Controversia ante la movilización general en Argelia

Entre la defensa nacional y el control del poder
El general Said Chanegriha, jefe del Estado Mayor del Ejército argelino pasando revista a tropas del país - PHOTO/Ministerio de Defensa de Argelia
El general Said Chanegriha, jefe del Estado Mayor del Ejército argelino pasando revista a tropas del país - PHOTO/Ministerio de Defensa de Argelia
  1. Legalidad y excepcionalidad
  2. La amenaza como justificación
  3. Vigilancia omnipresente
  4. La sombra del Hirak y la contención interna
  5. ¿Fortaleza nacional o deriva autoritaria?

La reciente activación de la Ley de Movilización General en Argelia no sólo inaugura un nuevo marco jurídico, sino que plantea un rediseño estructural del Estado en clave de excepcionalidad.  

En nombre de la defensa nacional, el país establece mecanismos que colocan a toda la sociedad –sus ciudadanos, su economía, sus instituciones y su prensa– bajo una lógica de movilización permanente frente a amenazas internas y externas, algunas reales, otras potenciales. Este paso, dado por el Gobierno de Abdelmadjid Tebboune en un contexto de creciente tensión en el Sahel, ha reactivado el debate político y social sobre los límites entre seguridad y libertad, y sobre el papel que juega el Ejército en la configuración del poder civil. 

Legalidad y excepcionalidad

El 22 de julio de 2025, el Gobierno argelino formalizó la entrada en vigor de la Ley de Movilización General, tras su aprobación en la Asamblea Nacional Popular y su publicación en el Boletín Oficial. Aunque aún falta la validación del Consejo de la Nación y la firma presidencial, los efectos legales y administrativos de la norma ya han comenzado a desplegarse. El texto, elaborado por los ministerios de Justicia y de Solidaridad Nacional, modifica el artículo 99 de la Constitución y establece un conjunto de medidas destinadas a reorganizar el aparato estatal en caso de amenaza grave a la seguridad nacional. 

La ley establece que el Estado, sus instituciones y también los sectores privados y civiles deberán someterse a los requerimientos de un “estado de guerra o emergencia”, habilitando una estructura de mando encabezada por el presidente de la República, pero operada directamente por el Ministerio de Defensa. Las consecuencias no son menores: desde la suspensión de derechos laborales hasta la penalización del silencio informativo, pasando por la requisición de recursos materiales, la censura en medios de comunicación y la obligación de delatar comportamientos considerados “hostiles”. 

Lo que en apariencia es una herramienta de defensa nacional se convierte en una arquitectura jurídica que, según algunos observadores, permite transformar a la ciudadanía en engranaje militar. “La ley condensa todo el país en función del aparato de seguridad. El ciudadano, su propiedad y su libertad quedan a disposición del Estado Mayor, sin que medie justificación judicial”, escribió el periodista Mounir Douley en su cuenta de X. Para él, esta normativa consagra una lógica de excepción permanente: “Es una ley que no promulgaría un Estado que se considere a sí mismo en paz”. 

Miembros de la Asamblea Nacional Popular de Argelia durante la votación de la proposición de ley sobre la movilización general - PHOTO/ASAMBLEA NACIONAL POPULAR/X/@apnalgerie
Miembros de la Asamblea Nacional Popular de Argelia durante la votación de la proposición de ley sobre la movilización general - PHOTO/ASAMBLEA NACIONAL POPULAR/X/@apnalgerie

La amenaza como justificación

Para comprender la lógica detrás de esta ley, es indispensable atender a la evolución del contexto regional. Argelia comparte más de 6.000 kilómetros de frontera con países marcados por la inestabilidad: Mali, Libia y Níger atraviesan profundas crisis políticas y militares que han favorecido la expansión de grupos armados, el contrabando y los flujos migratorios incontrolados. La actividad de drones y milicias en la región del Sahel ha crecido exponencialmente, y Argel ha adoptado una postura cada vez más vigilante ante posibles incursiones o provocaciones. 

El incidente más ilustrativo ocurrió en abril de este año, cuando la Fuerza Aérea argelina derribó un dron militar maliense que, según las autoridades, había ingresado sin autorización en el espacio aéreo del país. La reacción de Bamako fue inmediata: calificó el acto como una “declaración unilateral de guerra”. Desde entonces, las tensiones diplomáticas con sus vecinos del sur han aumentado, en un escenario regional donde también se disputa influencia geopolítica entre potencias extranjeras como Francia, Rusia, Turquía o los Emiratos Árabes Unidos.  

