurarse e implementarse en el ciberespacio. Hay tres niveles de prevención. Los gobiernos se habrían de encargar de la prevención primaria mediante la difusión de estas nuevas tendencias de delincuencia, pues los ciberdelincuentes en muchas ocasiones utilizan el nombre de departamentos gubernamentales en su intento de resultar más creíbles para sus víctimas. La prevención secundaria ha de resolverla la organización o institución para su propio entorno, han de concienciar a sus empleados sobre las posibles formas de ciberataques hacia su empresa de manera particular y han de formarlos adecuadamente en las nuevas plataformas empleadas en la realización de su trabajo. Por último, de la prevención terciaria se hace cargo el sistema judicial y penitenciario, si bien, la reacción en este punto podría ser demasiado tardía y el daño enorme.
Naomi Vilchez, criminóloga y colaboradora del área de delincuencia económica de Sec2Crime.
BIBLIOGRAFÍA
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