El actual sistema de pensiones en Francia, uno de los más generosos del mundo, es inviable. Así lo reconocen la inmensa mayoría de los economistas, estadísticos, analistas y proyectistas demoscópicos y presupuestarios. Con una natalidad próxima al suelo europeo, en el que ya están Italia y España, la edad oficial de jubilación en Francia está fijada actualmente en los 62 años, con numerosas excepciones que permiten, por ejemplo, que los maquinistas ferroviarios puedan jubilarse mucho antes. Rige pare ellos el derecho adquirido a hacerlo cuando las locomotoras eran a vapor y quemaban carbón. Esas máquinas solo se encuentran ya en los museos, los trenes son de alta velocidad, los maquinistas apenas tienen que ejecutar operaciones que ya son teledirigidas en su inmensa mayoría, pero persiste en cambio el derecho a una jubilación plena cuando además han crecido las expectativas de vida hasta una media cercana a los 90 años. No es el único sector que goza de este beneficio. Una cuarentena de excepciones más provoca de paso la envidia de los franceses sometidos al régimen común de jubilarse a los 62 años, que a su vez provoca la sensación de estar en el pelotón de los torpes a alemanes, italianos o españoles, por ejemplo, para quienes se ha fijado ya la edad oficial del retiro en los 67 años.
Como quiera que, además, el sistema es por reparto, pensiones tan generosas para tantos dependen de las generaciones más jóvenes que trabajan y cotizan, que en los tiempos que corren están sometidas a la volatilidad de sus puestos de trabajo, que desaparecen a velocidad de vértigo, a medida que los avances tecnológicos requieren mucha menos mano de obra, aunque mucho más cualificada.
Pese a que Francia esté en el pelotón de cabeza de la Unión Europea, no ha podido sustraerse a la llamada de atención general de Bruselas para poner en orden un sistema que acumula déficits crecientes cada año y que lo hace absolutamente inviable. A ello se puso el presidente Emmanuel Macron desde su primer mandato, y a la contra se le pusieron todos los sindicatos, que le obligaron a recular, al igual que habían hecho y logrado con todos los demás presidentes que lo habían intentado antes que él.
La agudización de la crisis, espoleada especialmente por la pandemia, y todas las derivadas tanto de la competencia china como de la invasión de Ucrania, han convertido si cabe en más urgente aún la necesaria reforma del sistema. Tampoco es que Macron haya propuesto un pendulazo radical. Primero propuso retrasar la jubilación hasta los 65 años y luego reculó hasta dejarlo en los 64, lo que aún sitúa a los franceses en el lado del júbilo absoluto mucho antes que alemanes, italianos y españoles.
Bueno, pues ni aún así. La práctica totalidad de los sindicatos franceses, en donde rige una actitud reivindicativa y sobre todo de lucha callejera más propia de la primera mitad del siglo XX que de ahora, han espoleado manifestaciones, huelgas y destrucción de mobiliario público con el mismo ahínco del período de entreguerras, o del mayo del 68 si se quiere un ejemplo más cercano. Movilizaciones a las que se ha unido La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Melenchon.
El recurso al denostado pero constitucional artículo 49.3
La batalla decisiva se libraba no obstante en la sede de la soberanía popular, es decir en la Asamblea Nacional y el Senado, las dos cámaras legislativas francesas. El jueves era el día decisivo, por cuanto el partido macronista, ahora rebautizado como Renacimiento, precisaba de los votos de Los Republicanos (LR), la nueva denominación de la derecha tradicional y gaullista. La primera ministra Elisabeth Borne, tras un esfuerzo ímprobo por obtener el apoyo de la totalidad de LR, comprobó que unos cuantos diputados al menos de dicha formación no le darían su voto. Así que optó por la solución radical que permite la Constitución en su artículo 49.3, que permite aprobar una ley sin necesidad de contar con el apoyo del poder legislativo.
No hizo más que anunciar que la reforma de las pensiones se hará por este procedimiento que la oposición corrió a certificar que presentará las correspondientes mociones de censura. De momento, el Gobierno de Macron-Borne tendrá que hacer frente a tres: desde la formación más a la derecha del hemiciclo, el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, hasta la que inevitablemente presentaran las huestes de Melenchon (él mismo no es diputado), pasando por la que también están redactando los centristas del partido LIOT (Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios).
Con la composición actual de la Asamblea Nacional, ninguna de las tres mociones de censura está llamada a prosperar. Bastará con que los diputados de LR, que no apoyaron el proyecto de ley, se abstengan en la votación de las respectivas mociones.
Macron aprobará así finalmente su suavizada reforma del sistema de pensiones y su Gobierno no caerá por las mociones de censura, pero es indudable que saldrá debilitado de toda esta peripecia. Sindicatos y oposición de extrema izquierda seguirán agitando las calles, según sus propias declaraciones, y persistirán en su intento de paralización total del país.
En tales condiciones la tentación de convocar elecciones anticipadas planeará seguramente sobre el Palacio del Elíseo. Pero, a la vista del panorama político y los resultados que muestran los sondeos de opinión, tal convocatoria no arrojaría una modificación sustancial de las cámaras legislativas, y a cambio fortalecería la presencia mediática de los dos polos extremos del arco parlamentario: el lepenismo y el melenchonismo.
Mientras tanto, unos y otros fijan el calendario de nuevas movilizaciones. Y París, la Ciudad de las Luces, se va enterrando en montañas de basura sin recoger, sobre las que las ratas (las de cuatro patas) parecen haberse hecho más numerosas y fuertes.
