La pandemia del coronavirus no entiende de muros ni de prisiones. Durante las últimas horas, los presos de las cárceles de Turquía han puesto cara a un enemigo, hasta entonces, ignorado. El ministro de Justicia, Abdulhamit Gul, informó este lunes de la muerte de tres prisioneros por la pandemia de la COVID-19. “Diecisiete convictos en cinco instituciones penales abiertas fueron diagnosticados con la COVID-19. Tres de ellos perdieron la vida durante el tratamiento”, lamentó el político durante una rueda de prensa. Asimismo, explicó que 79 funcionarios de prisiones también habían dado positivo, junto con un total de 80 jueces y fiscales, personal judicial y personal de ciencia forense.
En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de Turquía han confirmado un total de 4.093 casos de coronavirus y 98 muertes en el país. Esta situación y la rápida propagación de la COVID-19 en las prisiones ha llevado al Parlamento de Turquía a aprobar una ley que permite liberar a miles de presos. El objetivo de esta nueva norma, que deja fuera a periodistas, políticos y otros acusados por cargos de terrorismo, es descongestionar las prisiones del país ante la pandemia del coronavirus.
El Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía (AKP) y sus aliados del Partido de Acción Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco) apoyaron el proyecto de ley, que fue aprobado con 279 votos a favor y 51 en contra, según informó la vicepresidenta del Parlamento, Sureyya Sadi Bilgic.
Turquía liberará temporalmente a alrededor de 45.000 presos y otros 45.000 serán puestos en libertad de forma permanente. En total, alrededor de 90.000 presos abandonarán las cárceles de Turquía durante los próximos meses, en virtud de lo establecido en esta ley. Según los datos a los que ha tenido acceso la organización internacional Human Rights Watch, el sistema penitenciario de Turquía tiene capacidad para 235.431 reclusos, aunque en noviembre de 2019 albergaba a más de 286.000 presos.
Aquellos convictos que hayan sido liberados temporalmente tendrán que cumplir arresto domiciliario durante al menos dos meses. Si el brote no ha desaparecido en este tiempo, el período de arresto domiciliario se ampliará hasta tres veces, dos meses cada vez. Si este escenario se materializa, los reclusos permanecerán fuera hasta noviembre de 2020, según ha informado el diario turco Hurriyet.
Este proyecto de ley ha sido criticado por los principales líderes de la oposición por “excluir a los encarcelados por cargos de terrorismo”. Entre estos prisioneros se encuentran los periodistas y políticos que han sido acusados de estar vinculados a movimientos terroristas, tras el intento de golpe de Estado de 2016. Desde entonces, el número de presos ha aumentado a casi 300.000, convirtiendo las cárceles de Turquía en la segunda población carcelaria más grande de Europa y en el sistema penitenciario más superpoblado del continente en enero de 2019, según los datos publicados por el Consejo de Europa.
Erdal Dogan, un abogado especializado en derechos humanos, alertó en el diario Al-Monitor del riesgo que representaba el virus de la COVID-19 para las prisiones de Turquía. “La ventilación funciona en un sistema de circuito cerrado, reciclando el mismo aire, y hay decenas de miles de funcionarios de prisiones que tienen contacto diario con sus familias, que pueden contaminarse entre sí y contaminar a los presos”, aseguró.
Durante las últimas semanas, varias organizaciones de derechos humanos han pedido al Gobierno turco que libere a los periodistas, activistas, académicos y otras personas encarceladas únicamente por sus opiniones políticas. “La pandemia de COVID-19 tiene el poder de convertir una sentencia de prisión en una sentencia de muerte”, lamentó Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los prisioneros que han sido encarcelados por poco más que sus opiniones políticas deberían poder beneficiarse de la ley de liberación anticipada”, aseguró hace unos días.
En este contexto, Ahmed Davutoglu, líder del Partido del Futuro, expresó sus críticas a la ley, a la que considera “un perdón secreto, que beneficiará el soborno, las pandillas y las personas involucradas en crímenes de corrupción, mientras que los opositores políticos y los presos de opinión serán excluidos”, según ha recogido el diario Al-Ain.
A su vez, el líder de la oposición turca, Kemal Kılıçdaroglu, líder del Partido Popular Republicano, insistió en que “esta ley es injusta, y Erdogan lo sabe bien". Por su parte, el exviceministro, jefe del partido opositor Democracia y Progreso, Ali Babacan, confirmó previamente su rechazo a la ley. “Nadie puede perder su derecho básico porque está encarcelado y detenido. Hay dos partidos que están tratando de gestionar el proceso sin escuchar a nadie más en el parlamento turco”, aseguró.
Amnistía Internacional ha alertado durante las últimas semanas de las condiciones de hacinamiento de las prisiones de Turquía. Esta situación es peligrosa para los presos que se encuentran en situación de riesgo, debido a la gran falta de higiene. La nueva ley aprobada por el Parlamento turco ha sido criticada por no permitir la puesta en libertad de varias categorías de presos. Entre ellas figuran los que se encuentran en prisión preventiva, es decir, los que aún no han sido condenados por ningún delito o las personas condenadas en virtud de leyes antiterroristas, como periodistas, abogados y activistas políticos y de derechos humanos que han sido encarcelados simplemente por haber expresado su opinión.
El viernes pasado, Turquía anunció un estricto toque de queda de 48 horas en al menos 31 de sus provincias. Durante las últimas semanas, Ankara ha impuesto medidas estrictas para frenar la propagación del virus, prohibiendo todas las reuniones públicas, cerrando escuelas e imponiendo un toque de queda a los ciudadanos menores de 20 años y mayores de 65. Además, cuando el virus de la COVID-19 llegó a este país, el ministerio de Justicia suspendió todas las visitas de familiares hasta mediados de abril.
Turquía ha detenido, enjuiciado y condenado a miles de personas por sus presuntos vínculos políticos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), los grupos revolucionarios de izquierda del país o su presunta afiliación al movimiento Fethullah Gülen, al que Turquía considera una organización terrorista y acusa de orquestar el intento de golpe de Estado fallido de 2016.
Ante esta situación, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha recomendado que los gobiernos ofrezcan alternativas a la privación de la libertad para aliviar el hacinamiento y ofrecer “pruebas de detección de COVID-19 y vías de acceso a cuidados intensivos” para los más vulnerables, según ha asegurado Human Rights Watch. Antes de que la pandemia del coronavirus cambiara el mundo tal y como lo conocemos ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el hecho de que Turquía no ofreciese atención y condiciones médicas adecuadas a los presos enfermos constituía “un trato cruel, inhumano o degradante”.
Miles de personas cuyo único delito ha sido mostrar su opinión han acabado encerrados entre las paredes de las más de 250 cárceles que hay alrededor de toda la nación euroasiática. El Gobierno del país les impide abandonar estas prisiones, incluso en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Esta nueva ley ha convertido a Turquía en un país dividido, en estos momentos, entre las víctimas de la represión del Gobierno y las víctimas del coronavirus.
