La constante aceleración de los avances tecnológicos y científicos es uno de los rasgos característicos del siglo XXI. Vivimos instalados en la volatilidad. Hace apenas unas décadas, el mundo dejaba atrás la tercera revolución industrial, un período marcado a fuego por la automatización y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, y ahora entra en escena la digitalización y la implantación de novedosas herramientas a este sistema, como es la inteligencia artificial (IA), el caldo de cultivo perfecto para elaborar la cuarta revolución industrial. Una revolución que ocupará las agendas políticas y sociales en los próximos años.
En este escenario transicional, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) ha organizado este miércoles en colaboración con Telefónica, Microsoft y el C4IR.CO, centro afiliado al Foro Económico Mundial, un evento online titulado “ExperiencIA: Datos e inteligencia artificial en el sector público”, que pretende ser un punto de encuentro para expertos con la capacidad de arrojar luz sobre el trasfondo de esta nueva era y servir como paliativo al desconocimiento generalizado en la materia.
El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, ha sido el encargado de inaugurar la cita con una alocución que revela el compromiso y el conocimiento de la institución con respecto de los nuevos retos en el área digital. El exministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, ahora al frente del banco de desarrollo, detalló los proyectos que lleva a cabo el organismo y subrayó que “la inteligencia artificial ha llegado para quedarse”. “Es una oportunidad para la mejora y un desafío ético”, remarcó.
Esta tecnología tiene la capacidad de encontrar soluciones a las diversas problemáticas públicas, como la corrupción, los delitos de fraude, retos de salud pública o la mejora de los servicios. Sin embargo, también trae consigo una serie de dilemas morales a raíz del uso de datos. De hecho, nunca en la historia de la humanidad se habían generado tantos. Díaz-Granados sostiene que, ante esto, “se deben establecer principios éticos y controles adecuados”. “Es necesario para mantener la estructura”, agregó.
“No se debe dejar a nadie atrás”, trasladó el presidente ejecutivo de la CAF. Un mensaje que Gobiernos e instituciones han repetido hasta la saciedad en los últimos meses ante el desafío de la recuperación postpandemia. Díaz-Granados apuesta por una digitalización inclusiva, accesible y justa. Dar cabida a todos los espectros de la sociedad para extraer un nuevo contrato social que involucre a la ciudadanía y la haga partícipe de los cambios tecnológicos en la administración.
“El mundo avanza”, añadió el presidente, “y debemos encontrar un equilibrio entre regulación y desarrollo”. La inteligencia artificial, que viene de la mano de la cuarta revolución industrial, debe tener cabida en las áreas públicas de Salud y Educación. “Los algoritmos pueden y deben ayudar en la toma de decisiones, pero jamás tomarlas por sí mismas. Los humanos no vamos a ser sustituidos”, matizó Díaz-Granados, aunque concluyó admitiendo que esta tecnología “no es ni buena ni mala ‘per se’, sino que depende de cómo se use”.
A continuación, tomó la palabra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia y miembro del Consejo Directivo del C4IR.CO, Víctor Muñoz, quien reveló una inversión de 40 millones de dólares realizada por el Gobierno colombiano en este sector. “La IA desemboca en desarrollo económico”, justificó. Sin embargo, el país latinoamericano ha contado con el respaldo de la CAF a nivel económico y formativo. De esta forma, Colombia se convirtió en pionero en la región en trabajar dentro de un marco ético.
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un departamento dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, tomó el relevo para dar a conocer la visión y desarrollo del país en esta senda. Con más de 25 años de experiencia en el sector, Artigas puso en conocimiento de los presentes que España está “inmersa en un profundo y ambicioso proyecto de transformación digital”. Para España, la IA supone un pilar básico “para remodelar la administración”.
Según Artigas, esta es una oportunidad única para “modernizar el proceso productivo” y reconvertir el tejido económico de España. Como en muchos otros países, la crisis de la COVID-19 ha puesto en un contexto propicio a reformar los cimientos de un sistema que se ha visto contra las cuerdas. Por este motivo, el Gobierno de España ha movilizado 600 millones para el cambio hasta 2023, año en que finaliza la actual legislatura.
La secretaria de Estado sostiene que esa reindustrialización del siglo XXI debe ejecutarse “a través del sector público”, aunque, para una transición efectiva, se tiene que acometer de forma conjunta con el sector privado. Las cifras avalan esta transformación. Los datos de la Unión Europea cifran en 60 millones los nuevos empleos para 2015, mientras que los porcentajes de productividad y PIB se verían aumentados en torno a un 40%.
El presidente del comité directivo de la Agencia Digital Italiana y miembro del grupo de expertos de Alto Nivel en IA de la Comisión Europea, Stefano Quintatelli; la ingeniera de telecomunicaciones, Nuria Oliver; y el director global de Soluciones y Servicios de IoT, Big Data e Inteligencia Artificial en Telefónica, Carlos Martínez, integraron el panel de discusión moderado por la investigadora Andrea G. Rodríguez.
Las profusas e interesantes ideas que surgieron en este espacio tendrían la capacidad de ocupar infinidad de tesis, sin embargo, los términos de la conversación giraron en torno a tres puntos principales: los desafíos para la libertad individual que supone la recolección masiva de datos, la adaptación de la transición digital en el sector público y la necesidad de formar una educación digital tanto para la ciudadanía como para la clase política, quien, en último término, tiene la potestad para establecer las leyes.
Quintarelli, quien pasó por el Parlamento transalpino y trabajó en varias propuestas de ley relacionadas con la materia, se mostró “absolutamente positivo” por los avances tecnológicos y señaló que la sociedad tiene una percepción errónea de lo que significa la transición digital, en parte heredada del cine, la literatura, etc. “Ciencia ficción”, sentenció. Sin embargo, el italiano abrió un melón: “Digitalizando la actividad cambia la escala, cambia la velocidad y cambia la naturaleza de las cuestiones. Y al final, un problema que parecía ser simplemente técnico se vuele muy político”.
“Cuando tenemos todos los datos digitalizados, ¿bajo la autoridad de quién la ponemos?”. “Es el cuarto poder del Estado, el poder informático, y debemos decidir quién lo ostenta”, sentenció Quintarelli. Por este motivo, la ciudadanía debe percibir que sus representantes son capaces. Según Oliver, considerada una de las mentes españolas más prodigiosas en este ámbito, “existe un desencanto hacia los representantes públicos en parte por las carencias en conocimientos digitales”.
“Es preciso invertir en cultura digital para la clase política”, respondió Quintarelli. En este sentido, Martínez añadió que la estructura del Estado debe servirse del camino abierto por el sector privado y no cometer los mismos errores cometidos por las empresas. Por último, los ponentes abogaron por permitir al dueño de los datos que pueda acceder a ellos en todo momento y vigilar qué perfil público ha hecho uso de estos. Una medida en funcionamiento en Estonia que se suma a una larga nómina de retos que emergen de esta nueva etapa.
