Opinión

Sobre la reforma constitucional en Italia

La líder y fundadora de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, en un mitin de campaña - PHOTO/FdI
photo_camera PHOTO/FdI - La líder y fundadora de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, en un mitin de campaña

Hace ya unos meses que el Gobierno Meloni, “in carica” desde el pasado 22 de octubre de 2022, presentó un proyecto de reforma constitucional que buscaba, fundamentalmente, que los mandatos del jefe del Ejecutivo (allí llamado “presidente del Consejo de Ministros o “premier”) duraran los cinco años de que consta cada legislatura. Venía a ser, en la práctica, llevar al terreno nacional lo que ya sucede a nivel local, ya que los alcaldes, cuando ganan las elecciones municipales, tienen garantizados cinco años de mandato. La propuesta del Ejecutivo transalpino fue bien acogida, con apoyos incluso fuera de la “maggioranza” (como el de Italia Viva y Azione), pero de momento ahí se ha quedado. 

Es de suponer que, en cuanto queden definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 (ahora que, por cierto, se están negociando las nuevas reglas fiscales que deben aplicarse en el renacido “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, suspendido durante los últimos tres años), la presidenta Meloni retomará el asunto y, a partir de ahí, entrará de lleno en el debate parlamentario. Al respecto, dos preguntas nos hacemos: ¿es realmente necesaria esta reforma? Y, ¿tiene posibilidades de salir adelante?

La última vez que se quiso hacer una reforma constitucional en toda regla (porque el “taglio” de parlamentarios de septiembre de 2020 en nada alteró el equilibrio de poderes) acabó en rotundo fracaso: la llevó a cabo un jovencísimo Matteo Renzi, presidente del Consejo de Ministros entre febrero de 2014 y diciembre de 2016 y quien vio cómo su intento de transformar el Senado en “Cámara de las Regiones” sólo era apoyado por el 41% de los votantes, frente a un 59% que se inclinó por el “no”. Como es sabido, Renzi presentó su dimisión de inmediato y le sucedió Paolo Gentiloni, que había sido el ministro de Asuntos Exteriores en el Ejecutivo presidido por el político toscano.

Algunos analistas han afirmado que una reforma de este tipo es viable porque, además, apenas afectaría a la arquitectura constitucional: sólo se verían afectados tres o cuatro artículos de la Constitución de 1948. Pero la realidad dice que esta reforma sería de mucho más calado, superando con mucho la de Matteo Renzi hace casi una década. Y veremos por qué.

En primer lugar, habría que alterar la figura del presidente de la República, primera “carica” del Estado. Este posee, entre otras prerrogativas, decidir a quién encarga formar gobierno: ahora, con alguien elegido en las urnas, no sería necesario pasar por el trámite de consultas del jefe del Estado, ya que se trataría de una elección directa de jefe de Gobierno. Tampoco podría decidir el presidente de la República, a partir de la aprobación de la reforma constitucional, decidir anticipar elecciones, ya que el presidente/a tendría asegurados los cinco años de mandato. Todo ello no por no hablar del papel oficioso que hasta ahora ha jugado el inquilino del Palacio de El Quirinal, que, sobre la facultad real de realizar un “preincarico” (es decir, no encarga formar gobierno a ninguna persona hasta que no da el “visto bueno” a la composición del Ejecutivo), tiene un poder de decisión fundamental en determinados ministerios, como son Economía y Finanzas, Defensa, Interior y Justicia.

Recordemos, en relación con ello, que el actual presidente de la República (Sergio Mattarella), se negó a encargar formar gobierno a una persona de la coalición Cinco Estrellas-Liga en mayo de 2018 mientras estos mantuvieron que el titular de Economía y Finanzas sería Paolo Savona, conocido enemigo de la moneda única: hasta que no apareció el nombre de un “ortodoxo” (Giovanni Tria, catedrático de Economía de la Universidad Tor Vergata) para esa cartera, y Savona pasó, a su vez, al Ministerio de segundo nivel de “Asuntos Europeos”, el jurista y político siciliano no dio “luz verde” al nuevo Gobierno, que se convirtió en realidad la primera semana de junio de 2018.

Es más, Mattarella jugó un papel decisivo para encargar formar gobierno a la romana Meloni: Tajani, conocido europeísta, tuvo que asumir Asuntos Exteriores; Giorgetti, hombre de muy buenas relaciones con Daniele Franco y Mario Draghi, hubo de aceptar ponerse al frente de Economía y Finanzas; y Salvini se quedó con las ganas de volver a Interior, teniendo que aceptar dirigir la cartera de Infraestructuras. Como contraprestación, Mattarella, en un claro gesto hacia la joven Meloni, aceptó que una persona de su máxima confianza, Guido Crossetto, a pesar de que era en ese momento presidente de la Asociación de la Industria de la Defensa (con lo que podía su elección podía traducirse en un claro “conflicto” de interés), fue finalmente designado ministro de Defensa por la razón fundamental de que Meloni le necesitaba en el Ejecutivo.

