Zhang Zhan simboliza por sí sola el retroceso experimentado por las libertades en todo el mundo so pretexto de la pandemia del coronavirus. Un tribunal de Shanghái, al cabo de un juicio rápido y sin testigos extranjeros, la condenaba a cuatro años de prisión. ¿Por qué delito? “Haber buscado líos y provocado problemas”, según el veredicto del tribunal. La justicia del régimen chino considera culpable a esta abogada cristiana, de 37 años, de haber filmado y difundido en las redes sociales videos de los hospitales de Wuhan, desbordados por la masiva afluencia de pacientes aquejados por la COVID-19. El virus, aún sin aclarar hoy su verdadero origen, se extendía por aquella urbe de once millones de habitantes e infectaba a un ritmo incontenible a toda la humanidad.
Próxima a visitar el escenario en donde presuntamente se originó la plaga, la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no podrá a todas luces contar en sus investigaciones con lo que pueda relatarle Zhang Zhan, debilitada por la huelga de hambre que mantiene desde que fuera encarcelada en marzo y sometida desde entonces a la tradicional cortesía carcelaria china. Es obvio, pues, que cabe dudar mucho de la transparencia del Gobierno chino en lo que muestre a la OMS.
No es solamente el régimen de Pekín el que invoca “la seguridad nacional” como argumento definitivo para imponer drásticas prohibiciones, recortar las libertades esenciales y controlar férreamente a su población. Tanto la ONU como diversos institutos y observatorios internacionales constatan que la pandemia ha servido de pretexto para que los regímenes más autoritarios hayan endurecido su totalitarismo al tiempo que los de más acusada tradición democrática han experimentado fuertes retrocesos en el ejercicio de sus libertades.
El estudio al respecto más reciente corresponde al Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea, según sus siglas en inglés). Según el informe de esta entidad, con sede en Suecia y financiada en buena parte por la Unión Europea, el 43% de los países democráticos y el 90% de los no democráticos han dispuesto a lo largo de 2020 “medidas ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias”.
No necesitaba China a la COVID-19 precisamente para mantenerse firme en sus objetivos de cercenar cualquier amenaza a “la seguridad nacional”, pero es evidente que, a pocos meses de celebrar el centenario de la creación del Partido Comunista Chino (PCC) el 1 de julio de 2021, el régimen considera una amenaza tratar de averiguar o describir lo que pasó y pasa no solo en Wuhan sino también a propósito de lo que fue la denominada revolución cultural bajo Mao Zedong o la matanza de Tiananmen ya con Deng Xiaoping como hombre fuerte; las detenciones masivas de los musulmanes uigures o la resistencia del exilio tibetano. Pekín, además, ha implantado con carácter general la videovigilancia de toda la población.
Parecidas invocaciones han servido para endurecer aún más dictaduras como la cubana, la venezolana y la nicaragüense. En esta última, el presidente Daniel Ortega ha impuesto una ley que califica de “terrorista” cualquier crítica opositora, en realidad un calco de lo que ya sucede en Cuba desde hace mucho tiempo y lo que Nicolás Maduro intenta implantar definitivamente en Caracas.
Rusia y Turquía, denominados por Idea regímenes híbridos, o sea a medio camino entre el autoritarismo real y la democracia formal, también han endurecido su legislación limitando cada vez más el derecho de asociación, de forma que se hace imposible el trabajo de investigación y denuncia de cualquier abuso de poder y corrupción. El aplastamiento de las libertades básicas también ha sido brutal en casos como Bielorrusia o Azerbaiyán, sin que tampoco hayan escapado al endurecimiento países como India, Camboya o Bangladesh.
En el ámbito de la Unión Europea se ha acrecentado el control sobre la población y especialmente de la oposición en Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Pero, las democracias más consolidadas tampoco han escapado a las pulsiones autoritarias; al fin y al cabo, tener a todo un país confinado en sus casas mientras Policía y Fuerzas Armadas son dueños absolutos de calles y plazas desiertas, constituye el sueño dorado de cualquier autócrata. Así, la oposición ha denunciado graves retrocesos en el Estado de derecho de los Estados Unidos de Donald Trump o en la España gobernada por Pedro Sánchez.
Naciones Unidas y los observatorios de derechos humanos instan a revertir los recortes de las libertades impuestos aprovechando la lucha contra el coronavirus. Seguramente, cuando acabe la pesadilla de la pandemia, habrá sido mucho más fácil implantar e impulsar el autoritarismo que asentar los cimientos de la democracia.
