El Gobierno conocía desde hace un año las letales consecuencias de una pandemia sobre el turismo y la economía en España
El actual gobierno español ya estaba al corriente en la primavera de 2019 de que el cierre del tráfico aéreo a causa de la propagación de una pandemia suponía una puñalada letal para el turismo y la economía española.
Así se desprende del análisis de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional aprobada en la mañana del 12 de abril de 2019 en el palacio de la Moncloa por el Consejo de Seguridad Nacional, en una reunión presidida por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La citada Estrategia de Seguridad Aeroespacial es un documento “consensuado con las Comunidades Autónomas y expertos sectoriales en cada una de las áreas”, al igual que las Estrategias de Protección Civil y de Ciberseguridad, que recibieron el visto bueno en la misma sesión del Consejo de Seguridad Nacional, la última sesión celebrada durante la XII legislatura.
En su calidad de secretario de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo fue la persona encarga de desgranar la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional ante los ministros y altas autoridades que forman parte del referido Consejo, el órgano que asiste al presidente del Gobierno en su responsabilidad de dirigir la política de Seguridad Nacional.
Bajo la presidencia del jefe del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional ejerce la dirección y coordinación de las actuaciones de gestión de crisis en los términos previstos por la Ley de Seguridad Nacional, que hasta el presente no ha sido invocada ni activada para hacer frente a la infección por coronavirus COVID-19, a pesar de la generalizada intervención de las Fuerzas Armadas.
Considerado por Moncloa como “una de las más novedosas en el mundo”, el primero de los cuatro capítulos de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial valora que el turismo es “la primera industria nacional”, aporta el “15% del Producto Interior Bruto” y proporciona trabajo a “casi 3 millones de personas”.
Respecto al sector aeronáutico ‒transporte aéreo, aeropuertos, navegación aérea e industria aeronáutica‒ afirma que guarda una estrecha relación con “el 80% de los turistas que viajan a España”, su contribución directa al PIB nacional es del 2,5% y genera más de 100.000 empleos directos de alto valor añadido debido a su “estabilidad, calidad y alta cualificación”.
En su apartado dedicado a las epidemias y pandemias, el documento alerta que el transporte aéreo agiliza y multiplica los intercambios entre sociedades, “una facilidad que supone un riesgo para su propagación, ya sea de forma fortuita o premeditada”. El documento lo atribuye a que “en muchos casos, no es posible detectar a sus portadores con carácter previo a la realización del vuelo ni durante el mismo”. Se citan el ébola y el zika como ejemplos, virus que “potencialmente podrían propagarse en medios de transporte aéreo si no se articulan los mecanismos de prevención adecuados”.
La Estrategia contempla que las pandemias y epidemias, al tener la capacidad de traspasar impunemente las fronteras, representan un “desafío” para España, puesto que que en su mayor parte son fenómenos “no intencionados” a los que el sector aeronáutico puede contribuir a contagiar “a humanos, animales y vegetales”. Pero no califica a las pandemias como “amenazas”, porque entiende que no son provocadas por un acto dañino deliberado y de naturaleza delictiva o ilícita que comprometa a la Seguridad Nacional.
Lo que si esgrime la Estrategia de Seguridad Aeroespacial aprobada hace ahora 12 meses por Moncloa es que las pandemias pueden provocar situaciones “de inestabilidad o propiciar el surgimiento de amenazas, agravarlas o acelerar su materialización” y se remite a la Estrategia de Seguridad Nacional, que recibió el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional en diciembre de 2017 durante el mandato del presidente Mariano Rajoy. En esta última se recogen las epidemias y pandemias como “factores con un potencial impacto sobre la seguridad aeroespacial”, al igual que las emergencias, catástrofes y los efectos derivados del cambio climático.
Tanto la Estrategia de Seguridad Nacional como la Aeroespacial identifican cuales son los principales intereses nacionales que deben ser objeto de protección ante los desafíos y amenazas. Se subraya en primer lugar “la vida de los españoles, su seguridad, bienestar e intimidad”, pero también “la salud de la sociedad ante la propagación intencionada o inintencionada de agentes patógenos o sustancias tóxicas por medios aeroespaciales”.
Las medidas concretas de seguridad que recoge la Estrategia de Seguridad Nacional consisten en adoptar “planes de preparación y respuesta ante riesgos sanitarios, tanto genéricos como específicos” bajo la coordinación entre la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y organismos internacionales como la OMS o la Unión Europea.
En la misma línea se busca asegurar una “adecuada capacidad de respuesta operativa” y “actualizar “los planes de preparación y respuesta existentes ante riesgos específicos”. También se señala la importancia de “promover el desarrollo de un plan nacional genérico de preparación y de respuesta ante riesgos biológicos” con una aproximación multisectorial.
En lo que se refiere a la mejora de las capacidades y mecanismos de actuación, la Estrategia expresa la necesidad de que los departamentos ministeriales involucrados “desarrollen y mejoren los protocolos para (…) garantizar la atención adecuada a personas que accedan al país con enfermedades infecciosas de alto riesgo”. Igualmente se cita expandir los denominados “Equipos Técnicos Españoles de Ayuda y Respuesta en Emergencias” o START, equipos de emergencia médica de nivel 2 que pueden montar un hospital de campaña para hospitalizaciones y la práctica quirúrgica para un total de 20 pacientes.
Si tenemos en cuenta que entre las responsabilidades del Consejo de Seguridad Nacional se encuentran las de supervisar y coordinar el Sistema de Seguridad Nacional y verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y Aeroespacial, todo lo anteriormente descrito parece razonable que sea comprobado.
Desde que ambas Estrategias recibieron luz verde ¿las medidas antes descritas se pusieron en marcha? Al menos ¿se dieron las instrucciones para llevarlas a cabo? ¿Se activaron a partir de que la OMS difundió las primeras alertas frente a la COVID-19 en diciembre de 2019? Se dice que “el papel lo aguanta todo”, pero estas y otras muchas cuestiones tendrán que ser analizadas y debatidas en el Congreso una vez superado el estado de alarma actual.
Para darse cuenta de la importancia del sector aeronáutico sobre el turismo y la economía nacional, la Estrategia Aeroespacial recuerda que en 2018, un total de 36 compañías españolas efectuaron 2,3 millones de operaciones y movieron 88 millones de pasajeros y 1,1 millones de toneladas de carga. El transporte aéreo representa para la economía nacional “266 millones de pasajeros que vuelan en 690 compañías aéreas que operan en el país, que unen 48 aeropuertos con 350 destinos diferentes en más de 140 países. Pero eso es el pasado.
El mortal impacto de la pandemia sobre una potencia turística como es España ya es una realidad. Por fortuna, la Estrategia Aeroespacial española considera que la aviación civil es de gran importancia para España y constituye un “elemento vertebrador del Estado”. Entiende que la situación geográfica de nuestro país entre los continentes europeo y africano y su orientación al océano Atlántico y el Mediterráneo lo han convertido en un “auténtico nodo del transporte aéreo intercontinental” entre Europa, África y América y que, por tanto, es “uno de los sectores estratégicos de la economía nacional”.
No obstante, la recuperación de la clientela internacional partiendo de una situación prácticamente en el límite inferior del tráfico aéreo, ocupaciones hoteleras y prestación de servicios de restauración en las zonas turísticas va a suponer mucho tiempo, esfuerzo e inversiones. Pero de peores trances ha salido la humanidad.