La percepción del Gobierno argelino es clara: la seguridad nacional no puede limitarse a responder a los ataques, sino que debe anticiparlos. Como expresó un asesor militar en medios locales, “el cambio es doctrinario: Argelia no espera a ser agredida, se organiza para evitarlo”. Bajo esta óptica, la movilización general no es un acto de emergencia sino una estrategia sostenida de blindaje institucional. 

Un combatiente del Marco Estratégico Permanente para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA) asegura el perímetro durante una reunión de líderes del ejército rebelde tuareg en Tinzaouaten, norte de Mali, el 27 de noviembre de 2024 - REUTERS/ABDOLAH AG MOHAMED
Un combatiente del Marco Estratégico Permanente para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA) asegura el perímetro durante una reunión de líderes del ejército rebelde tuareg en Tinzaouaten, norte de Mali, el 27 de noviembre de 2024 - REUTERS/ABDOLAH AG MOHAMED

Vigilancia omnipresente

El contenido de la ley va mucho más allá del terreno estrictamente militar. La nueva normativa habilita la creación de comités especiales para gestionar la movilización, obliga a todos los sectores económicos a alinearse con el esfuerzo de defensa, y faculta al Gobierno para centralizar el control del transporte, la energía, el agua y las exportaciones. Se trata de un modelo de seguridad integral que abarca desde la producción industrial hasta el discurso público. 

Uno de los artículos más controvertidos impone penas de hasta dos años de prisión a cualquier ciudadano que, “de forma deliberada”, no informe a las autoridades sobre personas o entidades consideradas “hostiles” al país. La ambigüedad de este lenguaje - que no delimita qué significa exactamente “hostil” - ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que lo interpretan como una legalización de la delación social. 

En paralelo, el control de la prensa se endurece: la difusión no autorizada de información relacionada con la movilización o con actividades militares puede ser castigada con hasta diez años de cárcel. En consecuencia, numerosos medios locales han comenzado a autocensurarse. Las redacciones evitan cubrir ciertos temas, no por orden directa, sino por un temor creciente a las sanciones. Como comentó un periodista argelino bajo anonimato: “No sabemos exactamente dónde están los límites, así que mejor no acercarse a ellos”. 

Ciudadano argelino leyendo las portadas de los principales diarios de la prensa nacional - PHOTO/ARCHIVO
Ciudadano argelino leyendo las portadas de los principales diarios de la prensa nacional - PHOTO/ARCHIVO

La sombra del Hirak y la contención interna

El timing político de esta ley no es inocente. Tras las masivas protestas del movimiento Hirak, que desde 2019 sacudieron las calles en demanda de democratización, el Estado argelino ha optado por reforzar los mecanismos de control político en lugar de avanzar hacia reformas estructurales. 

Desde sectores opositores y de la sociedad civil se teme que la ley sirva como herramienta para prevenir nuevas movilizaciones, mediante un marco legal que criminaliza la organización social y la libre expresión. El partido opositor “Unir por el Cambio” lo expresó con contundencia en un comunicado reciente: “Se trata de una decisión de impacto generacional que no puede ser adoptada sin un debate nacional amplio y plural, que incluya a todos los actores políticos, sociales y a la comunidad argelina en el exterior”. 

A su juicio, no es solo una medida legal, sino una decisión política de gran calado, que debería ir acompañada de un proceso de concertación democrática. Sin embargo, el Gobierno ha optado por presentar la ley como una política de Estado incuestionable, alineando a sus partidos aliados y utilizando los medios oficialistas para promover una narrativa de unidad frente al enemigo exterior. 

Miles de manifestantes conmemoraran el aniversario del Hirak - AP/ ANIS BELGHOUL
Miles de manifestantes conmemoraran el aniversario del Hirak - AP/ ANIS BELGHOUL

¿Fortaleza nacional o deriva autoritaria?

El modelo de movilización adoptado por Argelia no es inédito en la historia, pero sí representa un giro significativo respecto a los marcos institucionales que han regido su vida política desde los años noventa. Frente al colapso del orden regional en el Sahel, el Estado argelino elige no solo militarizar sus fronteras, sino también preparar a su sociedad para una forma prolongada de excepción. 

Lo que muchos temen es que esa excepcionalidad se vuelva estructural. La movilización general, presentada como un instrumento de protección, puede convertirse en una nueva normalidad política, donde el control sustituya al consenso y la vigilancia reemplace al debate público. Como escribió un usuario en redes sociales: “La guerra aún no ha empezado, pero ya estamos perdiendo libertades”. 

En última instancia, la ley refleja una tensión de fondo entre dos modelos de gobernanza. Uno basado en la participación democrática, el pluralismo y el imperio de la ley. Otro centrado en la obediencia, la seguridad preventiva y el poder centralizado.