Persecución de la minoría áhmadi musulmana en Pakistán
Una nueva violación de los derechos humanos de los musulmanes áhmadis tuvo lugar en Daska, Punyab, Pakistán, el 24 de enero de 2024 a las 10 de la mañana, cuando la policía profanó lápidas de las tumbas áhmadis.
Varios organismos de Derechos Humanos han venido informando cómo en el año 2023 se intensificó la oleada de intolerancia contra los musulmanes áhmadis en Pakistán, que ha continuado en 2024, cuando -como en esta ocasión- la policía, bajo órdenes de altos mandos, se dedicó a profanar tumbas áhmadis y sus lápidas.
El cementerio tenía un total de 101 tumbas, de las cuales 75 tenían lápida. La policía profanó 65 de ellas. Los policías afirmaron que tenían órdenes del comisario adjunto (AC) de Daska, Mr. Anwar Ali Kanju. El deplorable acto puede verse en este vídeo online[i].
El AC de Daska, Mr. Anwar Ali Kanju lleva mucho tiempo implicado en la persecución de los áhmadis.
En un incidente similar ocurrido hoy, la policía profanó otro cementerio áhmadi en Bharoke, rompiendo lápidas y rociándolas con tinta negra. La pregunta que nos hacemos es: si la propia policía está implicada en este tipo de incidentes, ¿a quién deben acudir los áhmadis para que se les garanticen sus derechos?
Una vez más, las autoridades pakistaníes han cometido delitos que, según la ley, están encargadas de castigar y prevenir: una auténtica ofensa al Estado de Derecho. Ha llegado el momento de que el Estado aclare cuál es su política sobre la profanación de los cementerios y tumbas de los áhmadis. El gobierno debe aclarar en virtud de qué ley el Comisario dio estas órdenes.
Los principales grupos de derechos humanos y los expertos de la ONU en derechos humanos han expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por la falta de atención a las graves violaciones de derechos fundamentales perpetrados contra la comunidad áhmadi en todo el mundo, y han pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para poner fin a la persecución de nuestra minoría.
Pedimos, por tanto, a nuestras autoridades, una vez más, que presionen al gobierno de Pakistán para que cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a todos sus ciudadanos, garantice la libertad de práctica religiosa de los áhmadis y lleve ante la justicia a los autores de estos ataques. El gobierno de Pakistán debe ajustar sus leyes y prácticas a las normas internacionales, tal y como ordenan los artículos 2 y 18 y los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
