Venezuela, en busca de nuevas alianzas por la crisis petrolera

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ratificado este miércoles un decreto constitucional por el que aprueba la “emergencia energética de la industria de hidrocarburos”, en un momento marcado por una acuciante crisis en el sector. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de oro negro se situó en enero en 882.000 barriles por día (bdp), 25.000 menos que en el mes de diciembre. También implica una reducción en consideración con el mismo periodo de 2018, cuando se logró un volumen de 1.488.000 bdp. Son cifras significativamente bajas -en niveles mínimos desde hace 30 años- si se tiene en consideración que hace una década, se alcanzaba una producción de 3,2 bdp. 

“Firmo el decreto constitucional donde declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos para que adoptemos las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional, y proteger la industria”, ha declarado este miércoles el presidente Maduro, un día después de que Estados Unidos anunciara la imposición de sanciones a la filial de la petrolera rusa Rosneft -Rosfnet Trading S.A.- por sus supuestos vínculos con el Gobierno de Caracas.

El Tesoro explicó que, a partir del martes, los activos de la empresa bajo jurisdicción estadounidense serían bloqueados, una medida que se extendería a cualquier otra entidad gestionada por la firma con un 50% o más de acciones. De acuerdo con el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, la filial sancionada maneja hasta el 70% del petróleo venezolano, lo que le ha permitido, entre otras cosas, enviar dos millones de barriles a África Occidental. 

Así, el mandatario habría adoptado la decisión de aprobar la situación de emergencia en respuesta al movimiento del Tesoro estadounidense, pues ha asegurado que las sanciones solo buscan la “quiebra” de la compañía nacional venezolana, PDVSA, y que han sido aplicadas a petición del líder opositor, Juan Guaidó, a quien se ha referido como “rata de cañería vende patria”. 

La nueva medida de Maduro contempla, además, la creación de una “comisión presidencial para la defensa, reestructuración y reorganización de PDVSA, que tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios y defensa integral de toda la industria petrolera”. Las riendas de la empresa las tomará el actual ministro de Industrias y Producción del Ejecutivo, Tareck El Aissami -de doble nacionalidad libanesa-venezolana-, una figura marcada por su fuerte conexión con el grupo Hizbulá, con el que habría trabajado para infiltrar a militantes libaneses en el país latinoamericano y para ayudarles a entrar en el negocio del tráfico de drogas, según reveló un informe secreto de The New York Times.

De hecho, está incluido en la “lista negra” sancionatoria de EEUU desde febrero de 2017 por esta última cuestión y, desde julio de 2019, está registrado como “los más buscados” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE). Por ello, la designación de El Aissami como nuevo dirigente de la petrolera podría ser entendida también como una provocación dirigida al gigante norteamericano.

“PDVSA sigue relacionada con el mundo entero”, ha aseverado Maduro. “La empresa cuenta con el respaldo de grandes inversiones de decenas de países, con ofertas que hoy superan los 25.000 millones de dólares, para llevar a cabo nuestros planes de reestructuración y relanzamiento de la producción”, ha añadido el presidente. 

Cabe destacar, en este punto, que estas declaraciones han coincidido con la publicación de Bloomberg sobre los planes del Gobierno de Caracas acerca de privatizar la industria petrolera ante el galopante desplome económico. El medio ya desveló, a finales del mes de enero, que el mandatario había propuesto “otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal”. “Maduro está considerando dar a productores extranjeros el control operativo en algunos campos para traer efectivo adicional y, tal vez, para empujar a otras compañías petroleras estadounidenses a presionar para obtener su propio acceso a las enormes reservas de petróleo de Venezuela”, explican desde la publicación.

En este sentido, delegaciones en representación de Maduro han mantenido negociaciones con la italiana Eni SpA y con la española Repsol. De acuerdo con el medio estadounidense, “la idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal a cambio de activos”. Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense ya está investigando la estrategia de Caracas. De hecho, ya avisó en las últimas semanas de que “vigilaría las actividades de las compañías que hacen negocios ‘directa o indirectamente’ con el Gobierno de Maduro, entre ellas Rosneft [la sancionada], Repsol o la estadounidense Chevron”. 

Sobre el caso de la empresa española, Abrams también declaró recientemente que iban a tener “más conversaciones con funcionarios españoles respecto al tema de Venezuela”, con un objetivo definido: “Esperamos que, a medida que avancemos, la petrolera de España cambie sus actividades”. El presidente de Repsol ha rechazado las acusaciones de violación de las sanciones y ha reiterado en numerosas ocasiones que la compañía “siempre cumple con las leyes estadounidenses y con las leyes en todas partes”.

Respecto a Chevron, cabe resaltar que actualmente goza de una exención hasta el próximo mes de abril en los negocios con Venezuela, que, además, le ha permitido a la compañía “ser el único jugador estadounidense en el país”. Un análisis de los expertos Fabiola Zerpa, Peter Millard y Ben Bartenstein publicado en Bloomberg reveló, hace una semana, que la firma ha contribuido a impulsar la obtención de petróleo en la nación latinoamericana. “Chevron Corp. ha aumentado la producción en un proyecto petrolero clave a niveles no vistos en casi un año […] ha ayudado a restaurar la producción en el mejorador Petropiar [que convierte el petróleo similar al alquitrán en crudo listo para la refinería de exportación], que se ejecuta como un proyecto conjunto con PDVSA”, explican los autores del análisis.