El Gobierno Meloni, el endeudamiento público y la vuelta al pacto de estabilidad y crecimiento

Este año 2023, desde el punto de vista de la política comunitaria, trae una importante novedad que va a afectar al conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos la República de Italia: la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no se ha aplicado en los tres últimos años por las devastadoras consecuencias del “coronavirus”. Un pacto que, como es sabido, se remonta al Tratado de la Unión Europea (Maastricht (Países Bajos, 1992)), y que en no pocas ocasiones ha constituido un quebradero de cabeza para muchos gobiernos llegándose, incluso, a verse algunos intervenidos por la llamada “Troika” (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea): fue el caso de Grecia en varias ocasiones (2010, 2012 y 2015) o el de Italia en 2011 (imposición del Gobierno Monti, 2011-13).

Cuando en 2008 se inició la llamada “crisis de la deuda soberana”, fueron los países del centro y norte de Europa (Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia) los que impusieron una rígida austeridad en el control del gasto público ante la realidad de que la tercera (Italia) y cuarta (España) economías de la eurozona tenían sus respectivas finanzas públicas completamente descontroladas: si el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero tenía a mediados del año 2010 una desviación del déficit de nada más y nada menos que once puntos, a su vez el Ejecutivo transalpino se acercaba ya al 123% de deuda nacional sobre PIB cuando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento había marcado que este debía estar en el 60%.

Esa austeridad en el gasto público, cuyo artífice fue el entonces ministro de Finanzas alemán (Wolfang Schauble), tuvo efectos muy perniciosos en los países de la Europa meridional: en España aparecieron Podemos y VOX, y en Italia el Movimiento Cinco Estrellas, al que se añadió un nuevo diseño de la Liga, que, de la mano de Matteo Salvini, pasó a ser ultranacionalista, populista y, sobre todo, antieuropeísta. Consecuencia: en España, la ingobernabilidad, con reiterada repetición de elecciones generales como consecuencia del bloqueo constante entre partidos; y en Italia, un pacto (“contrato de gobierno”) entre Cinco Estrellas y la Liga que tuvo a la tercera economía de la eurozona en constante litigio con las instituciones comunitarias entre junio de 2018 y agosto de 2019. Y, sobre todo, en ambos países la constatación de que tanto la vida política como la sociedad se encontraban muy polarizadas.

Las autoridades europeas aprendieron de su error, y ante el ejemplar comportamiento tanto de españoles como de italianos en el cumplimiento de las medidas contra el “coronavirus” (lo que, por ejemplo, no hicieron ni británicos ni suecos), decidieron, en julio de 2020, no sólo crear un Fondo de Reconstrucción Europeo (Recovery Fund), sino conceder a todos los países de la Unión la posibilidad de aprobar presupuestos generales del Estado expansivos en el gasto público para los años 2021, 2022 y 2023.

Lo cierto es que, tres años después, la política de “abrir la mano” en el gasto público tampoco ha servido para solucionar el problema de las finanzas de cada Estado: el año 2022 cerró con un 177% de deuda sobre PIB en Grecia; del 154% en Italia; del 118% en España; del 116%, en Portugal; y, finalmente, del 112% en Francia. Frente a ellos, la deuda sobre PIB de Alemania está en el 67%; en Austria, en el 78%; en Países Bajos, en el 51%; en Dinamarca, en el 31%; y en Suecia, en el 34%.

Sabedores de que ni unos (los partidarios de reducir el gasto público) ni los otros (los favorables a presupuestos expansivos en ese mismo gasto) han encontrado la fórmula que logre la tan anhelada convergencia de las economías europeas (ya pertenezcan a la moneda única o no), en las últimas semanas los países miembros de la Unión han estado negociando intensamente (con no pocas tiranteces por medio) la forma en que se aplicará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en años venideros. Finalmente, se pactó periodizar entre cuatro y siete años la reducción de las deudas; buscar la determinación por parte de los gobiernos de sus ritmos de consolidación; eliminar la idea de reducciones de deuda uniformes y a ritmo proclive a la recesión (un 0,5% anual); y, finalmente, acompasar el saneamiento de las finanzas públicas con el necesario crecimiento de la economía.

Eso sí, en lo que sí se salió con la suya tanto Alemania como sus aliados del centro y norte de Europa fue en el mantenimiento de dos reglas clave del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: 60% de deuda sobre PIB y 3% de déficit anual. Algo previsible porque ya en su momento Draghi y Macron, cuando coincidieron al frente del Gobierno de sus respectivos países (febrero de 2021-julio de 2022), y sobre la base de un apoyo mutuo sustentado en el llamado “Tratado de El Quirinal”, ya intentaron que la deuda sobre PIB se llevara del 60 al 100%, sin el más mínimo éxito. Ahora Draghi está fuera de la presidencia del Consejo de Ministros, y Macron tiene a su país sublevado por haber llevado la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Cierto es que tiene a su favor la fortaleza de su posición institucional (ningún gobernante en toda la Europa occidental tiene tanto poder en su país como el presidente de la República francesa) y la determinación y el “cuajo” político que han marcado la acción política de Macron desde que ganara las elecciones presidenciales por primera vez (mayo de 2017), pero no es menos cierto que el país se encuentra en permanente estado de tensión y alteración en las calles desde hace meses.

