Múltiples ONGs están denunciando la situación migratoria en Libia, donde los migrantes sufren un abuso continuo en los centros de detención libios controlados por el Gobierno de Trípoli o por grupos criminales. Los barcos que transportan refugiados a Europa son interceptados por la Guardia Costera de Libia y son devueltos a los centros de detención, en parte gracias a la financiación europea. En otras ocasiones, los migrantes consiguen llegar a suelo europeo, generalmente a Sicilia, ya que es la región europea más cercana a la costa libanesa, donde la mayoría son igualmente devueltos.
Un informe publicado por Médicos por los Derechos Humanos (MEDU), basado en los relatos de migrantes recogidos en la ciudad siciliana de Ragusa, describe la situación como insoportable para los detenidos en dichos centros. Algunos de los inmigrantes que han hablado con MEDU sobre sus experiencias están testificando actualmente en un juicio en la capital siciliana.

Por este motivo, MEDU ha instado al Gobierno italiano a exigir el respeto de los derechos humanos de los migrantes como una condición indispensable para la colaboración con Libia. “Incluso si es un deber de Italia cooperar con Libia para contribuir a su proceso de estabilización y democratización, nuestro Gobierno no puede ignorar de manera hipócrita las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas contra decenas de miles de migrantes detenidos y emplazados en centros de detención informales”, dijo un portavoz de MEDU.
Los legisladores italianos han aprobado la renovación de la financiación para entrenar a los guardacostas libios. El programa de formación se enmarca en las misiones militares italianas en el extranjero. Partidos como Italia Viva se negaron a votar esta iniciativa. Uno de sus miembros, Giuseppina Occhionero, declaró que era indispensable ejercer la máxima presión al Gobierno italiano para frenar y prevenir estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entre quienes aprobaron más ayuda para la Guardia Costera libia se encuentran los Hermanos de Italia, un partido cuya popularidad está creciendo rápidamente.

En su informe sobre los abusos en los campos de detención libios, Amnistía Internacional pidió a los países europeos que suspendieran su cooperación con Libia en materia de migración y control de fronteras. Según el informe publicado el 15 de julio, Libia lleva mucho tiempo siendo insegura para los refugiados y los migrantes. Tanto actores estatales como no estatales los someten a un catálogo de violaciones y abusos de derechos humanos que incluyen homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, violaciones y otros tipos de violencia sexual, detenciones arbitrarias indefinidas en condiciones crueles e inhumanas y trabajos forzados, entre otros. A pesar de patrones bien documentados de abusos horribles cometidos con impunidad durante más de una década, los Estados e instituciones europeos continúan brindando apoyo material y aplicando políticas migratorias que permiten a los guardacostas libios interceptar a hombres, mujeres y niños que intentan huir a un lugar seguro cruzando el mar Mediterráneo y devolverlos por la fuerza a Libia.

Conviene recordar que Libia es un Estado fallido, puesto que su Gobierno no puede garantizar su propio funcionamiento, ha perdido el monopolio de la fuerza frente a grupos criminales y carece de las capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos. Por este motivo, no todos los centros de detención dependen o son controlados por el Gobierno.
Cabe preguntarse por qué la UE sigue mandando paquetes de ayudas a países como Libia o Turquía para que retengan dentro de sus fronteras a quienes buscan refugio en la UE, a sabiendas de que es posible que estos países no respeten los derechos humanos. En el caso de Libia, no sólo es posible, sino que ha sido demostrado y denunciado en múltiples ocasiones.

En 2016 con la llegada de miles de refugiados a las costas griegas e italianas, el espacio Schengen y el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) corrieron el riesgo de colapsar. Como respuesta a la crisis migratoria los Estados miembros impusieron medidas unilaterales contrarias a la libre circulación que caracteriza a la Unión: cierres unilaterales de fronteras, no dejar pasar a los refugiados a otros Estados miembros, la devaluación de los sistemas nacionales de asilo…
Desde el principio, Francia rechazó a los inmigrantes que llegaban a través de Italia, lo cual es ilegal. Poco a poco esta práctica empezó a volverse más y más común entre los Estados miembros, la redistribución de refugiados dentro de la UE se volvió imposible. Ante esta situación, Italia no podía asimilar las oleadas de migrantes, por lo que decidió cerrar sus puertos. Ante la falta de un consenso mínimo para reformar el SECA, la UE decidió poner en marcha una serie de medidas para mantener a los refugiados fuera de la UE o en su periferia, de forma que la gestión de las olas de refugiados se externalizó.

El Consejo Europeo acuñó dos nuevos conceptos: las plataformas regionales de desembarco para “eliminar el incentivo de los migrantes para embarcarse en viajes peligrosos” y los centros controlados para hacerse cargo de los desembarcados en la UE “sobre la base de un esfuerzo compartido”. La idea detrás es que, si se “confinan” los migrantes fuera de las fronteras de la Unión, no hay por qué enfrentarse a un debate divisorio sobre la solidaridad interna de los Estados miembros.
Las condiciones en las que se mantiene a quienes buscan asilo en Libia se ha demostrado que son inhumanas e inaceptables, por lo que este sistema parece insostenible en el largo plazo. Es una contradicción que la UE, donde se respetan los derechos humanos, contribuya indirectamente a que se produzcan estos abusos. Por ello, es necesario abordar si éste es el mejor sistema posible, al igual que el debate de la solidaridad interna es inevitable.