El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos tumba los aranceles de Donald Trump
Tras conocerse los fallos en las sentencias contra las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la imposición arancelaria y las deportaciones de estudiantes internacionales, la tensión entre dos de los poderes más importantes del país ha suscitado la primera crisis a la que tendrá que hacer frente la Casa Blanca.
- “Los aranceles son abusivos”
- “La Ley está por encima de todo(s)”
- Trump denuncia y amenaza con ir más allá
- ¿Fin de las deportaciones?
“Los aranceles son abusivos”
Con respecto a los aranceles, la Corte Federal del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, dictaminó que la imposición de un 10 % de aranceles a las importaciones son “medidas abusivas” y por lo tanto el Tribunal las consideró inválidas.
Y es que, si bien un gran número de países aceptaron negociar con Estados Unidos unos aranceles “amigables”, la decisión del Tribunal puede cambiarlo todo, ya que aquellos que no aceptaron hablar con el Gobierno estadounidense, ahora tienen la oportunidad de ser ellos quienes traten de hacer negocios con Donald Trump. Pero antes, la Casa Blanca deberá retirar en menos de 10 días los aranceles actuales.
Abanderándose en la reciprocidad, son varias las guerras comerciales que en los últimos dos meses ha mantenido Washington, especialmente, con China a quienes les llegaron a imponer unos aranceles de más del 250 % y la prohibición a Nvidia, la mayor empresa de microchips mundo, de vender productos al gigante asiático; y con la Unión Europea a quienes anunció aranceles del 50 % para el 1 de junio, que posteriormente se aplazaron al 9 de julio y que, tras la decisión del Tribunal, habrá que esperar para ver si finalmente se aplican o no.
“La Ley está por encima de todo(s)”
Entre el argumentario que aparece en el fallo de la Corte destaca que la imposición de ciertos aranceles “viola la autoridad exclusiva del Congreso para regular el comercio exterior”; y señaló que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) no atribuye al presidente del Gobierno la autoridad para imponer aranceles, puesto que “no se permite la emisión de prerrogativas y tal expansión del poder en ausencia de legislación del Congreso”. Por lo que el Tribunal señaló que se había dado un “abuso de poder”.
“El tribunal sostiene que la IEEPA no autoriza ninguna de las órdenes arancelarias mundiales, de represalia o de tráfico, que exceden cualquier facultad otorgada al presidente para regular la importación. Las órdenes arancelarias impugnadas serán anuladas y su aplicación suspendida permanentemente”, dice la sentencia con rotundidad.
Y es que, las afirmaciones del presidente en su red social Truth Social, de que los aranceles estaban empoderando a las empresas norteamericanas, no parece ser del todo cierta, ya que han sido un conglomerado de cinco compañías estadounidenses quienes, a través del Liberty Justice Center (LJC), han impuesto la demanda contra esta decisión porque amenazaban su competitividad e intereses comerciales.
Trump denuncia y amenaza con ir más allá
En la misma línea que la sentencia de la IEEPA, los abogados del LJC señalaron que “el Gobierno argumenta que mientras el presidente diga que se enfrenta a una amenaza inusual y extraordinaria, puede imponer aranceles de cualquier cantidad, a cualquier país y por el tiempo que sea, sin que ningún tribunal pueda revisarlos”.
Ante esta situación, el presidente, quien ha señalado en varias ocasiones que “prioriza a Estados Unidos por encima de todo”, señaló que “no les corresponde a jueces no electos –por él – decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”.
Sin embargo, esta decisión no ha pillado por sorpresa al Gobierno y, mediante la responsable de litigación comercial del Departamento de Justicia, Claudia Burke, emitirá un escrito solicitando que se apelen las decisiones tomadas.
En caso no ser derogados los fallos del Tribunal, el Gobierno se amparará en la Ley de Comercio de 1974 la cual permite la imposición de medidas “desleales de comercio exterior”. Una medida que ya utilizaron los Republicanos durante su primer mandato para subir los aranceles a China y prohibir la venta de teléfonos de la marca china Huawei en territorio norteamericano.
¿Fin de las deportaciones?
Pero la lucha entre el Gobierno y el poder judicial, no solo se fundamenta en la balanza comercial, la imposición de aranceles y el control de las exportaciones e importaciones; sino que también trasciende a un plano humanitario.
Y es que, en paralelo a la decisión de la Corte Federal, un juez de Nueva Jersey ha dictaminado que los intentos de deportación de estudiantes provenientes del extranjero se detengan tras la polémica detención de un estudiante palestino, Mahmoud Khalil.
Según señaló el juez, Michael Farbiarz, dictaminó que la sección 1227 de la ley es “peligrosamente vaga”, ya que no permite amenazar el estado de derecho y el derecho a la libertad de expresión, garantizados ambos por la Primera Enmienda.
En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la intención de revocar efectivamente la decisión de expulsar a los ciudadanos chinos de las universidades sigue en pie.
A través de un comunicado oficial especificó que sería exclusivamente a aquellos ciudadanos susceptibles de tener conexiones con el “Partido Comunista Chino” o que estudien en “campos sensibles” para los intereses de las dos potencias más poderosas del mundo. “Estudiaremos con detenimiento el escrutinio para mejorar a la hora de mejorar todas las futuras solicitudes de China y Hong Kong”, concluyó Marco Rubio.
Estos fallos contra dos de los pilares en los que ha basado Donald Trump sus políticas en los cinco meses que lleva de mandato ha supuesto un duro golpe institucional que se presume provoquen un enfoque aún más agresivo por parte de la Presidencia de Estados Unidos.
