En situaciones de guerra o de emergencia nacional, los derechos democráticos quedan suspendidos o postergados para mejores tiempos. Todas las Constituciones lo prevén así. En situaciones de crisis de sistema, política o económica, también. Los derechos de las personas, que suponen un arco muy extenso de la actividad humana, se consideran los menos importantes. Por delante de ellos pasan los de las élites gobernantes, de los poderes económicos y financieros, de los militares, o de los religiosos.
Durante las primeras décadas de la descolonización del Magreb del imperio francés, los Estados resultantes se dedicaron a edificar sus estructuras, a crear sus Administraciones, a recuperar los bienes expoliados por la metrópoli, y para ello dejaron de lado los derechos democráticos y las libertades individuales. Lo hicieron Marruecos y Argelia en los años 70 y 80 del siglo pasado; lo hizo Mauritania mucho mas tiempo desde su independencia en los 60; lo hizo Libia tras el derrocamiento de la monarquía de Idriss Senoussi, hasta los años 80 y 90 en los que la Junta de los coroneles en el poder dirigidos por Muamar Gadafi y Abdesselam Djaloud inventaron el Libro Verde que prometía unos derechos democráticos muy sui generis, basados en las asambleas populares. Túnez, a su modo, fue quizás la excepción, ya que aun con un régimen presidencial liderado por Habib Burguiba, durante las tres décadas de su Jefatura del Estado, admitió el pluralismo político y un margen importante de derechos, lo que permitió a su país ser la vanguardia en el mundo musulmán entre otros de los derechos de la mujer, en algunos casos más avanzados que los que entonces regían en Europa. Antes de su muerte, el general Zine el Abidine Ben Ali, dio un golpe de Estado incruento a mediados de los 80 derrocando a Burguiba aludiendo su “incapacidad física para ejercer el poder” e impuso un sistema policial con un recorte paulatino de todos los derechos y libertades fundamentales, hasta que él a su vez fue derrocado en enero de 2011 por una revolución popular.
En los años 80 la explosión de los movimientos islámicos se extendió por todo el Magreb, desde Mauritania hasta Libia, con grandes manifestaciones de protesta popular, que en unos casos fueron reprimidas violentamente, como en Marruecos, y en otros, aun siendo reprimidas, llevaron a un régimen de libertades mínimas, como en Argelia.
Con el nuevo milenio, los dos principales países del norte de África, Argelia y Marruecos, se abrieron al establecimiento de derechos y libertades. El recién estrenado presidente Abdelaziz Bouteflika en Argelia quiso cerrar el negro período de la guerra civil interna de los años 90 que tuvo un saldo de 200.000 muertos, y auspició el desarrollo económico y social interno, favoreció el pluripartidismo y abanderó la entrada de su país en la arena política internacional, firmando entre otros un Tratado Amistad con España, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y el Acuerdo Euromediterráneo.
Paralelamente, el régimen marroquí del recién llegado al trono Mohamed VI sorprendió al mundo liberando presos políticos, permitiendo la vuelta al país de exiliados notables, como el ingeniero Abraham Serfaty, fundador de una corriente marxista-leninista radical, apoyándose en una juventud deseosa de participar en los asuntos del Estado, y en la experiencia y prestigio de veteranos militantes que salieron de las cárceles. La monarquía marroquí inició una nueva etapa.
Pero el impulso dado al proceso de derechos y libertades a nivel interno en cada país no tuvo reflejo en la geopolítica regional. El único organismo vinculante para los países del norte de África, la Unión del Magreb Árabe (UMA), que nació en Marrakech en 1989, sólo se limitaba a propiciar la cooperación económica y el desarrollo; los derechos democráticos y las libertades no tenían cabida en él.
Tras la última reunión cumbre de la UMA en Túnez en 2008, las relaciones intermagrebíes se enquistaron paulatinamente, y la rivalidad geopolítica de sus principales actores, Marruecos y Argelia, fue in crescendo. La cuestión de “la descolonización del Sáhara Occidental”, propiciada por la ONU tras la petición del sultán Mohamed V en los años 50 del siglo pasado, se convirtió en un arma en la disputa geopolítica, que tuvo como efecto el recorte de derechos y libertades. En ninguno de los dos países, la prensa y los medios de comunicación podían abordar la cuestión fuera de la versión oficial. Muchos periodistas y trabajadores de la comunicación en las redes sociales en Argelia y en Marruecos fueron detenidos y algunos encarcelados; otros se vieron obligados al exilio. Las libertades de pensamiento y expresión fueron sacrificadas en el altar de las razones de Estado. Los medios de comunicación internacionales vieron sus permisos de acceso a los dos países restringidos. En Argelia, estaban vigentes los impedimentos para que la prensa internacional accediese a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, o a las “regiones rebeldes” hacia el poder central de Argelia, como la Cabilia, el Mzab o Tamanrasset. En Marruecos, la prensa internacional gozaba de amplias libertades en Rabat o en Casablanca, pero era muy controlada cuando no impedida, para viajar a El Aaiún o a la región del Rif. Las crisis internacionales, económicas, energéticas, y más tarde políticas hasta llegar a la guerra de Ucrania han sellado el cierre de las libertades internas. Y ello a pesar de algunos intentos notables, como la vigencia legal de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) a menudo muy crítica en relación con los recortes de libertades, o la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), muy activa en el terreno social e interlocutor de la Administración del Estado. En Marruecos, la nueva Constitución promulgada en 2011 permitió dar un apoyo legal a las actividades en favor de los derechos y libertades, pero la evolución de la situación internacional y los cambios en la geopolítica regional, han frenado las expectativas. En Argelia, la situación es más grave; la hibernación en 2019 de las principales asociaciones de defensa de derechos y libertades, y la reciente disolución en 2023 de la Liga Argelina de Derechos Humanos, junto a la detención del director de prensa Ihsan el Kadi, han puesto el conjunto de derechos democráticos y libertades en suspensión. La sociedad argelina se está viendo cercenada en su derecho fundamental a defender sus libertades y su futuro.
Ante este proceso de evolución en dientes de sierra de las libertades fundamentales en el Magreb, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que engloba a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros, o cierran los ojos o defienden sus posiciones críticas o permisibles en función exclusiva de sus intereses de Estado. Los aliados permanentes o circunstanciales de cada uno de los actores de la política regional, como Rusia, China, Irán o Sudáfrica prefieren callarse. Los derechos democráticos y las libertades fundamentales en los países del Magreb seguirán siendo rehenes de la geopolítica.