En el caso de Meloni, ganadora de las elecciones “políticas” de septiembre de 2022 y con cinco años de legislatura por delante en un Parlamento donde la coalición de centroderecha goza de mucha ventaja respecto a una oposición diezmada, apenas acusa el desgaste de casi siete meses de Gobierno. Pero sabe igualmente que lo peor está por venir. Porque los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 se hicieron sobre la base de que los tipos de interés del dinero estarían en un 2%, pero han ido subiendo con el paso de los meses y ahora mismo están ya en el 3,75%: en otras palabras, sus presupuestos hace ya unos cuantos meses que quedaron completamente desfasados ante la realidad de que la situación financiera había cambiado.

Porque una subida continuada de los tipos decretada por el Banco Central Europeo (BCE) a quien más perjudica es a los países más endeudados, ya que cada vez han de destinar más fondos a pagar los intereses de la deuda. Y además con unos “estados del bienestar” cada vez más insostenibles, debido al envejecimiento creciente de esos países, a la fuerte caída de la natalidad (el año 2022 fue el primero en Italia en varias décadas en el que hubo menos de 400.000 nacimientos en un país de 60 millones de habitantes y donde solo nueve de ellos están por debajo de los 18 años de edad), a los perniciosos efectos de las reformas laborales, que no han hecho más que reducir el nivel de renta disponible de los trabajadores, sin contar con otros elementos, como un excesivo volumen de trabajadores públicos y la crónica corrupción de algunos gobiernos de estos países.

Meloni ya sabe lo que le espera: reducir la deuda, aceptar todo o casi todo lo que le imponga la Unión Europea (porque en juego están los 375.000 millones de euros del PNRR, el documento elaborado por el Gobierno Draghi por el que la tercera economía de la eurozona disponía de esa ingente suma de dinero a cambio de realizar un amplio programa de reformas), y reconocer la debilidad que supone no pertenecer a ninguna de las principales familias europeas. Y es que “populares”, socialistas, liberales y verdes son mucho más numerosos que el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo, llamado “Reformistas y Conservadores” y donde la marcha de los británicos de la Unión les ha dejó aún más debilitados.

Y eso que debe recordarse que la abultada deuda pública de la tercera economía de la eurozona no es culpa de Meloni ni de los gobiernos anteriores, sino que se remonta a los años setenta y ochenta del siglo pasado, porque debe atribuirse a los diferentes gobiernos de la ya disuelta Democracia Cristiana (DC), que incurrieron en un excesivo gasto público en función de su tendencia al clientelismo. Pero, entre aquel crecimiento del nivel del endeudamiento, más la fuerte pérdida de competitividad al haber entrado en la moneda única desde el primer momento (los diferentes gobiernos transalpinos devaluaban constantemente la moneda nacional (la lira) para poder introducir con más facilidad sus productos en los mercados internacionales), a Meloni y a su flamante Ejecutivo le esperan meses muy difíciles, en los que el malestar crecerá y en los que la popularidad de la política romana irá bajando. En relación con ello, le esperan comicios administrativos en mayo y junio, y las elecciones al gobierno de algunas regiones como Molisse, Abruzzos o Basilicata. En las que tuvieron lugar en Lombardia y Lazio (13 de febrero de este año) Meloni tuvo la lista más votada, pero era el momento de poner en marcha presupuestos expansivos en el gasto público, presupuestos que ahora tocan a su fin: veremos en estas convocatorias a celebrar en meses venideros si Meloni sigue siendo tan popular. 

De momento, la “premier” romana ya tiene un grave problema encima de la mesa: un crecimiento exponencial del flujo de inmigración irregular, que le llevó hace un mes a tener que decretar el “estado de alarma” por seis meses. Un problema que será cada vez mayor porque las autoridades comunitarias no piensan obligar a los Estados miembros a redistribuir los inmigrantes que llegan a las costas transalpinas y, por otra parte, llegan los meses de más elevadas temperaturas que facilitan la proliferación de embarcaciones procedentes de las costas del norte de África. Afortunadamente para ella, ya no está al frente de Interior el polémico Salvini y su retórica populista, sino Matteo Piantedosi, una persona que lleva en este ministerio desde finales de los años ochenta y que sabe manejar mucho mejor este tema en el sentido de evitar conflictos innecesarios con los mandatarios comunitarios. 

Lo cierto es que el Ejecutivo transalpino va a tener que dedicar muchos recursos para contener una nueva oleada migratoria, más aún si al “Estado fallido” que existe hoy en Libia se añade un recrudecimiento de la recesión que sufre la vecina Túnez. Pero algo sí debe tener muy claro: si a un líder de la fuerza de Macron (al frente de la segunda economía de la eurozona y con muy buenos apoyos en las instituciones europeas) le han impuesto subir la edad de jubilación en dos años sí o sí, ¿qué no le va a pedir la Unión a una Meloni cuyo único hombre “fuerte” en las instituciones comunitarias es su viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores Antonio Tajani?  

Veremos lo que sucede, pero la impresión es que la segunda mitad de este año va a ser para esta joven política romana (la primera, por cierto, en presidir el Consejo de Ministros en 77 años de historia republicana) va a ser mucho más complicada que la primera. Todo ello sin olvidar que ganó las elecciones con lo que Matteo Renzi, senador por Campania y ahora en la oposición (dentro del llamado “Terzo Polo”), denominó “programa de promesas irrealizables”. Si Renzi ya las veía “irrealizables” (y él conoce como pocos la política comunitaria) en septiembre de 2022, ¿hasta qué punto serán más “irrealizables” siete meses después, y no digamos después? El tiempo dirá.  

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es profesor en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y autor del libro Historia de la Italia republicana (Sílex Ediciones, 2021).