Activistas argelinas condenan la pasividad del Estado ante los feminicidios
A pocos meses de terminar el 2024, organizaciones feministas de Argelia condenan el alto número de feminicidios cometidos este año y la falta de medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a esta lacra. Según datos del colectivo Féminicides Algérie -a partir de los casos publicados en la prensa- se han cometido 38 feminicidios en Argelia desde principios de año. No obstante, se cree que la cifra real es más alta, ya que muchos de estos crímenes se ocultan.
Entre los casos que sí se han dado a conocer destaca el de Nouara, de 82 años, asesinada con una barra de hierro por su nieto; el de Malak e Imane, dos hermanas de 18 y 26 años, asesinadas a puñaladas por su padre -que ya había asesinado a su madre quince años antes-; o el de Malika, de 32 años, asesinada a golpes por su marido.
La asociación calcula que desde 2019 al menos 261 mujeres, la mitad de ellas madres, fueron asesinadas, lo que pone de manifiesto la falta de efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno en este sentido. En 2005 se reformó el Código de Familia, suprimiendo la disposición sobre el "deber de obediencia" de la esposa, mientras que en 2015 se adoptó una ley sobre violencia doméstica y acoso callejero.
“Si las leyes se aplicaran correctamente, las cifras de feminicidios dejarían de aumentar”, señala a Le Monde la abogada Feriel Khelil, miembro de la red Wassila-Avife, asociación que lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños. “La ley de 2015 sobre violencia doméstica debería haber marcado un punto de inflexión decisivo, pero no hemos pasado de la fase de redacción”, añade.
Las expertas señalan que uno de los momentos más peligrosos para las mujeres es cuando intentan separarse de sus parejas. “La mayoría de las mujeres asesinadas recientemente habían solicitado el divorcio”, asegura al diario francés Aouicha Bekhti, abogada y activista, quien indica que “las amenazas de muerte que siguen son señales de alarma, pero a menudo se ignoran”.
“Los hombres argelinos ven la demanda de divorcio como una deshonra insoportable», apunta Bekhti, quien considera necesario adoptar una ley marco de protección de las mujeres, como la que se puso en marcha en agosto de 2017 en Túnez, donde los casos de feminicidio han disminuido.
Otro problema principal es la falta de medidas adecuadas de alejamiento y protección para las mujeres que presentan denuncias contra sus maridos. Tal y como afirma Fériel Khelil a Le Monde, “a menudo, las fuerzas de seguridad y las instituciones animan a las mujeres a volver al hogar conyugal incluso cuando hay violencia”, lo que “conduce directamente al feminicidio”. Por ello Khelil pide que se pongan en marcha medidas de protección inmediatas para evitar que la víctima sea devuelta a un entorno peligroso.
Las activistas feministas también condenan las deficiencias legislativas, como la llamada “cláusula del perdón”, una disposición del código penal que establece que la acción civil cesa si la mujer perdona a su agresor. Para Wiame Awres, fundadora del colectivo Féminicides Algérie, esta cláusula “favorece la impunidad”.
«El perdón es un acto moral y no tiene cabida en el derecho penal», coincide en este sentido Bekhti, destacando la necesidad de revisar esta cláusula para que los agresores sean juzgados en función de sus actos, sin posibilidad de burlar la ley.
Aunque la policía y los jueces suelen animar a las mujeres a perdonar a sus agresores para mantener la unidad familiar, «la protección de la mujer debe primar sobre la de la institución familiar», apunta por su parte Khelil.
Otro problema añadido en Argelia es la falta de centros de acogida para mujeres en situación vulnerable. El país cuenta con solo cinco refugios para mujeres solas, y ninguno para las que tienen hijos, lo que a menudo las obliga a regresar a hogares donde persiste la violencia. En cuanto a la policía y los gendarmes, carecen de formación en este ámbito y a menudo disuaden a las víctimas de presentar denuncias, enviándolas de nuevo al ámbito familiar.
Organizaciones como la red Wassila-Avife ofrece asesoramiento y apoyo jurídico, pero sus recursos siguen siendo insuficientes. “Tenemos un teléfono de ayuda al que las mujeres pueden llamar y recibir apoyo de un psicólogo y un abogado”, explica Saadia Gacem, cineasta y voluntaria de la asociación, al diario galo.
“Les explicamos que una bofetada o un insulto pueden ser el inicio de un ciclo de violencia que puede acabar en feminicidio. Nuestro papel es informarles de sus derechos y ayudarles con los trámites legales, sociales y médicos. Pero eso no será suficiente a menos que haya reformas profundas y se aborden adecuadamente las amenazas a las que están expuestas estas mujeres”, concluye.
Para las feministas, la solución tendrá que pasar por una transformación de las mentalidades. Es por ello, que Bekhti subraya la importancia de una educación basada en la igualdad de género desde una edad temprana. “Las mujeres no deben seguir siendo vistas como propiedad de los hombres”, resalta.
