Se trata de Mounir Benjelloun al-Andaloussi, integrante de este grupo que está ilegalizado en Marruecos

Un miembro de la formación islamista Justicia y Caridad acusado de explotar a trabajadores en España

PHOTO/ARCHIVO - Mounir Benjelloun al-Andaloussi, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas

La Policía española ha abierto una investigación sobre Mounir Benjelloun al-Andaloussi, miembro destacado del grupo islamista marroquí Justicia y Caridad y presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, bajo la acusación de incitar a la inmigración ilegal, violación de la legislación laboral española y de no declarar a los trabajadores a la seguridad social.

Precisamente, la organización Justicia y Caridad de la que forma parte está ilegalizada en Marruecos por sus tendencias radicales.

La Policía acusó a Al-Andaloussi de incitar a la inmigración ilegal, violación de la legislación laboral española y falta de declaración de los trabajadores a la seguridad social, infracciones y delitos punibles en la legislación española, según publicó el sitio web de noticias Din Presse, como recogió a su vez el medio Middle East Online.

La misma fuente informó que la Policía Municipal de Águilas, en la comunidad de Murcia, abrió una investigación judicial sobre Al-Andaloussi luego de realizar un allanamiento sorpresa de una empresa de su propiedad. El investigado estaba construyendo una mezquita en la región, algo que llevó a las autoridades locales a descubrir una serie de infracciones contrarias a la ley.

Al-Andaloussi está acusado de emplear inmigrantes marroquíes clandestinos, sin contrato de trabajo, y, además, de promover la privación de derechos legales, absteniéndose de declarar a estos trabajadores a la seguridad social.

Quedó en libertad bajo fianza de unos 20.000 euros, pero tiene que responder legalmente a los cargos que le imputa el tribunal competente, cargos que pueden ser objeto de penas privativas de libertad y de fuertes multas.

Al-Andaloussi es propietario, junto con cuatro de sus socios, de una empresa constructora denominada Mosa Construcciones Obras y Reformas. Las investigaciones judiciales concluyeron que esta empresa no estaba autorizada por la Cámara de Comercio de Murcia. Tampoco está registrado ante las instituciones de seguros, y no realiza las declaraciones legales para los trabajadores que trabajan para él, según informó Din Presse y recogió también Middle East Online. 

El caso de Al-Andaloussi es un ejemplo de los intereses turbios y la codicia de diversos radicales islamistas en países extranjeros utilizando a trabajadores ilegales, algo que afecta en este caso a la buena imagen que suelen tener los inmigrantes provenientes de Marruecos en España. 

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