La COVID-19 ahonda la crisis económica y asoma a Túnez al abismo
La emergencia sanitaria inducida por la COVID-19 ha profundizado la aguda crisis económica que padecía Túnez, gestionado por un gobierno endeble fruto de una larga disputa política que ahora busca como evitar el estallido social y socorrer a miles de pequeñas empresas y a millones de ciudadanos que malviven con lo que ganan al día en trabajos precarios e informales incompatibles con el confinamiento.
Apenas 48 horas después de decretar la crisis sanitaria, el primer ministro, Elyes Fakhfakh- designado en febrero tras cuatro meses de pulsos entre los partidos- anunció un paquete de medidas por valor de 800 millones de euros para paliar esta situación, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha causado la mayor inflación de la historia del país desde su independencia en 1956.
Ese organismo ha concedido un nuevo préstamo de 680 millones de euros destinado a la lucha contra el coronavirus, que ha causado la muerte de al menos 38 personas y el contagio de otras 918 y que, según sus estimaciones, producirá una contracción del 4,3% de la economía durante este 2020.
Siguiendo los tres objetivos del Ejecutivo- preservar empleos, asegurar los ingresos de los trabajadores y reducir la carga financiera de los ciudadanos- el mandatario anunció una docena de decretos de ley que incluyen la retención de un día de sueldo de los empleados del sector público y privado y multas de 50 dinares (15 euros) contra los infractores de las medidas preventivas.
Además, el mayor sindicato del país (UGTT) la principal organización patronal (UTICA) y el ministerio de Industria y de Asuntos Sociales firmaron esta semana un insólito acuerdo para abonar íntegramente la nómina del mes de abril a todos los trabajadores de empresas privadas afectadas por el desempleo técnico. Sin embargo, según un estudio realizado por la patronal, el 93% de las sociedades pagaron los salarios de marzo mientras que solo el 17% asegura que podrá cubrir los gastos del mes de mayo.
El sector turístico, manantial para la economía del país y que representa el 14% del PIB, ha sido duramente golpeado. Primero, tras la revolución de 2011, que terminó con dos décadas de dictadura y dejó al país inmerso en la inestabilidad política; los atentados terroristas de 2015 que segaron la vida de 72 personas, de los cuales 60 eran turistas extranjeros y la reciente quiebra del operador británico Thomas Cook que legó 70 millones de euros en deudas.
Cuando la industria parecía por fin levantar el vuelo, con 9,5 millones de visitantes en 2019, se estima que este último impacto ha provocado 1,2 millones de euros en pérdidas y destruirá más de 400.000 empleos.
A ello se suman los problemas estructurales heredados de los tiempos de la tiranía de Zinedin el Abedin Ben Ali, derrocado en 2011: la corrupción, que es sistémica, y el paro estructural juvenil, que según cifras independientes ronda el 40%. Y un sistema fiscal que el propio presidente de la patronal, Samir Majoul, calificó esta semana de "infierno fiscal" en unas polémicas declaraciones en las que arremetió contra la creciente economía paralela y las multimillonarias deudas de las compañías estatales.
Ambas cuestiones complican el rompecabezas financiero: el 41% de la población activa trabaja de manera informal -1,5 millones de personas- y el 50% de las 195 empresas públicas son deficitarias, el sector privado arrastra también vicios del antiguo régimen. Un estudio publicado en 2014 por el Banco Mundial (BM) reveló que el 21% de los beneficios del sector privado continúan bajo el control de 220 sociedades cercanas al círculo del ahora fallecido dictador.
“Voy tirando de ahorros. El problema de las empresas es que vivimos al día: el margen de beneficio es ínfimo porque el poder adquisitivo de los tunecinos es muy bajo y la presión fiscal es enorme”, explica a Efe Samy Khatoun, propietario de una fábrica de muebles con 14 empleados a su cargo y que no ha solicitado el subsidio por ser “un trámite burocrático complicado para una suma irrisoria de 200 dinares (63 euros)”.
En un ambiente de creciente tensión popular y con el objetivo de luchar contra la “precarización” y sus consecuencias, un grupo de activistas ha lanzado en las redes sociales la iniciativa “Delata a tu COVID-patronal” en la que invita a los tunecinos a denunciar a aquellas compañías no esenciales que obligan a sus empleados a continuar trabajando, que no pagan los sueldos o que llevan a cabo despidos durante el confinamiento pese a la prohibición del Gobierno.
Hace tres semanas, en el popular suburbio de Mnihla, al norte de la capital, cientos de personas desafiaron la cuarentena y quemaron neumáticos en las calles para reclamar una indemnización de 200 dinares (63 euros) prometida por el gobierno para los dos millones de jornaleros.
“Me inscribí el 6 de abril y todavía sigo esperando. Trabajo desde hace quince años para una empresa como fontanero que me paga en negro 25 dinares (8 euros) diarios, así que el día que no trabajo no cobro. Cuando lo cobre, casi todo irá al pago del alquiler”, se lamenta Marwan Jlassi, vecino del barrio que participó en las protestas.
No lejos de allí, Jlassi acude cada semana junto a otras 600 personas delante del domicilio del presidente del país, Kais Saied- recién instalado en el palacio presidencial de Cartago después de seis meses en el poder- para recuperar un paquete con alimentos básicos distribuido por el ejército. Sin embargo, este padre de familia teme que, con la llegada de las facturas de mayo y el mes sagrado de Ramadán, que comenzó este 23 de abril, la tensión social estalle.
