Por Dunia Gattiui
Foto: Pescadores marroquíes en el puerto de Agadir.
El gobierno de Abdelilah Benkirane anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley en el Parlamento marroquí para limitar la sobreexplotación pesquera y preservar su sostenibilidad, por entender que el volumen actual de capturas amenaza la permanencia de las poblaciones de peces del litoral nacional. La iniciativa legislativa prevé la aplicación de sanciones para controlar el sector a través de diversas medidas, entre las que se encuentran restricciones para la adquisición y desarrollo de la construcción, rediseño o modificación de los buques. El documento oficial elaborado por la Secretaría del Gobierno, entre otras cosas, limita las autorizaciones para los barcos de menos de cinco toneladas de registro bruto, cuyos propietarios tendrán que optar a un permiso previo si pretenden construir nuevas unidades o reformar las ya existentes La actuación legislativa significa una acotación muy estricta para el desarrollo de este importante activo económico de Marruecos, un país donde muchas embarcaciones de la flota de la pesca artesanal y costera no llegan a esa capacidad y una gran parte son de muy pequeño calado. Las multas estipuladas por el proyecto del Gobierno marroquí van desde los 5.000 a los 100.000 dirhams, es decir entre aproximadamente los 460 y 9.600 euros, para aquellos barcos que realicen faenas sin haber recibido la preceptiva autorización. Además, la embarcación será confiscada para ser subastada o destruida. Para aquellos patrones que realicen cambios de motor y otras modificaciones sin haber obtenido el permiso correspondiente, las multas serán de 2.000 a 100.000 dirhams (de 160 a 9.600 euros). Las autoridades marroquíes han venido mostrando su preocupación por la intensidad que ha adquirido el sector y por eso congelaron desde 1992 las inversiones para reducir el nivel de explotación de los recursos pesqueros, incluidos los cefalópodos.
Privatizaciones en Cabo Verde
Por otra parte, según informa Lorenzo Medina desde Nuakchot, el Gobierno de Cabo Verde privatizará a mediados de 2015 las empresas públicas Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) y ENAPOR (puertos), según anunció la ministra de Infraestructura y Economía Marítima de la antigua colonia portuguesa, Sara Lopes, quien señaló que el Ejecutivo ha creado una comisión para ello. Lopes explicó que si bien el proceso de ENAPOR está bastante adelantado, no ocurre lo mismo con la aerolínea, puesto que la situación económica y financiera de esta última es mala y que, en última instancia, no será fácil desprenderse de esta empresa completamente. Sin embargo, la ministra aseguró que el Gobierno ha recibido muestras de interés para la privatización de la TAVC y que también hay varias empresas de diversos países tratando sobre los puertos caboverdianos, sobre todo de Portugal , Países Bajos, Turquía y Francia. Lopes afirmó que, si no hay acuerdo para el proceso de ENAPOR, probablemente el siguiente paso sería ir a la fórmula de concurso abierto a finales de este año, aunque insistió que el expediente está muy avanzado. “Hemos completado todos los trámites e iniciado un proceso de negociación con un grupo internacional que tiene como objetivo cumplir con lo que Cabo Verde quiere de sus puertos: convertirlos en plataformas de distribución de mercancías”, recalcó la ministra de Infraestructura y Economía Marítima. Así las cosas, la ministra advirtió de que si antes de diciembre no hay un acuerdo claro, el Gobierno abriría un proceso de licitación internacional, para el que recibirá el apoyo tanto del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) como del Banco Mundial (BM) “y de los países amigos que ya han hecho esta ruta”.