Paco Soto
Pie de foto: Un agricultor marroquí trabajando en el campo.
La Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE), con sede en Luxemburgo, empezó a examinar el martes de esta semana la anulación parcial del acuerdo agrícola y pesquero firmado entre el Reino de Marruecos y la Europa comunitaria en 2012. La CJUE anuló parcialmente el acuerdo comercial de productos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos únicamente en los aspectos que afectan a la antigua colonia española del Sáhara Occidental, al considerar que Bruselas no tomó en cuenta si la explotación de los recursos tenía un impacto sobre la población de ese territorio en discordia. El Consejo Europeo y algunos países de la UE no comparten la ruptura parcial con Marruecos, que fue propiciada por el Frente Polisario, movimiento que defiende la independencia del Sáhara Occidental. El proceso, que durará tres meses, es consecuencia de un recurso en apelación presentado por instancias europeas, y el veredicto será pronunciado el próximo mes de noviembre, según anunció al semanario Jeune Afrique el jefe de la delegación permanente de Marruecos en la UE, Menouar Alem.
Final de una dura batalla
La decisión significará el final de una dura batalla jurídica que libran Rabat y la CJUE desde el pasado mes de diciembre, fecha de la anulación del acuerdo. El Consejo de ministros de la UE, que tiene el apoyo de la Comisión Europea y de países como España, Francia, Bélgica, Alemania y Portugal, defenderá el recurso de apelación que planteó y la necesidad de restablecer el acuerdo global con Marruecos en materia agrícola y pesquera. El Consejo Europeo y los países “amigos de Marruecos” consideran que el alto tribunal se equivocó al dar al Polisario un poder legal que no tiene. Durante el proceso, intervendrán representantes del Polisario y de Marruecos, concretamente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural, (COMADER), que agrupa a 300 asociaciones de productores agrícolas y agro-industriales.
El Polisario logró la anulación parcial del acuerdo agrícola que la UE firmó con Rabat, porque convenció a la CJUE de que el convenio no beneficiaba a la población autóctona del Sáhara Occidental, un territorio en conflicto que las autoridades marroquíes llaman “las provincias del sur” de su país. Marruecos consideró que el veredicto de la Justicia de la UE era “político” y contrario a los intereses marroquíes, y decidió suspender su colaboración con Bruselas en el sector primario. Para evitar el empeoramiento de la crisis, el pasado 19 de febrero, la UE decidió presentar un recurso de apelación ante el Alto Tribunal comunitario. El fallo de la CJUE puso en cuestión la soberanía del Estado marroquí sobre el Sáhara Occidental, y ahí se encuentra el origen de la disputa diplomática sobre el acuerdo bilateral. Lógicamente, Rabat no iba a aceptar por las buenas la sentencia de los jueces europeos. El duro enfrentamiento empezó el 10 de diciembre de 2015.
Pie de foto: La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, con su colega marroquí, Salaheddine Mezouar.
“Actitud desleal”
En su momento, la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, consideró que “el fallo no pone en cuestión los acuerdos bilaterales con Marruecos”, y aseguró que la diplomacia europea haría esfuerzos para evitar males mayores. Aunque la sentencia fue recurrida incluso por el Consejo de Ministros de la UE (representantes de los Gobiernos de los 28 países), el Reino de Marruecos expresó su “decepción ante la gestión opaca que ciertos servicios de la Unión han hecho de esta cuestión”. Marruecos criticó a las “altas autoridades europeas” por haber mostrado en un primer momento una actitud “prometedora”, para pasar después a adoptar “una actitud desleal que hace caso omiso del debido respeto entre socios”.
Cabe recordar que el país magrebí es el primer beneficiario de la ayuda financiera de la denominada política europea de vecindad. Cada año, el Reino de Marruecos recibe 200 millones de euros, y, además, disfruta de la condición legal de tener un “estatuto avanzado” en el marco de su acuerdo de asociación con Bruselas. En la actualidad, Rabat negocia con la UE un ambicioso tratado “de libre cambio completo y profundo”. La UE considera que Marruecos es un socio estratégico tanto desde el punto de vista económico y comercial como político y en materia de seguridad. España y Francia son los dos principales socios económicos de Marruecos en la UE. Y para España, el acuerdo firmado con Marruecos en el ámbito de la lucha antiterrorista y el control de fronteras es clave.
Pie de foto: Mujeres marroquíes trabajando en una empresa agrícola.
“Ilegal e inmoral”
En 2012, el Polisario presentó una demanda contra el acuerdo comercial ante la CJUE, y consiguió que el Alto Tribunal sentenciara su anulación parcial. ONG como Human Rights Watch (HRW) y Western Sahara Resource Watch habían denunciado antes que el acuerdo incluyera productos procedentes del Sáhara Occidental con la etiqueta de ‘Made in Morocco’. Dichas ONG aseguran que esta práctica comercial “fomenta indirectamente la violación de derechos del pueblo saharaui”. El Polisario y asociaciones españoles que apoyan su lucha contra Marruecos también llevaban años planteando que el acuerdo comercial es “ilegal, inmoral, desigual e insostenible”, porque “apoya directamente la causa marroquí para quedarse con los territorios del Sáhara Occidental”. En opinión de Pilar Ramírez, de Western Sahara Resource Watch, “el acuerdo en materia de pesca también es ilegal. Desde el punto de vista ético porque están expoliando unos recursos que son propiedad del pueblo saharaui”. Marruecos sostiene que el Polisario busca desprestigiar y debilitar el país magrebí desde el punto de vista económico, político y diplomático, porque, aunque sigue teniendo ayuda internacional, atraviesa una etapa de grandes dificultades en la que han surgido voces disidentes en la organización y varios países han retirado su reconocimiento a la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