Ahora todo esto desaparecería: el presidente de la República pasaría a asumir el llamado “papel ceremonial” (pura representatividad institucional) y el nuevo “primer ministro” tendría las manos completamente libres para configurar su gabinete. Y, en el caso de que, por la razón que fuera, hubiera de cesar en su puesto, sería un integrante de la “maggioranza” quien asumiría la presidencia del Consejo de Ministros.

Otro cambio que supondría esta reforma sería el paso de una ley electoral mayoritaria frente a la importancia de la proporcional actual: quien gana, al Gobierno; y quien pierde, a la oposición. Justo lo que sucede en Francia desde que se instituyera la V República, y que lleva a que cada presidente de la República (con mucho más poder que su primer ministro) asume un mandato completo que durante décadas fue de hasta siete años y que, desde los tiempos de Nicolás Sarkozy (ya que el anterior presidente, Chirac, sí tuvo un primer mandato por un septenio), quien fue jefe del Estado entre 2007 y 2012, ahora la primera autoridad de la República francesa es elegida por un mandato de cinco años con posibilidad de una sola reelección.

Todo esto supondría dar mucho poder al presidente del Consejo de Ministros, y, en un país que no ha querido suprimir en 75 años de vida republicana el tener no una, sino dos cámaras con igual capacidad legislativa (la Cámara Baja, ahora con 400 miembros, y la Cámara Alta, que ha pasado de 315 a 200), parece difícil que se quiera volver a un poder ejecutivo más fuerte que el legislativo, algo que no sucede desde los tiempos de Mussolini.

Veremos qué sucede con esta reforma del Gobierno Meloni, pero da la impresión de ser más “humo” que otra cosa. No sólo por el poco ritmo que el actual Ejecutivo está imprimiendo a este tema (ni siquiera ha designado a una persona concreta para ello, frente a un Renzi que nombró a Maria Elena Boschi Ministra de Reformas Constitucionales para que dirigiera esta reforma concreta), sino porque Meloni, que en 2024 encarará su segundo año completo de gobierno, necesita ciertos elementos de “distracción” frente a lo que tiene pensado poner en marcha. Y ello no es otra cosa que los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.

Porque lo que muchos no saben en este momento es que Meloni ha seguido punto por punto la “hoja de ruta” marcada por la Unión Europea: reducción sustancial del gasto público (el déficit de las cuentas públicas debería ser, en principio, “0”, como manera de poder bajar el fuerte nivel de endeudamiento); fuertes subidas de impuestos; eliminación del llamado “escudo social” (creado para paliar las causas del “coronavirus”); desaparición de la “renta de ciudadanía”; y reducción de la deuda pública del 144% sobre PIB al 139-140% en solo un año.

Es de esperar que, en un país al que en este momento el Fondo Monetario Internacional no da un crecimiento de más del 0,7% para 2024 (frente al 8,3% que logró el Gobierno Draghi en 2021), el descontento social irá creciendo. Y eso que ahora mismo Meloni se mueve en máximos de popularidad (tiene un apoyo cercano al 29% del censo, frente al 19% del Partido Democrático, segunda formación en intención de voto), pero habrá que ver qué sucede en meses venideros: además de diferentes comicios para elegir el gobierno de algunas regiones de menor importancia, habrá que ver si Meloni sigue manteniendo este nivel de apoyo cuando lleguen las elecciones al Parlamento europeo de la primera semana de junio de 2024. Y todo ello con su viceprimer ministro Salvini aglutinando el voto antieuropeísta, y con el Senador Renzi agregando en una sola coalición todos los elementos de centro (Italia Viva, Azione, Piu Europa, etc.).

Sólo hay una cosa clara: de salir aprobada la reforma constitucional en las Cámaras, lo que Meloni puede lograr porque en este momento dispone de una amplia mayoría (la aprobación de esta reforma en el Parlamento), no tendría, en cambio, los votos suficientes para evitar un “referéndum”, y ya sabemos lo que sucedió en el caso de Renzi en diciembre de 2016. Lo perdió ampliamente y desde entonces no ha vuelto a ser presidente del Consejo de Ministros, y su partido (Italia Viva) no es capaz de superar el 3,5% de intención de voto. 

¿Seguirá adelante Meloni con la reforma constitucional que nadie ha logrado hasta el momento? Más bien le convendría pensar en cambiar el sistema de elección de presidente de la República, donde, de las tres últimas veces en que ha habido que elegir un nuevo jefe del Estado, se ha fracasado en dos ocasiones (2013 y 2022) y sólo se ha logrado encontrar un nuevo inquilino de El Quirinal en enero de 2015. Fue cuando Sergio Mattarella casi logra salir por mayoría cualificada y, ¿saben quién fue el “king-maker”? El mismo Matteo Renzi que ya ha puesto rumbo a las instituciones europeas.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es profesor en la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Camilo José Cela y autor del libro “Italia, 2028-2023. De la esperanza a la desafección” (Madrid, Liber Factory, 2023).