Perú, un referente para la empresa española

icex.es/El Exportador

Pie de foto: Distrito Financiero de Lima

Su fuerte crecimiento económico, solvencia y estabilidad regulativa lo han convertido en uno de los destinos latinoamericanos más buscados por el capital extranjero.

Pocas economías han logrado una expansión tan acelerada y sostenida como la del país andino en los dos últimos deceniosTras lograr un crecimiento medio del PIB cercano al 6%, Perú afronta los próximos ejercicios con expectativas de expansión del 4%. Lo hace, además, sobre la base de unas cuentas públicas saneadas. 

Gracias a tan favorable contexto, la inversión extranjera directa (IED) ha encontrado en este mercado un importante filón. Según cifras de las autoridades nacionales, el país acumula un stock de casi 26.000 millones de dólares.

Al cierre de 2018, el sector minero acaparaba alrededor del 22% de este stock total de IED, mientras que las comunicaciones y el sector financiero recibían el 20,5% y el 18,1%, respectivamente. La industria es otro receptor significativo, al destinarse a ella más del 12% de las operaciones.

España es, seguida del Reino Unido, el principal origen de capitales extranjeros que llegan al país, con un valor cercano al 18% del total.

Normativa amigable

La IED se apoya en un marco legal favorable que consagra el trato no discriminatorio al inversor extranjero, la libre repatriación de divisas y la ausencia de restricciones en la mayor parte de los sectores económicos. 

Además de esas ventajas regulativas, la Oficina Económica y Comercial (Ofecomes) de la Embajada de España en Lima destaca el denso entramado de acuerdos comerciales suscritos por Perú, lo que le ha permitido erigirse en sede regional de muchas empresas multinacionales.

Sin embargo, el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial 2019 da cuenta de algunas carencias persistentes. Si bien el país se sitúa por encima de la media (puesto 68, sobre un total de 190 economías evaluadas), su calificación es inferior a la de sus vecinos Chile y Colombia. La necesidad de mejoría se manifiesta especialmente en aspectos como los trámites para abrir un negocio o el pago de impuestos. No obstante, Perú ocupa un puesto prominente en materia de obtención de crédito. 

Predictibilidad e incentivos

Lima facilita la IED mediante la estabilidad macroeconómica y jurídica, pero carece, comparativamente, de una ambiciosa política de subsidios o exenciones fiscales. No obstante, este mercado sí que cuenta con medidas que ofrecen certidumbre adicional al inversor. 

La Ofecomes en Lima subraya la importancia de los Convenios de Estabilidad Jurídica con el Estado que pueden firmar las empresas extranjeras inversoras en el país. Esta herramienta permite al operador foráneo beneficiarse de la continuidad del régimen tributario vigente en el momento de la firma del contrato, durante un período determinado. Para acogerse a estos acuerdos, los inversores deben comprometerse a aportar un capital no inferior a cinco millones de dólares en un plazo de dos años (o de 10 millones en el sector de los hidrocarburos o minería).

Asimismo, y en virtud del Decreto Legislativo nº 973, el inversor puede beneficiarse de la devolución del Impuesto General sobre las Ventas que grava las importaciones o adquisiciones locales de bienes y servicios asociados a la producción. Este régimen implica la suscripción de un contrato con la agencia estatal de promoción de la inversión (ProInversión) y el compromiso de realizar operaciones de una elevada cuantía.

Las ventajas mencionadas en el párrafo anterior no son aplicables a la agricultura, que está designada como sector prioritario y goza de sus propios incentivos. Las inversiones en este ámbito se benefician de un Impuesto sobre la Renta del 15%, frente al tipo general del 28%. El capital agrícola también se beneficia de reducciones de hasta el 20% en el coste de las obras de infraestructura hidráulica y riego.

Por su parte, las operaciones en actividades agropecuarias, turísticas o manufactureras en las provincias amazónicas disfrutan de un tipo muy reducido del Impuesto sobre la Renta (se les aplica una tasa de entre el 5% y el 10%).

Menos alcance tienen las zonas económicas especiales, que se encuentran en una fase muy incipiente. Perú cuenta con distintos centros de este tipo, en los que se dispensa a los inversores un tratamiento aduanero y tributario privilegiado para actividades como la maquila (ensamblaje de partes de un producto cuya materia prima viene de otras partes del mundo) o el desarrollo de software, entre otras. 

Liderazgo español

Como se ha dicho anteriormente, nuestro país es el principal inversor en Perú. El stock acumulado es de unos 4.500 millones de euros, el séptimo mayor de cuantos registra la IED española en América Latina. 

Estas operaciones han tenido un notable efecto modernizador en la economía peruana, al haberse centrado principalmente en sectores como las telecomunicaciones y la banca.

Según la Ofecomes en Lima, más de 400 empresas españolas cuentan con oficinas en Perú. Sus ventas anuales rozan los 18.000 millones de dólares. A su vez, esta fuerte presencia ha generado un reciente efecto arrastre, de tal forma que alrededor de la mitad de las compañías actualmente implantadas en el país han llegado al mismo en los últimos cinco años.

La existencia de un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en vigor desde 1996, ha contribuido a crear unas condiciones favorables. Si bien no existe un Convenio de Doble Imposición entre ambos países, el capital español está presente en la práctica totalidad de los sectores económicos peruanos.

Nuevos retos para la inversión

Una de las actividades que más oportunidades ofrecen a la IED es la de las infraestructuras de transporte. El vigente proyecto de modernización de estas, que incluye la construcción de dos líneas de metro en Lima y también numerosas actuaciones en carreteras, puertos y aeropuertos, está dotado con un presupuesto total de unos 24.000 millones de dólares para el período 2020-2021. 

El saneamiento de aguas es otra necesidad de primer orden. El Gobierno lo considera prioritario y destinará alrededor de 12.000 millones de dólares a la financiación de numerosos proyectos hasta 2021.

Por su parte, las tecnologías de la información y la telecomunicación (con especial énfasis en el desarrollo de ciudades inteligentes) constituyen otro nicho relevante. La gestión de urbes en plena expansión mediante métodos eficientes y vanguardistas se abre así a las soluciones aportadas por nuestras empresas. 

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