España ante un punto de inflexión: el desgaste del socialismo y el ascenso de la extrema derecha
Eso es precisamente lo que revelaron las elecciones regionales anticipadas celebradas en Extremadura el 21 de diciembre, donde el Partido Socialista Obrero Español sufrió algo más que un revés coyuntural: perdió cerca del 15 % de su caudal electoral respecto a mayo de 2023, una caída que difícilmente puede interpretarse al margen de un proceso de desgaste estructural que afecta tanto al partido como al relato político que ha sostenido al Gobierno desde junio de 2018.
La narrativa de la “estabilidad progresista” ya no logra contener el malestar social ni disimular la acumulación de tensiones económicas, institucionales y de representación que atraviesan al país. La derrota de Extremadura no solo debilitó al PSOE, sino que situó a Pedro Sánchez en una posición de creciente aislamiento dentro del propio sistema político, rodeado por aliados que han dejado de protegerlo y adversarios que perciben una oportunidad histórica.
Los primeros en exigir un cambio de rumbo fueron sus socios a la izquierda, Sumar y Podemos, que pasaron rápidamente de la lealtad táctica a la crítica abierta, reclamando al presidente del Gobierno que reconozca la magnitud de la crisis y proponga soluciones políticas reales, más allá de los ajustes discursivos. Para estos actores, la situación del PSOE ya no es una dificultad electoral pasajera, sino el reflejo de un agotamiento del proyecto socialdemócrata español, incapaz de renovar su lenguaje sin perder coherencia ni credibilidad. Esta fragilidad se ve agravada por los escándalos de corrupción que afectan a dos figuras cercanas a Sánchez, los exdiputados Santos Cerdán y José Luis Ábalos, cuyas imputaciones reactivan un debate incómodo sobre la ética pública y erosionan el capital moral de un partido que históricamente ha hecho de la regeneración institucional una de sus banderas.
A esta presión interna se suma la de los socios nacionalistas catalanes de Junts, herederos políticos de Convergència i Unió, que interpretaron el resultado de Extremadura como la confirmación de una debilidad estructural del Ejecutivo. Desde su perspectiva, el retroceso socialista evidencia un “agotamiento del liderazgo” y abre la puerta a una renegociación a la baja de su apoyo parlamentario.
La relación entre Junts y el PSOE se encuentra ahora al borde de la ruptura, y la eventual decisión de sus siete diputados de respaldar una moción de censura o abstenerse en una votación clave bastaría para privar al Gobierno de su frágil mayoría en el Congreso, empujando a España hacia un escenario de inestabilidad prolongada.
En paralelo, el Partido Popular ha intensificado su ofensiva política. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido la convocatoria de elecciones generales anticipadas en una consigna recurrente, presentando Extremadura como el preludio de un cambio de ciclo. Sin embargo, el verdadero beneficiario de la jornada electoral del 21 de diciembre no fue ni el PSOE ni el PP, sino Vox. Con el 17 % de los votos y once escaños en el parlamento regional, el partido de extrema derecha se erige ahora como árbitro del poder en la comunidad, obligando al Partido Popular a acomodarse a sus exigencias y a su agenda. Este escenario, lejos de ser excepcional, podría reproducirse a nivel nacional si se adelantan las elecciones generales, consolidando un patrón ya observable en otras democracias europeas.
El avance de Vox no puede entenderse únicamente como un fenómeno electoral, sino como la expresión política de un vacío de representación que ni la izquierda ni la derecha tradicional han sabido llenar. Su posible consolidación en las próximas elecciones regionales previstas para 2026 en Aragón, Castilla y León y Andalucía podría normalizar un discurso basado en la confrontación identitaria y el repliegue nacional, con consecuencias que trascienden el ámbito interno.
Para Marruecos, este giro tendría implicaciones directas en varios dosieres sensibles: la cuestión del Sáhara, la gestión de los flujos migratorios, las exportaciones agrícolas, las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y los islotes del Mediterráneo, así como los contenciosos marítimos frente a Canarias y la evolución de las relaciones entre Rabat y el Parlamento Europeo. Vox ha demostrado su capacidad para instrumentalizar estos temas como herramientas de movilización política, sustituyendo la lógica diplomática por una retórica de tensión permanente.
La comunidad marroquí residente en España también podría verse afectada por este desplazamiento del eje político. El riesgo no radica únicamente en cambios normativos, sino en la legitimación social de discursos excluyentes que pueden traducirse en prácticas discriminatorias.
Los episodios de violencia racista registrados el pasado mes de julio en la región de Murcia constituyen una señal de alerta sobre lo que ocurre cuando el lenguaje del odio se integra en el debate público y deja de ser marginal.
Extremadura, en este sentido, es menos un territorio que un síntoma. Su resultado electoral refleja una fase de transición en el sistema político español, marcada por el debilitamiento del socialismo sin su colapso, el avance del conservadurismo sin hegemonía clara y la progresiva normalización de la extrema derecha como actor central. En este contexto, la pregunta ya no es únicamente si Pedro Sánchez podrá mantenerse en La Moncloa, sino qué tipo de España emergerá de este proceso y qué costes internos y externos tendrá la transformación del descontento social en proyecto político.