Nasser al-Khelaifi, presidente del club de fútbol del París Saint-Germain y presidente del grupo audiovisual beIN Media Group (integrado en la división de deportes de la cadena estatal qatarí Al-Jazeera), será sometido a proceso judicial en Suiza junto con Jerome Valcke, ex secretario general de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA, por sus siglas en francés), por corrupción vinculada a la asignación de los derechos de emisión de la Copa del Mundo de fútbol que se disputará en Qatar en 2022.
A partir del 14 de septiembre dará comienzo el proceso judicial que atañe a ambos dirigentes, acusados de gestión desleal e instigación a la gestión desleal, falsificación documental y corrupción pasiva. Un tercer sujeto, del que no ha trascendido públicamente su identidad, también es señalado por la justicia helvética por corrupción activa en su caso en relación con este asunto.
Según la Fiscalía Federal de Suiza, Jerome Valcke utilizó su posición en altas instancias rectoras del balompié internacional entre 2013 y 2015 para favorecer a determinados grupos mediáticos en la atribución de los derechos televisivos de competiciones internacionales como Mundiales o Copas Confederación de la FIFA en el periodo comprendido entre 2018 y 2030. Recibiendo supuestamente en su caso beneficios provenientes de Nasser al-Khelaifi y de la otra persona encausada. A cambio, el ejecutivo de la FIFA recibió tres pagos por un valor de 1,25 millones de euros, según detalló la Fiscalía.
Este último montante procedía supuestamente del tercer encausado del que no se ha revelado su identidad. Mientras, por otro lado, se habla de otros pagos o contraprestaciones efectuados por Al-Khelaifi a Valcke; pero este extremo no puede seguir siendo investigado o juzgado porque la propia FIFA retiró la acusación tras haber presentado una denuncia penal contra el mandatario qatarí, después de que ambas partes hubiesen llegado a un “arreglo amistoso”.
Los abogados del empresario qatarí y mandamás del PSG negaron las acusaciones e indicaron que el caso es “totalmente infundado”, denunciando que la acusación recibida es “manifiestamente artificial”. Además, manifestaron que habían solicitado incluso la recusación de varios fiscales encargados del procedimiento, además de presentar una demanda penal tras las filtraciones habidas relativas al caso, como reseñó respecto a este último apartado la agencia AFP.
Aunque la justicia suiza ya informó hace unos días sobre el rechazo de las demandas de recusación presentadas por Al-Khelaifi, quien fue inculpado en febrero, contra tres integrantes del Ministerio Público de la Confederación (la Fiscalía Federal suiza) que supuestamente no habían permitido al dirigente hablar de todos los temas que quería en la audiencia que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre de 2019.
Por su parte, Valcke ya sufrió una suspensión de 12 años, reducidos a 10 por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), decretada por la justicia interna de FIFA por otras supuestas actividades corruptas, como, por ejemplo, la reventa de entradas del Mundial de 2014 disputado en Brasil o haber viajado en aviones privados de manera irregular a costa del propio órgano rector del fútbol internacional.
De esta forma, continúan los episodios turbulentos en torno a la cita mundialista de Qatar 2022, ensombrecida por las acusaciones de corrupción en cuanto al procedimiento de atribución al Estado del Golfo de los derechos para organizar la Copa del Mundo y en cuanto a la concesión de los derechos de retransmisión, dentro de los cuales se incluyó un supuesto soborno por parte de la cadena Al-Jazeera, según destapó una investigación del diario The Sunday Times.
El medio británico indicó que Qatar, a través de Al-Jazeera, pagó 880 millones de dólares a la FIFA por su Mundial de Fútbol, según sus propias fuentes; vulnerando así las reglas financieras del proceso de licitación del Mundial.
Según los documentos filtrados, solo tres semanas antes de que Qatar recibiera el honor de organizar la Copa Mundial de 2022, la cadena Al-Jazeera había ofrecido al organismo director del fútbol mundial un lucrativo acuerdo secreto de televisión, que incluía una tarifa de 100 millones de dólares si Qatar lograba ganar los derechos para acoger el Mundial. En este sentido, el contrato parecía ser una clara violación de las normas y regulaciones de la FIFA.
