Alex Erquicia
Pie de foto: Sea Watch defiende que Carola Rackete, la capitana del barco de rescate detenido en Italia, actuó de acuerdo con el derecho internacional. PHOTO/MARKUS SCHREIBER
La capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete, puesta en libertad el 2 de julio, se enfrenta ahora a la ira, aún mayor, del ministro de Interior italiano Matteo Salvini y de otros líderes que llevan la antiinmigración por bandera. Según la justicia italiana, ella actuó cumpliendo "un deber", el de salvar vidas en el mar y llevarles a un puerto seguro (no como los de Libia o Túnez). Mientras tanto, el líder de extrema derecha italiano crítica a la magistratura y apuesta por expulsar a la activista por considerarla "peligrosa para la seguridad nacional".
Las tensiones entre los países de la UE respecto a las políticas migratorias son evidentes. El caso del Sea Watch, personificado en Rackete, de 31 años, ilustra el dilema en el que se encuentra la Unión Europea: un proyecto que desde el inicio de sus días está basado en la justicia social, los derechos humanos y la solidaridad y que actualmente no es capaz de articular una política que responda a la tragedia humana que está ocurriendo en sus fronteras a la par que mantiene el order dentro de ellas. Una UE que ha hecho poco por indagar en lo que expertos en migración reclaman para cualquier solución al desafío de la migración: centrarse en estimular el desarrollo en los países de origen de los migrantes.
Los numerosos naufragios que se han producido en los últimos años en el mar Mediterráneo han dejado cientos de muertos (no se sabe cuántas muertes reales hay), suponiendo un problema real y visible. El hecho de que la UE haya llegado hasta el punto de prohibir labores de rescate en el mar y penalizar a las ONG que prestan apoyo a los migrantes, tanto en el mar como en tierra firme, hace que muchos consideran que en la UE las barreras morales ya no existen dado que las violaciones de los derechos humanos son continuas. Los defensores de las políticas migratorias europeas alegan que las duras reglas han logrado frenar parcialmente las oleadas de personas que buscan refugio en Europa. La respuesta, por parte de los críticos, es el elevado costo humano y la responsabilidad ante el derecho internacional.
Pie de foto: Miembros Sea Watch, Médicos sin Fronteras (MSF), Open Arms y Tavolo Asilo durante una conferencia de prensa conjunta de las ONG humanitarias el 3 de julio de 2019 en la Asociación de Prensa Extranjera de Roma. AFP/TIZIANA FABI
Carola Rackete, fue detenida la madrugada del sábado por llevar sin permiso a 40 inmigrantes, que había salvado en el Mediterráneo central, al puerto italiano de Lampedusa, en el sur del país. Pese a que los puertos de Europa están cerrados (se impide el desembarco de barcos de ONG con migrantes rescatados) el acto de desobediencia de la capitana evidenció que no es así y que la política de la UE atiende a las particularidades del momento y a un discurso nacionalista y antiinmigratorio incendiario. La justicia italiana habló claro al declarar que el haber desobedecido las órdenes de las autoridades italianas estaba justificado por un deber, el de salvar vidas humanas en el mar. Así, la retórica de los líderes para intentar detener la llegada de embarcaciones a los puertos europeos queda ninguneada por la justicia de un Estado miembro europeo, la italiana, que seguirá siendo uno de los focos de Salvini.
La capitana consideró que el parecer de la justicia italiana es "una gran victoria para la solidaridad" con los inmigrantes y refugiados y una bofetada a quienes "criminalizan a quienes los rescatan en muchos países de Europa". Esa idea, la criminalización de la ayuda humanitaria, es una que se repite con fuerza estos días en las capitales europeas por parte de organizaciones humanitarias y actores de la sociedad civil.
El caso del Sea Watch, y de su capitana, no es aislado. Una reciente publicación, financiada por la Unión Europea y por ONGs e investigadores, identificó hasta 83 personas que han sido investigadas o procesadas formalmente de 2015 a 2019 ??por facilitar la entrada o el tránsito de migrantes. Según el informe, la represión de las ONG que asisten a los refugiados y otros migrantes, uno de los blancos preferidos de Salvini, es un fenómeno multifacético caracterizado por el aumento de la vigilancia policial sobre los actores de la sociedad civil que asisten a los desplazados forzosos.
Mientras tanto la opinión pública europea está dividida: hay quienes ven a la capitana del barco como una heroína mientras que otros creen que es una criminal. Los primeros evidenciaron su postura impulsando la recogida de más de un millón de euros, en pocos días, en donaciones para que Sea Watch pudiera costear la defensa legal y hacer frente a las posibles multas por entrar en aguas territoriales italianas y atracar sin permiso. Los segundos lo evidenciaron apoyando a Salvini, que ha visto su popularidad subir en las encuestas en su país (algo que también sucede en otras naciones cuando agudizan su retórica nacionalista y antiinmigratoria).
Pie de foto: Una manifestante sostiene una foto de la capitana de Sea Watch Carola Rackete con la inscripción: ¡Liberad a Carola! PHOTO/FEDERICO GAMBARINI
El fenómeno de las migraciones en Europa necesita de una solución política que la nueva legislatura de la Comisión Europea tendrá que afrontar. En el aire todavía está la renovación del Convenio de Dublín, una ley internacional que tiene como fin determinar qué Estado miembro de la UE se hace cargo de cada solicitud de asilo realizada por una persona en suelo europeo. Solo así se podrían cambiar los déficits del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que dista de ser un sistema común y cuya legislación no se cumple.
En cuanto a la responsabilidad de los rescates en el Mediterráneo, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, debería hacerse cargo la autoridad competente de acuerdo a la zona geográfica en la que se encuentren, algo que no sucede. El problema se agudiza cuando se encuentran en otras zonas como la de Libia. Por ahora, la Unión Europea apoya con dinero y formación a un país que está sumido en una guerra civil para que cree su propia guardia costera y ejercite por sí mismo los rescates en sus aguas, y devuelva a los migrantes a puertos (libios) que no son seguros. Es algo que no está resultando efectivo: según varias organizaciones, cerca de 10.000 migrantes han sido devueltos forzosamente a Libia desde que Italia cerrará hace un año sus puertos a las ONG que rescataban personas en esta peligrosa ruta marítima.
"El número de refugiados es estable, pero el 'status quo' también significa que el problema de la migración no se está resolviendo. Y mientras tanto, la UE está vendiendo su alma", escribe la revista alemana Der Spiegel en un editorial esta semana. "Las políticas migratorias de hoy en la Unión Europea son incluso más brutales que las de Donald Trump", asegura su autor, Mathieu von Rohr. "Solo este año, poco menos de 600 migrantes se han ahogado en el Mediterráneo, una cifra mucho mayor que la de los que han muerto en la frontera de EEUU y México", añade.
A la espera de una política propiamente europea en materia de migración, la próxima semana la comandante del Sea Watch tendrá que presentarse ante el tribunal de Agrigento, que dictó la sentencia judicial, para declarar por el otro delito por el que es investigada, favorecer la inmigración ilegal y el tráfico ilegal de personas. Mientras tanto, el Gobierno español ha advertido al buque humanitario Open Arms de que si retoma los rescates de migrantes que están a la deriva en el mar Mediterráneo puede ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros. El dilema de Europa continúa.
