Una trágica muerte bajo custodia policial desata la indignación en Argelia
En la región oriental de Argelia, el fiscal del Tribunal de Estado de Tebessa ha abierto una investigación y ordenado una autopsia tras la trágica muerte de un joven bajo custodia policial. El incidente ha provocado la indignación generalizada de la población de la ciudad, que teme que se produzcan disturbios sociales similares a los ocurridos recientemente en Francia.
El fallecido, identificado como Haïthem Djebbari, tenía 25 años y era padre de familia. El Consejo Judicial de Tebessa emitió un comunicado en el que se comprometía a realizar una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon la muerte de HaÏthem y prometía compartir los resultados con el público en el momento oportuno.
Como informa el medio Al-Arab, el incidente salió a la luz cuando unos blogueros compartieron detalles de los hechos en las redes sociales a principios de este mes. Al parecer, una “unidad de investigación e intervención” llevó a cabo un registro en el domicilio de Haïthem con autorización judicial, durante el cual fue sometido a violencia. A continuación, fue trasladado a una comisaría, donde continuaron los malos tratos, lo que provocó un deterioro de su estado. Haïthem fue trasladado posteriormente a un hospital, donde falleció trágicamente.
En respuesta a la muerte de Haïthem, simpatizantes de todo el país expresaron su apoyo y pidieron justicia. Varios jóvenes de Tebessa intentaron organizar una marcha de protesta pacífica, pero se encontraron con una fuerte presencia de seguridad, lo que aumentó la tensión en la zona.
Se han establecido paralelismos entre este incidente y el reciente caso en Francia de un joven de origen argelino llamado Nael que murió por disparos de un policía francés, lo que provocó disturbios y violencia en la comunidad inmigrante. A medida que se desarrolla la situación en Argelia, se teme que pueda seguir una trayectoria similar.
A pesar de la creciente indignación pública y de las peticiones de rendición de cuentas, no ha habido respuesta oficial por parte de la policía ni del Ministerio del Interior.
El hospital al que fue trasladado Haïthem fue objeto de escrutinio por retrasar el anuncio de su muerte, recurriendo supuestamente a respiradores artificiales durante dos días para evitar una reacción pública inmediata.
Mientras prosigue la investigación, se ha informado de la detención del hermano de la víctima y, al parecer, las autoridades han puesto en su punto de mira a los blogueros que comparten información en Internet para controlar la narrativa que rodea al caso y evitar que se sigan difundiendo detalles al público.
En medio de la creciente presión de la opinión pública y de la atención de las redes sociales, el silencio del aparato policial y del Ministerio del Interior no ha hecho sino avivar la indignación de la población. La falta de acción inmediata o de transparencia por parte de las autoridades ha dado lugar a acusaciones de encubrimiento y a la exigencia de responsabilidades.
La familia y los amigos de la víctima, junto con ciudadanos preocupados, se han hecho oír en sus demandas de justicia para Haïthem. Han compartido grabaciones de Haïthem antes de su prematuro fallecimiento, en las que suplicaba al presidente de la república que interviniera y pusiera fin a la injusticia y la brutalidad de la que era objeto. Estos desgarradores llamamientos han calado hondo en la nación, suscitando simpatía y apoyo a la causa de la víctima.
El caso no sólo ha conmovido a la comunidad local de Tebessa, sino que también ha captado la atención de todo el país, con ciudadanos y activistas de diversas regiones expresando su solidaridad y pidiendo una investigación transparente y justa.
Todo ello ha provocado el planteamiento de cuestiones sobre la necesidad de reformas en el sistema policial para evitar tragedias similares en el futuro.
La nación continúa atenta a la investigación del Tribunal Estatal de Tebessa y al informe de la autopsia, esperando con impaciencia transparencia y un compromiso para que los responsables rindan cuentas. El resultado de este caso podría tener profundas repercusiones en la relación entre los ciudadanos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y podría configurar el futuro discurso sobre las prácticas policiales y la rendición de cuentas en Argelia.
